Cuentan las crónicas del 21 de febrero de 1981 qué, en Cuba, Fidel Castro ordenaba a las fuerzas policiales de la isla el asalto contra la Embajada de Ecuador ubicada en La Habana. Probablemente la preocupación de que volviera a desatarse una nueva crisis humanitaria como la ocurrida pocos meses antes –obligando al régimen a permanecer impávido ante la huida de miles de cubanos durante el éxodo del Mariel–, forzó al gobierno comunista cubano a cometer una violación flagrante al derecho internacional.
Según el sitio digital Cuban Archive, el 8 de febrero de 1981: “Rómulo Delgado, en compañía de su esposa y tres hijos: Juan Owen, de 15, Germán de 12 y Reylán, de 11, y otros nueve familiares (catorce personas en total tres mujeres y cuatro menores de edad) entraron a la embajada de Ecuador con un revolver viejo y una pistola. Tan pronto entraron a la embajada, entregaron las armas. El entonces embajador de Quito en La Habana, Jorge Pérez Concha, les dio asilo y se iniciaron las negociaciones para sacarlos del país”.
Mientras los trámites se desarrollaban, disruptivamente durante la madrugada del 21 de febrero, tropas de asalto de un grupo élite cubano, tomaban por asalto las instalaciones de la embajada ecuatoriana. Sin contar con autorización del gobierno del Ecuador, todas aquellas personas que habían sido asiladas fueron detenidas y los menores de edad arrancados de brazos de sus padres. Tras una semana, se daba a conocer que el joven Juan Owen de 15 años de edad había muerto, en circunstancias que jamás llegaron a esclarecerse.
A las pocas horas, el gobierno del Ecuador protestó enérgicamente contra las autoridades cubanas, calificando el asalto de <<intolerable>>. El presidente ecuatoriano Jaime Roldós, fue enfático al señalar que su país, “no autorizó ni podía autorizar jamás que la sede de su Embajada haya sido objeto de tal acción”. A pesar de haberse conocido de este atropello, la “opinión pública” no intervino en el conflicto y las relaciones diplomáticas jamás se vieron afectadas. Un hecho oprobioso que pasó a engrosar los escaparates del silencio cómplice mundial.
Recientemente se conoció de un caso similar en la Embajada de México en Ecuador, con el objetivo de capturar al ex vicepresidente Jorge Glas, sobre el cuál pesan dos sentencias por delitos comunes. La diferencia radica en que, actualmente la opinión pública vuelca toda su artillería y condena enérgicamente al gobierno de Daniel Noboa que había realizado reiteradas solicitudes para la entrega de Glas, condenado por malversación de fondos en la reconstrucción de dos provincias afectadas por un terremoto.
La historia es justa y reconoce el papel fundamental que ha jugado México en materia de asilo político en el mundo, beneficiando a personajes como José Martí, uno de los filósofos e intelectuales cubanos más destacado de todos los tiempos; León Trotsky, quién llegó por invitación del pintor Diego Rivera, tras ser expulsado de la Unión Soviética; Fidel Castro, que luego de ser detenido en su primer intento por derrocar a Fulgencio Batista, partía desde La Habana a México como asilado político; Héctor Cámpora, ex presidente argentino que estuvo a punto de ser asesinado por un comando armado, también pidió refugio en la embajada mexicana. Durante el desarrollo de la Guerra Civil española, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, cerca de veinticinco mil españoles fueron recibidos en México, llegando incluso a obtener la ciudadanía y nacionalidad en aquel país.
Es indudable la amplia tradición que tiene México en esta materia, aunque en los últimos años resulta ser un poco llamativa la forma en que se otorga este beneficio. En palabras de Jaime Bayly, se está procediendo a “bastardizar el asilo político”, posibilitando el uso de esta figura para que quienes cometen delitos comunes, puedan evadir la justicia de sus países amparados por sus contactos y amigos poderosos. Se debe tomar en cuenta que una embajada como la de Ecuador en Cuba, allá por febrero de 1981, decidió actuar en consecuencia a los convenios y tratados del derecho internacional, los cuales deberán estudiarse en estos tiempos, para evitar la devaluación que se pretende hacer del “asilo político”
Habrá que hacer un llamado a las autoridades de los diferentes países para que actúen con sensatez y equilibrio, buscando evitar que las legaciones diplomáticas terminen convirtiéndose en refugios de quienes cometen delitos comunes y, valiéndose de este recurso, pretendan evadir la justicia interna de sus países. No es correcto tergiversar los convenios y tratados internacionales, infravalorando la figura del perseguido político, que resulta ser una institución mundial que tiene el propósito de garantiza la libertad en oposición al poder, el abuso y la injusticia.
Carlos Manuel Ledezma Valdez
DOCENTE UNIVERSITARIO & DIVULGADOR HISTÓRICO
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD DE ESCRITORES DE BOLIVIA (SODESBO)