Este domingo 21 de abril los ecuatorianos votarán en un referendo y una consulta popular para reformar algunos puntos de la Constitución y aprobar propuestas del Gobierno de Daniel Noboa. Entre ellas, todo un paquete de medidas de seguridad, que prevén una mayor militarización del país para combatir la crisis de violencia.
Fuente: rfi.fr
Para los ecuatorianos, es la tercera consulta popular en poco más de un año y nuevamente tiene un alto componente de seguridad. “Se está jugando hasta cierto punto el apoyo político a un Gobierno que, como sabemos, va a tener que ir a elecciones en un año aproximadamente, otra vez”, comenta Johanna Espín, docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.
“La magnitud de la violencia sigue siendo importante”
“La primera pregunta del referendo está efectivamente enfocada en si las Fuerzas Armadas pueden ser un apoyo complementario a las funciones de la Policía Nacional. Esto específicamente para combatir el crimen organizado. Es un apoyo que va a ser específicamente por 180 días, y se puede renovar por 30 días más. También, si se habla más específicamente del papel de las Fuerzas Armadas en el control de armas, por ejemplo, en realizar controles permanentes en las rutas, además de en los centros de rehabilitación social, este papel más específico ya no tiene este límite de tiempo”, detalla la docente.
En cuanto al componente de justicia, “hay algunos cambios normativos, como el tema de la extradición y el endurecimiento de penas para ciertos delitos como terrorismo, tráfico, narcotráfico, asesinatos, sicariato, trata de personas, tráfico de armas”, agrega.
“Recientemente, se terminó este estado de excepción. La magnitud de la violencia sigue siendo importante. El estado de excepción produjo algunos resultados, sobre todo en el control del sistema penitenciario. Y hacia esto es hacia donde están apuntando desde el Gobierno con esta consulta”, subraya Espín.
“Un sistema muy represivo”
Espín estima que la militarización tendrá elevadas tasas de aprobación. Este miércoles fue asesinado un segundo alcalde en dos meses en Ecuador. Pero la política de seguridad del Gobierno también genera temores.
“Es un sistema muy represivo que se enfoca mucho en la pena como tal, pero no en la rehabilitación social, que es el otro componente que se está perdiendo dentro de este nuevo modelo de gestión del sistema penitenciario. Si hay una respuesta favorable, hay ciertas preguntas. Por ejemplo, con el apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, es un apoyo que cumple ciertos plazos, que va a tener que estar determinado por un informe que respalde la pertinencia, que haya un uso progresivo de la fuerza y tiene que existir un marco normativo que lo regule”, analiza Johanna Espín.
“Es algo bastante nuevo, no es algo que se veía antes, por eso es que ha causado este impacto que podría considerarse positivo en la percepción de seguridad. Porque durante mucho tiempo antes del estado de excepción, más bien había una queja ciudadana muy fuerte de que faltaba la presencia policial y la presencia de Fuerzas Armadas. Si vamos a pedirles que se involucren en temas de seguridad pública, es necesario formarles en eso”, concluye la docente.