Sin embargo, recordó que cuando las tierras ya están tituladas los propietarios deben acudir a los tribunales agroambientales para iniciar el proceso
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Boris Bueno Camacho / La Paz
El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, aseguró que el gobierno no tolerará la ocupación ilegal de tierras que están tituladas o pertenecen al Estado y advirtió a las personas que intentan tomar esas propiedades con aplicar con todo rigor la Ley 477 contra el avasallamiento y tráfico de tierras.
La advertencia fue hecha luego que el gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), Jaime Hernández, denunciara que 300 mil toneladas de grano de soya, maíz y sorgo están en peligro por el intento de avasallamiento de terrenos en la región del Norte integrado de Santa Cruz, lo que impediría la siembra de alimentos que necesita el país.
“Esta Ley penaliza estos delitos de avasallamiento y tráfico y contempla una sanción de tres a ocho años de cárcel; y si alguna autoridad de cualquier órgano del Estado nacional o subnacional está involucrada, la pena se agrava en un 30 por ciento”, puntualizó a propósito de denuncias contra funcionarios que estarían coludidos con los avasalladores.
Núñez informó que, en el caso de Santa Cruz, el 95 por ciento de las tierras ya fue saneado por el INRA y en el momento en que se completa el proceso la institución estatal pierde competencia para efectuar el desalojo de propiedades que hayan sido tomadas de forma ilegal o recibir las denuncias, más bien son los propietarios que deben acudir a los tribunales agroambientales para iniciar los procesos de desalojo contra los invasores.
“El avasallamiento es un delito de orden penal que debe ser sancionado por las autoridades competentes, en este caso el Tribunal Agroambiental; el INRA es competente en las áreas fiscales disponibles y en los procesos de saneamiento en curso, por eso las autoridades judiciales deben llegar hasta el final y pronunciar una sentencia contra los avasalladores”, dijo.
Foto: captura pantalla
Por su parte, ANAPO aseguró que quienes ocupan las tierras en riesgo de ser tomadas cuentan con toda la documentación para respaldar que las pertenecen, pese a ello, los avasalladores continúan amedrentándolos para tomar esas propiedades; en ese sentido, pidió que se identifique a los cabecillas de este grupo de personas, así como a los financiadores.
Al respecto, Núñez recordó que la Ley 477 contempla un procedimiento expedito a simple denuncia verbal o escrita del propietario y los jueces ordenan en inicio de las investigaciones en uno o dos días a lo sumo; para tal efecto, la autoridad pidió a los afectados que aúnen esfuerzos para procesar ante los tribunales correspondientes a las personas que se dedican a ocupar tierras sin tener derecho propietario.
“Como gobierno nacional pedimos a las autoridades competentes que estos hechos se investiguen. Si son predios titulados pedimos el apoyo, la celeridad, siempre en el marco del debido proceso, a los jueces agroambientales. (…) Debemos unir esfuerzos entre autoridades y sociedad civil para luchar contra avasalladores que generan problemas en la sociedad, el INRA apoyará en proporcionar la información correspondiente», dijo.