“Nos ha dejado con el tema a nosotros, ya no hemos sido prioridad como han dicho, nosotros por nuestra propia cuenta hemos tenido que hacer todos los trámites para limpiar los antecedentes”, indicó.
Fuente: ANF
A más de cuatro años y cinco meses de los hechos luctuosos ocurridos en Senkata, las víctimas aún no encuentran justicia. Los efectivos policiales y militares implicados en las torturas y las muertes, según las denuncias, caminan por las calles y algunos inclusive mantienen sus trabajos. Lamentan que el Gobierno de turno, en lugar de ayudarles, los dividió y solo los utilice para sus propósitos políticos.
“No se ve nada de lo que ellos plantean, cuando vienen a controlar (los organismos internacionales) solamente nos utilizan de pantalla diciendo que están haciendo algo, pero no hay nada, no se ha visto nada hasta ahorita, nos convocan solamente como víctimas, solamente nos llaman para que rellenemos cualquier acto, para decir ‘estamos aquí con las víctimas’”, dijo ANF Agamenón Espejo, uno de los afectados.
Resultado de la crisis política, a fines de 2019 al menos 20 personas resultaron muertas y otras 200 heridas, entre detenidas y torturadas en Senkata y Sacaba.
El 13 de diciembre de 2023, el comisionado relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Bolivia, José Luis Caballero, presentó el primer Informe Anual de la Mesa Especial de Seguimiento (Meseg) para la Implementación de las Recomendaciones del Informe del GIEI-Bolivia en el que destacó los avances obtenidos por el Gobierno en el cumplimiento de las mismas, así como los retos que se deben superar.
A partir de los hallazgos, la Comisión notó con preocupación el contexto social en el que se fomenta el amedrentamiento en contra de algunas víctimas en el marco de los procesos penales seguidos, así como la continuidad en la estigmatización y falta de adopción de medidas para restituir la honra y dignidad de las víctimas.
“La justicia todavía no está llegando”, remarcó Espejo. Dijo que, si bien el Gobierno les ha apoyado en algo, lo principal lo han tenido que asumir, por ejemplo, cerrar los casos en su contra y limpiar su buen nombre, aunque no todos lo han logrado.
“Nos ha dejado con el tema a nosotros, ya no hemos sido prioridad como han dicho, nosotros por nuestra propia cuenta hemos tenido que hacer todos los trámites para limpiar los antecedentes”, indicó.
Lamentó que los funcionarios que cometieron torturas hasta la fecha no hayan sido procesados, muchos policías y militares están como no habidos y sin ninguna orden de aprehensión.
“Otros siguen en el país, por ejemplo, un teniente que nos ha torturado está trabajando normal, el comandante de la Policía Yuri Calderón se ha escapado y no hay una citación para él, entonces no veo avance, además, la fiscalía solamente está siguiendo el caso de forma general, sobre los muertos y heridos, está todo mezclado, no es un caso individual”, apuntó.
El representante de las víctimas de Senkata, David Inca, indicó que sobre las torturas solo dos afectados están llevando adelante un proceso penal mientras que otros 12 al no haber presentado la denuncia ¬—se esperaba que eso lo hiciera el Mecanismo de Prevención de la Tortura como antes lo hizo el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret)— no existe procesos. Sin embargo, estos dos casos presentan muy poco avance y falta de coordinación de la fiscalía.
“De los 14 afiliados que tenemos, solo están avanzando dos, de Agamenón Espejo y Orlando Chiara, de los otros 12 se han olvidado, y con eso de que el Mecanismo ya no presenta la denuncia de oficio si las víctimas no lo hacen, no hay proceso, entonces el Mecanismo no los va a poder ayudar”, refirió.
Pero en esos dos casos, agregó Inca, tampoco hay algún avance importante. Para febrero se dispuso la realización de una Inspección Técnica Ocular (ITO), pero sin especificar en qué lugar, debido a que ellos fueron torturados en tres lugares.
Lo positivo, agregó, es que a tanta insistencia a los 14 se les realizó el protocolo de Estambul —un instrumento cuyos principios desarrollan estándares internacionales sobre los derechos de las víctimas y las obligaciones del Estado— por parte del Mecanismo y ante la oposición de la Policía que lo consideraba innecesario.
“A los 14 les ha hecho el protocolo de Estambul, al principio la Felcc nos decía que no era necesario, pero nosotros hemos insistido, hemos mandado notas, cartas y con el nuevo defensor lo han hecho, ha tardado todo el año 2023, pero se ha logrado, son a los únicos hermanos que a nivel nacional se les ha concluido el protocolo de Estambul”, dijo a ANF.
Usados por el Gobierno
Espejo remarcó que las víctimas por sus propios esfuerzos lograron sacar sus documentos y el Gobierno ni el sistema judicial les brindaron ayuda. Lamentó que solo los usen para sus fines políticos.
“Ahora nos llaman para que sigamos el proceso Golpe I, Golpe II, que procesemos a Jeanine (Áñez), para eso bien nos buscan, el mismo ministro de Justicia, Iván Lima, tampoco ha colaborado en nada de lo que ha dicho el GIEI, que dio un plazo, pero cuando vienen ellos (los de organismos internacionales), en ese momento comienzan a moverse, nos llaman, nos pintan las cosas y ya cuando se van otra vuelta nos archivan”, expresó.
Aclaró que ellos como víctimas no pertenecen a ningún partido político, pero como la otra parte de los afectados responde al gobierno, “creen que todas las víctimas son del MAS, pero no es así”.
“Estamos sobrellevando esta situación, pero el gobierno hasta en eso nos ha dividido: hay los que están a favor del gobierno y se han puesto partidarios; y, nosotros que al no ser partidarios ni nada nos han hecho a un lado, hasta Andrónico Rodríguez (presidente de la Cámara de Senadores) en una Navidad hace dos años les ha llevado azúcar, quintales de arroz, pero a nosotros nada, porque nunca hemos levantado el nombre del partido, nosotros somos independientes y ahora tenemos nuestra personería jurídica como Asociación de víctimas, fallecidos, heridos y torturados de Senkata”, refirió.
Espejo dijo que el grupo afín se presta a todo lo que le pide el Gobierno y es compensado por ello hasta con puestos de trabajo.
“El otro grupo saca mayor beneficio porque está detrás de ellos, algunos están trabajando, todo lo que les dice el gobierno repiten, hablan de parte de los masistas y con eso nos generaliza a toditos; ellos están felices, acomodados, en sus puestos de trabajo, están recibiendo hasta víveres, son los detenidos que reconoce el gobierno”, apuntó.
Considera que al Gobierno le molesta que ellos no se hayan pronunciado a su favor, “parece que les duele porque quieren que alabemos al actual presidente, al anterior presidente, que son del MAS IPSP, pero nosotros no, solamente nos han capturado, así como a conejos en diferentes lugares, y nos han incriminado con armas, granadas y nos ha metido a la cárcel de San Pedro”.
“Hemos pasado terapias con el ITEI (Instituto contra la Tortura), estamos tranquilos, trato de sobrellevar mi vida normalmente, pero hay algunos amigos que han quedado traumados, no quieren saber nada, están muy intimidados, en ese tiempo estaban con 20 años, tienen problemas hasta para trabajar por los antecedentes, ahora hemos hecho limpiar de uno y de otro, pero siempre la susceptibilidad queda”, dijo.
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