El proyecto de Ley de Acción de Repetición se encuentra en la lista de tratamientos de la Cámara de Diputados y fue remitido por el Órgano Ejecutivo el 6 de marzo.
Fuente: ANF
El proyecto de “Ley 335 de Acción de repetición emergente del pago de la reparación patrimonial de daños y perjuicios en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” fue rechazado por un diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y un legislador “evista” porque en el fondo el Gobierno buscaría que la Procuraduría General del Estado tenga un “suprapoder”, por encima de los operadores de justicia.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Mamani afirmó que el Órgano Ejecutivo está acostumbrado en meter artículos de contrabando en los proyectos de ley que presenta, y el proyecto de Ley 335 no es la excepción porque busca darle al procurador facultades de un fiscal en procesos civiles.
“Tenemos un Órgano del Estado que emiten sentencias tras una investigación (…), fuera de aquello que la Procuraduría se constituya como un fiscal, como un juez; no sé a donde estamos llegando. Quieren crear otros organismos con superpoderes, como lo han hecho con el Tribunal Constitucional Plurinacional”, cuestionó Mamani en entrevista con la ANF.
El proyecto de Ley de Acción de Repetición se encuentra en la lista de tratamientos de la Cámara de Diputados y fue remitido por el Órgano Ejecutivo el 6 de marzo.
La finalidad de la normativa es “regular el procedimiento de la acción de repetición, en casos donde el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios establecidos en Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o emergentes de Acuerdos de Solución Amistosa en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Es decir, plantea regular el proceso de recuperación de montos económicos de los responsables, – autoridades, exautoridades, servidores públicos y exservidores públicos – en caso de que el Estado erogue dinero por casos de vulneración de derechos humanos, tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Para hacer posible ese proceso de recuperación, acción de repetición, el proyecto de Ley establece que la Procuraduría General del Estado realice los informes correspondientes, podría aplicar medidas cautelares y por último emitir un “Dictamen Procuradurial de Responsabilidad”.
El artículo 17 establece que el “Dictamen Procuradurial”, que emita la Procuraduría General del Estado, “tendrá la calidad de título coactivo”. Además, en su artículo 18 establece que “bajo ningún motivo los operadores de justicia podrán rechazar el conocimiento de la ejecución del Dictamen Procuradurial de Responsabilidad mediante la acción de repetición (…)”.
En su disposición adicional única plantea la incorporación del numeral 7 en el Artículo 404 de la Ley de la Ley 439 Código Procesal Civil: “7. Dictamen Procuradurial de Responsabilidad”.
“Procurador con la labor de un fiscal paralelo”
El diputado Arizaga (CC) cuestionó que el Gobierno pretenda que la Procuraduría General del Estado quiera emitir “dictámenes de responsabilidad” en un proceso civil o penal, cuando la institución fue creada para defender al Estado a nivel internacional de terceros, no para procesos internos en el país.
“Creo que si realmente tuvieran la voluntad de generar esta repetición, que apliquen la Ley de Código Civil. No tienen por qué, en este momento, poner excusa alguna de que no se podría (…). Cuidado nos quieran interponer un procurador para que haga la labor de fiscal paralelo”, advirtió el legislador de CC.
El hecho cobra relevancia en el marco de la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después que el procurador general del Estado, Cesar Siles, reveló que el Gobierno no logró llegar a un acuerdo con la familia del irlandés Michael Dwyer, asesinado durante el operativo en el hotel Las Américas en 2009.
Siles precisó que la familia del ciudadano irlandés solicitó una reparación de daños por $us 3 millones que, según la autoridad, “es imposible de pagar”.
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