Los senadores y diputados de la Alianza Política Creemos advirtieron antes organismos internacionales respecto a las acciones gubernamentales de gobernar mediante decretos supremos inconstitucionales, como sucede con el Decreto Supremo N° 5143 que reglamenta la “Ley de Inscripción de Derechos Reales”, mediante el cual el Órgano Ejecutivo pretende crear un extra poder que controle Derechos Reales lo que pone en riesgo el derecho propietario en el país, todo a nombre de una supuesta modernización y cumplimiento a recomendaciones internacionales.
Fuente: Prensa Creemos
En una carta de denuncia enviada a varios organismos internacionales, entre ellos el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), los parlamentarios “trasladan su preocupación por el continuo avance normativo unilateral del Gobierno boliviano que vulnera derechos en Bolivia”.
Al respecto, la senadora Centa Rek anunció que una reunión interinstitucional celebrada ayer determinó declararse en emergencia demandar al Órgano Ejecutivo la abrogación del DS N° y realizar marchas de protesta desde el próximo viernes 10 de mayo en Santa Cruz y otras ciudades del país en defensa de la propiedad privada; exigiendo además que toda normativa sobre Derechos Reales sea a través de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, como ordena la Constitución Política del Estado.
“En las gestiones 2022 y 2023 nuestra Bancada transmitió su disconformidad y preocupación contra un sistemático avance normativo que, bajo el argumento de dar cumplimiento a recomendaciones internacionales, se ponía vigencia Leyes o Decretos Supremos que en su contenido vulneraban derechos despejando cualquier duda sobre las reales intenciones del Gobierno boliviano de sumergir a Bolivia en el totalitarismo y desterrar por completo el Estado de Derecho.
Actualmente, el gobierno de Bolivia, bajo un nuevo argumento de actualización y modernización apunta a la intervención de instituciones públicas y que afecta a información reservada sobre el derecho propietario de los bolivianos, vulnerando la supremacía de la Constitución boliviana y los principios de legalidad, seguridad jurídica, derecho a la propiedad privada y otros, configurando elementos de inconstitucionalidad, invadiendo el ámbito de competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la reserva de Ley además de otros elementos de absoluta incongruencia”, señala la carta enviada a la OEA, ONU, HRW, OACNUDH, UE y CIDH.
Una de las principales motivaciones de la denuncia es que DS No. 5143, en su artículo 17 y Disposición Transitoria Tercera dispone la implementación del «Sistema Único de Derechos Reales» en coordinación con la AGETIC (dependiente del Ministerio de la Presidencia) dotado de autonomía, con objeto de modernizar y regularizar el registro de propiedad, extremo que no se ajusta a la supremacía de la Constitución y desprotege los datos sobre inmuebles que tienen los ciudadanos bolivianos custodiados única y exclusivamente por el Órgano Judicial (hasta antes de la aprobación del decreto supremo); institución que no puede por ningún concepto transferir esos datos personalísimos a otras instituciones del Estado, sin consentimiento y autorización de sus titulares.
“Esto es otorgar facilidades al partido de gobierno para que pueda manosear, corromper e intervenir datos para elaborar perfiles ideológicos con la finalidad de proteger a sus afines y perseguir a opositores a través de un acecho patrimonial”, resalta la misiva.
Para finalizar, los parlamentarios de Creemos piden a los organismos internacionales continuar monitoreando la situación política en el país, en especial, en el respeto a los derechos humanos y persecución política, que no ha cambiado debido a la existencia de más de 200 presos políticos en las cárceles de Bolivia.
“Reiteramos nuestro pedido que continúen monitoreando la situación de los derechos humanos en el país y remitimos a su conocimiento el texto íntegro del Decreto Supremo No. 5143 de 10 de abril de 2024 que tiene por objeto reglamentar la Ley de 15 de noviembre de 1887, de Inscripción de Derechos Reales en Bolivia bajo el fundamento de actualizar y modernizar la normativa relativa a Derechos Reales”, concluye la nota.
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