Para el gerente del IBCE, Gary Rodríguez, “lo único que puede ocasionar este incremento es complicar aún más a nuestras empresas, curiosamente, del sector legal, del sector formal”.
[APG.] / El gerente del IBCE, Gary Rodríguez.
Fuente: Unitel
La Central Obrera Boliviana (COB) anunció que este jueves se definirá en una reunión con el Gobierno el posible incremento salarial de esta gestión. El economista y gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, señaló que en la presente coyuntura las empresas no están en condiciones de asumir un incremento salarial.
En su criterio, un aumento del pago a los trabajadores puede complicar aún más a las empresas legales en un contexto en el que la definición de este beneficio -a su juicio- tiene valoraciones de orden político y no toma en cuenta a los privados.
“La respuesta taxativa es definitivamente no, porque la situación de la economía nacional no es de las mejores. Crecemos menos, tenemos déficit fiscal, déficit comercial, el dólar está subiendo, está aumentando los costos de producción”, sostuvo.
En su criterio, “nos estamos complicando la vida innecesariamente cuando deberíamos tener un diálogo tripartito como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifiesta para el caso del tratamiento de incrementos salariales”.
Las exportaciones caen a razón de 200 millones de dólares por mes, la cosecha históricamente será mala y hay una baja producción de gas y alto déficit fiscal.
Frente a ese escenario, ¿corresponde hablar de un incremento salarial?
“No corresponde, porque además cuando se estila obligar a las empresas, sean productoras, comerciantes o prestadoras de servicios, de forma igualitaria en realidad se está incurriendo en una discriminación porque no todas las empresas tienen la misma situación financiera”, señaló.
Rodríguez apuntó que hay empresas “que han crecido el año pasado”, pero en contrapartida existen “las que no han crecido” debido a problemas financieros, de tal manera que “estamos frente a un panorama tremendamente complejo”.
En ese marco, el gerente del IBCE advirtió que “lo único que puede ocasionar este incremento es complicar aún más a nuestras empresas, curiosamente, del sector legal, del sector formal, que estamos hablando que no es más de un 15 o un 20%”, que además compiten con “empresas informales, incluso ilegales” en condiciones de “deslealtad e ilegalidad”.
¿Qué podría pasar, por ejemplo, con el empleo formal?
Rodríguez consideró que “simple y llanamente se está exponiendo a la clase trabajadora a que el día de mañana se vea disminuido en cuanto a la cantidad de empleos formales y legales de la economía”.
“Hemos hecho un cálculo, si se aplicara este incremento, la carga efectiva para la empresa significaría un incremento de un costo de un 40% o más. ¿Y eso qué significa? Que si la empresa no va a poder acometer con eso, va a reducir personal”, advirtió Rodríguez.
Asimismo, avizoró que en algunos casos las empresas van a tener que migrar al sector informal, “con lo cual se van a precarizar los empleos”.
“Por tanto, el remedio, que es lo que pretende la COB, que es reponer el poder adquisitivo de los salarios, va a resultar peor que la enfermedad”.
El Gobierno también tiene una carga salarial, que con el posible incremento se puede ver afectada con una “erogación adicional a lo presupuestado”.
Rodríguez explicó que en este caso “eso lo cubre con el incremento del déficit fiscal, o sea, no hay problema para el Gobierno porque se maneja con base en un incremento de la deuda”.
Poder adquisitivo
El gerente del IBCE explicó que el incremento que dispuso obligatoriamente el Gobierno en 2023 “solo a las empresas legales formales” fue de un 5% al mínimo y 3% al básico, pero sobre la base de 2022, cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 3,6% y la inflación del 3,12%.
“Si vamos a hablar ahora de reponer el poder adquisitivo, la inflación del año pasado ha sido 2,12% y el crecimiento del PIB al mes de septiembre es 2,3%, por lo tanto, ni siquiera se debería considerar un incremento del 5 o el 3 como se dio el año pasado”
En ese contexto, puntualizó que si se trata de la “reposición” del poder adquisitivo “estaríamos hablando de un 2%, pero aquí lo que le pedimos al Gobierno en beneficio de la economía, que necesita recuperarse en base a inversión, que no hagan un incremento desproporcionado”.
Tripartito
Insistió en que este asunto, como estipula la OIT, “debería ser discutido entre los trabajadores y los empresarios con el Gobierno como intermediario” porque “no todas las empresas están en la posibilidad de dar incluso ese 2%”
Pero el Gobierno no incluyó al sector privado en estas negociaciones pese a un pedido constante de todos los años.
Aunque Rodríguez trato de referirse al tema, pero deslizó un trasfondo político.
“No quisiera decirlo, pero a veces hay valoraciones de orden político. Y claramente, si los empresarios tuvieran su voz en la misma mesa, estoy seguro de que podrían llegar a ponerse de acuerdo, a sensibilizar a los trabajadores en lo que es la situación real del país, del empresariado”, señaló.
“Pero como hay que darle gusto a la COB, que lamentablemente no es la COB de antes, la COB hoy día sólo habla de aumentos salariales, pero no habla de reactivación económica, por ejemplo, pues la decisión la toman con un cálculo político”, lamentó.