El TSE se hace esperar, hay presión del arcismo y Evo demanda abrogar decretos

Ante las amenazas de las dos facciones del MAS, el vocal Tahuichi Tahuichi dice que están bajo fuego cruzado y pidió que se respete el ente electoral. Evistas dan 72 horas a Arce para abrogar cuatro decretos

Fuente: eldeber.com.bo

La sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aun no emitió una resolución sobre el congreso de los renovadores (arcistas) del Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras continúan las presiones de la facción de Evo Morales.



Además, el evismo exigió al presidente Luis Arce la abrogación de al menos cuatro decretos (4732, 5132, 4910 y 4911) y le dio un plazo de 72 horas para que cumpla esa demanda bajo advertencia de movilizaciones de protesta.

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) aún no remitió a la sala plena del TSE el informe técnico de la veeduría que realizó al congreso de los renovadores del MAS, el 3, 4 y 5 de mayo pasado, informó a EL DEBER el vocal Tahuichi Tahuichi.

La autoridad prevé que el Sifde envíe esta semana dicho informe para que los vocales lo analicen. No obstante, no es seguro que la resolución se emita esta semana porque, según el vocal, es probable que se solicite algún complemento técnico.

El Sifde tiene siete días hábiles, después del evento, para realizar el informe técnico de supervisión y otros dos días hábiles para enviarlo a la sala plena. “El Director del Sifde ya debería remitirlo”, dijo Tahuichi.

Pero el arcismo ya presiona al TSE para que salga el informe sobre su congreso y reconozca la legalidad del directorio presidido por Grover García, que fue elegido el 5 de mayo. Se instaló desde el martes una vigilia frente a las oficinas del Tribunal.

“¡Aprobación, aprobación, aprobación!”, gritaban los seguidores de este bloque político.

El Pacto de Unidad radical y aliado de Evo advirtió al TSE que, “si da visto bueno” a ese congreso, “la respuesta será en las calles y en las carreteras con marchas y bloqueos”.

“Estamos advirtiendo que, en caso de querer proscribir al MAS-IPSP, o querer expulsar del sistema democrático o querer arrebatarnos nuestra sigla, la movilización social indefinida, hasta las últimas consecuencias vamos a estar en las carreteras y en las calles”, dijo el dirigente Ramiro Cucho, representante del Conamaq.

El vocal Tahuichi rechazó las advertencias sobre el TSE. Recordó que el ente electoral es la única entidad estatal autorizada que regula el funcionamiento de las organizaciones políticas y antes que se emita cualquier resolución, pidió que se respete la decisión del ente colegiado.

“Los vocales estamos bajo fuego cruzado. Por un lado, están los arcistas y, por otro lado, están los evistas. Estas facciones nos están jaloneando y nos están ‘huayqueando’. Sería un genocidio a la democracia tratar de irrumpir contra la institucionalidad democrática. Se debería respetar las decisiones que emita el árbitro. En Bolivia la única entidad, el único poder que administra la justicia electoral es el Órgano Electoral”, manifestó Tahuichi.

La autoridad aseguró que apenas tengan el informe, lo tratarán con prioridad.

Abrogación de decretos

El Pacto de Unidad evista también dio un plazo de 72 horas al Gobierno para que abrogue el Decreto 4732 “porque afecta el derecho propietario” y el Decreto 5132 que otorga una partida presupuestaria a la Agetic para crear una base digital de Derechos Reales.

Desde el Chapare, dirigentes aliados de Evo exigieron la abrogación de los decretos 4910 y 4911 que prohíben la venta de combustibles en bidones y regulan el manejo de sustancias controladas, respectivamente.

“Se debe abrogar en 72 horas. Estamos en estado de emergencia y cualquier momento nos vamos a movilizar contra estos decretos”, afirmó Pedro Llanque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), del bloque radical.

Con esta demanda, el bloque político se une a los pedidos de sectores productivos como los gremiales que realizan protestas desde la pasada semana en demanda de la abrogación del Decreto 4732.

No obstante, el Gobierno rechazó las advertencias y responsabilizó al expresidente Morales y la oposición.

Sobre el Decreto 4732, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, aclaró que este decreto fue socializado con todos los sectores involucrados y tiene el objetivo de proteger a la población de engaños y estafas en los que incurren algunas inmobiliarias o empresarios.