Este jueves, la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia, dijo que entretanto la Asamblea Legislativa Plurinacional no apruebe una ley, rige el Decreto Supremo 5143 sobre la desburocratización de los trámites en las oficinas de Derechos Reales (DDRR).

“Entretanto no se cuente con una ley especial para su regulación, toda la reglamentación vigente va a seguir aplicable, por lo tanto, (el decreto) rige hasta que la Asamblea brinde seguridad a la ciudadanía”, explicó Saravia en rueda de prensa.

La autoridad recalcó que se está generando desinformación por parte de la oposición con declaraciones que apuntan a una presunta afectación a la propiedad privada.

“Se ha señalado que está afectando la propiedad privada, hay que aclarar que la propiedad privada es irreversible y no puede modificarse a través de un decreto o una ley, por tanto, la propiedad privada está garantizada”, acotó la viceministra.

Decreto 5143

El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5143, que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. Concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos.

De acuerdo con el Gobierno, el nuevo sistema concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos. Así se facilitará el acceso y consultas de la ciudadanía.

El nuevo servicio de propiedad, gravámenes y folio real actualizado debiera realizarse de forma inmediata en una ventanilla única de expedición rápida.

Con la norma, se pretende crear una base de datos única para que los usuarios de la plataforma accedan a información que contemple datos de varias entidades y gobiernos municipales.

Protestas

La norma que promulgó el Presidente generó dudas en la población, por lo que organizaciones sociales y políticas convocaron a marchas de protesta en Santa Cruz y otras ciudades para el viernes 10 de mayo, pidiendo la abrogación de esta norma.

Asimismo, Comunidad Ciudadana (CC) presentó un proyecto de ley con el fin de abrogar el decreto. Desde esa bancada aseguran que atenta contra la información patrimonial.

Carlos Alarcón, diputado de CC, indicó que la reglamentación tiene que regularse en una ley especial y no en un decreto supremo.

(09/05/2024)