El exvicepresidente señala que la justicia debe sancionar a quienes financiaron la ‘célula terrorista’
eju.tv / Video: DTV
Boris Bueno Camacho
La intervención al hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, que terminó con la muerte de tres personas y la detención de otras dos, dio paso a lo que después se denominó el caso Terrorismo, proceso por el cual varios líderes políticos de Santa Cruz fueron detenidos acusados de haber sido parte de un plan que buscó la división de Bolivia y la eliminación del entonces presidente Evo Morales Ayma.
Sin embargo, después de años de investigación, los encargados no pudieron establecer la veracidad de las denuncias interpuestas contra los líderes cruceños y los miembros de la supuesta célula terrorista; por ello, el caso dio un giro y los familiares de los fallecidos y otras víctimas interpusieron una demanda contra el país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la reparación económica de los daños.
La CIDH conminó al gobierno y a la justicia boliviana a retomar el caso Terrorismo, para llegar a la verdad de los hechos; es así como el Ministerio Público conformó una comisión de fiscales para reanudar la investigación y llamar a los presuntos implicados en este caso, entre ellos, el exmandatario Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, quienes estaban al mando cuando sucedió esa matanza y la persecución de los políticos opositores.
Sin embargo, García Linera aseguró que él y Evo Morales no tienen por qué ser convocados a declarar, porque la CIDH conmina a que se investigue si hubo excesos o ejecuciones extrajudiciales durante el operativo policial en el Hotel las Américas el 2009, pero no pone en duda las acciones de su gobierno en defensa del Estado contra quienes pretendían separar el país con acciones terroristas.
«La oligarquía cruceña contrató a un grupo de mercenarios para llevar atentados contra el presidente Evo y llevar atentados contra la integridad del territorio boliviano contra el gobierno, mueven dinero, se organizan, se juntan en un comité y arman células terroristas para dividir Bolivia. (…) Estos mercenarios no vinieron a hacer turismo ni a comer majau, era gente que venía a matar», manifestó.
En ese sentido, recordó que la obligación de todo gobierno es defender la unidad de Bolivia y que los abatidos vinieron a romper la integridad nacional, porque intentaban crear una nueva nación con la desvinculación de Santa Cruz del resto del país; por ello, justificó las acciones llevadas a cabo en 2009 como un acto de legítima defensa del Estado frente a las intenciones separatistas.
“En el marco de la constitución teníamos la obligación de defender la integridad de nuestro territorio, porque si no la defendemos no somos bolivianos y como presidente en ejercicio, sin dudar, hicimos el seguimiento de la detección de esta banda terrorista y la instrucción que da un presidente en ejercicio es detengan a esa banda terrorista entes que cometan sus fechorías y llévenlos a la justicia”, ratificó.
El exdignatario pidió también que se investigue quiénes financiaron la llegada del grupo terrorista al país con el objetivo de matar personas y dividir Bolivia, para que sean sancionados con todo el rigor de la ley, porque la indagación se ralentizó debido a que circuló mucho dinero ‘de corrupción’ para los fiscales que hicieron que el proceso se diluya en el tiempo.
“Nombre y apellidos de los empresarios que querían dividir Bolivia, querían otro país en Santa Cruz, con una bandera distinta, con un pasaporte distinto, con un ejército distinto, con una policía distinta; hay que saber quién es esa gente que quiso destruir Bolivia y hay que sentenciar a esas personas que quisieron destruir la sagrada unidad de nuestra patria Bolivia”, sentenció.