Contrabandistas pagan hasta $us 20 por escarabajo capturado para el tráfico ilegal a Japón

Sobre la caza ilegal de jaguares, de 1.100 personas que viven en zonas rurales del noroeste de Bolivia, el 17% afirmó haber sido contactado para matar un jaguar.

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Escarabajo de la especie Dynastes satanas, comúnmente llamado escarabajo satanás: Foto: FB Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático.

Fuente: ANF

 



 

Escarabajos amazónicos bolivianos son cazados por las noches y vendidos a $us 10 y $us 20 por unidad a los contrabandistas que los trasladan hasta Japón para organizar un “ring” de estos insectos contra otra especie de coleópteros, solo para la diversión y las apuestas de personas.

Estos bichos son cazados en la región de los Yungas, en el Norte del departamento de La Paz por los mismos comunarios, quienes recolectan dos especies principales de escarabajos rinocerontes: el dynastes hércules y el dynastes satanás, según una investigación conjunta de InSight Crime y el Instituto Igarapé sobre minería ilegal, tráfico de fauna silvestre, madera y drogas en la Amazonia boliviana.

“Recogen los escarabajos por la noche, pueden ganar entre US$10 y US$20  por escarabajo de los contrabandistas. En Japón, el precio de un ejemplar sano de gran tamaño puede alcanzar los US$500”, se lee en la investigación.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua  (MMAyA) clasificó al escarabajo satanás en peligro de extinción. Su caza y comercio simplemente es ilegal.

En la investigación, en la que también se menciona el trabajo periodístico de Eduardo Franco Bertón por su reportaje El silencioso tráfico de escarabajos hacia Japón que amenaza a una especie endémica de Bolivia , los escarabajos vivos son transportados en autobús en cajas de cartón hasta un recolector en Perú. Posteriormente viajan desde ese país y en avión hasta el país asiático.

“Los cazadores también han aprendido a recoger larvas de escarabajo, que tienen menos probabilidades de ser detectadas por los funcionarios de aduanas de los aeropuertos”.

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En Bolivia se cazan al menos 61 jaguares al año

Otro tráfico ilegal que continúa en Bolivia es el de jaguares, amenazando a la especie a su extinción.

Según un estudio “The illegal trade in jaguars (panthera onca)”, realizado en 2021 por investigadores de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), de 1.100 personas que viven en zonas rurales del noroeste de Bolivia, el 17% afirmó haber sido contactado para matar un jaguar.

Y esto continúa porque en China, que es el destino donde se trasladan las partes de los jaguares bolivianos para venderlos en sus mercados ilícitos, sus habitantes tienen “creencias” sobre los grandes felinos. Ellos consideran que los dientes y las garras de este animal son emblemas de estatus y poder; mientras que los huesos y otras de sus partes, incluidos sus genitales, son usados en medicina tradicional.

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN​ – y creada en 1964- clasifica a esta especie felina como “casi vulnerable”, con poblaciones en disminución. Tal es la situación en el país, que cada año se cazan furtivamente unos 61 jaguares, siendo un número elevado en relación a todos los países latinoamericanos.

“De todas las incautaciones (de jaguar) realizadas desde 2010 en adelante, más del 50% están relacionadas con China de alguna manera. O bien se trata de paquetes interceptados de camino a China, o de casos en los que están implicados ciudadanos chinos en algún momento del proceso de incautación”, explicó en la investigación Mariana Da Silva, coordinadora de Combate al Tráfico de Vida Silvestre de WCS Bolivia

En los años 2000, el tráfico de partes de jaguar en Bolivia se realizaba principalmente por correo, con envíos realizados a través del servicio postal de Bolivia y con destino a China. Luego, se dio a través de vuelos comerciales, donde los pasajeros traficantes transportan las piezas ocultas en su equipaje o en su cuerpo.

“Los traficantes llevan a cabo negocios legítimos paralelamente a su implicación en el comercio de jaguares. Utilizan restaurantes o tiendas como centros de recogida y para lavar los beneficios. Por ejemplo, en marzo de 2022, las autoridades incautaron 16 garras en una redada en un restaurante de pollos de Santa Cruz”, continúa la investigación.

Hoy, las partes de los jaguares asesinados ilegalmente y por intereses ambiciosos económicos se realiza por medio del Wechat –plataforma china- que ofrece mensajes y llamadas gratis, además de un sistema de pago online.

En este tráfico ilegal, la investigación también menciona sobornos a policías y funcionarios de aduanas.

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Caza de aves y tortugas.

La tortuga peta es asechada en el Beni por sus huevos, carne y caparazón. La codicia ha llevado a que estos animales sean traficados no solo en el país, sino que también sean llevados a Brasil, Chile, Perú y Ecuador. Hay dos especies amenazadas: la arrau o tortuga gigante del Amazonas (podocnemis expansa) y la tortuga de río de manchas amarillas, conocida localmente como mascota del río. Esta última también está clasificada como “vulnerable” en la Lista Roja de la UICN.

Las aves, por su parte, en especial, loros o guacamayas también se ven amenazadas –son capturadas cuando están en sus nidos o de muy jóvenes-, debido a su tamaño y coloración distintiva e exótica. “Hemos visto migrantes de la parte occidental del país transportando grandes cantidades de aves en camiones y flotas. Hablamos de cantidades que oscilan entre 100, 200 y 500 loros y periquitos”, afirmó Berton en su investigación.

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¿Y cuál es la labor de la Policía Boliviana?

La Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) “está en los huesos”, indica la investigación, pues no cuentan con los suficientes recursos para luchar contra este ilegalidad. Además, su presencia es muy limitada con poco personal, escasos vehículos para su movilización entre otros.

“Además, una reestructuración de la Fiscalía en 2020 ha relegado los delitos contra la vida silvestre a un segundo plano dentro del sistema jurídico boliviano. Los delitos ambientales quedaron bajo la autoridad del departamento que investiga el narcotráfico y el lavado de dinero”, señala el estudio.

 

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