Elecciones judiciales en Bolivia: entre la atención internacional e impugnaciones constantes

En marzo de 2023, se aprobó el primer el reglamento y convocatoria para la preselección de postulantes. Sin embargo, hasta mayo de 2024, no se eligieron nuevas autoridades judiciales.

Redacción: Milen Graciela Saavedra Rodriguez

Etapa de postulaciones para la preselección de candidatos en marzo de este año. Foto: APG.

 



Fuente: Red UNO

Durante más de un año de leyes, amparos, impugnaciones y pronunciamientos de organismos internacionales, Bolivia no pudo llevar a cabo la elección de nuevas autoridades para Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM), que debían ser posesionadas a principios de este 2024.

El proceso de preselección fue anulado por decisiones de tribunales departamentales de justicia ante recursos presentados por postulantes que fueron inhabilitados. El 2 de enero de 2024, se cumplió el periodo de seis años para el que fueron electos las más altas autoridades del sistema de justicia. Hasta la fecha, el proceso no pudo concluir en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la semana pasada se decidió que vuelva a foja cero.

Bolivia es el único país en la región que elige sus altas cortes por voto popular directo, previo proceso de selección de candidatos por dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la organización del proceso por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El primer intento

El 27 de marzo de 2023, la Asamblea aprobó un primer reglamento, al que interpusieron dos acciones constitucionales porque presuntamente lesionaba derechos de potenciales candidatos. Esto paralizó el proceso, ya que medidas cautelares emanadas por Tribunales Judiciales ordenaron suspender la convocatoria hasta que sus fallos sean dictados.

Luego, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronunció exhortando a la Asamblea crear condiciones para la construcción de los consensos políticos necesarios a fin de que dicha convocatoria se apruebe mediante ley por la mayoría calificada de los dos tercios. Todo esto produjo un retraso de seis meses.

Posteriormente, el 31 de agosto, el Senado aprobó un proyecto de ley, en el que recortaba plazos y simplificaba el procedimiento para lograr la elección en la pasada gestión, que además incluía unas disposiciones transitorias específicas en relación a la improrrogabilidad de las actuales autoridades, así como en el caso de un desfase, establecía un sistema de atención de los servicios judiciales a cargo de los subalternos, a fin de garantizar la continuidad de la función judicial.

Sin embargo, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, que era la Cámara revisora, en vez de convocar a sesiones para deliberar esta norma, volvió a interrumpir el proceso, con una consulta oficiosa y extendida a otros órganos. En este escenario, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó una solicitud de control previo de constitucionalidad del proyecto de ley de convocatoria ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), resume el portal agendaestadodederecho.com.

El 8 de noviembre, el presidente del TSJ presentó una nueva solicitud, ampliando el objeto de la consulta, pidiendo al TCP que pueda prevenir un «vacío de poder indefinido que atente contra el principio de continuidad al servicio», si es que las elecciones judiciales no se daban oportunamente. Entonces, el 11 de diciembre, el TCP dictó la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, por la que: “Se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.

Una nueva paralización

La prórroga de los magistrados generó que los sectores afines al expresidente y líder del MAS, Evo Morales, realicen bloqueos de caminos durante 16 días en varias regiones del país. Las protestas terminaron cuando el Parlamento determinó una nueva ley, la 1549, de convocatoria a elecciones judiciales, la cual fue promulgada por el presidente Luis Arce.

Así, el 17 de febrero se inició el proceso de preselección de candidatos a las Elecciones Judiciales 2024 con el primer paso de la ruta crítica; la publicación de la convocatoria. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tenía que remitir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la nómina de los preseleccionados como candidatos para las elecciones judiciales 2024 hasta el 6 de mayo.

Revisión de documentos en la Comisión Mixta de Justicia Plural. Foto: APG.

 

En este nuevo proceso se recibieron 715 postulaciones a los altos cargos al Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Luego, 405 candidatos quedaron habilitados para la fase de exámenes orales que no llegó a efectuarse.

Las acciones de Amparo Constitucional fueron presentadas ante cortes de los departamentos de Santa Cruz y La Paz, y su admisión se conoció a pocas horas de que las comisiones legislativas inicien la fase de evaluaciones orales de los candidatos. El primer caso corresponde a Margarita Medrano, una postulante al Consejo de la Magistratura, quien dijo que las comisiones revisoras del Legislativo buscaron “por todos los medios” retirar su postulación.

En tanto que una sala constitucional en La Paz se pronunció y notificó al Parlamento con la aplicación de una medida cautelar para que el proceso de los comicios judiciales se detenga, mientras que la situación de la persona afectada no se resuelva en una audiencia. En esta etapa, se presentaron 35 amparos.

Finalmente, la Sala Constitucional Primera del departamento de Pando anuló todo el proceso de preselección el 30 de abril, al dar curso a una acción popular por la presunta vulneración de derechos de mujeres indígenas en la composición de postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Falta de acuerdos

Desde que se conoció el fallo, las autoridades legislativas no se pronunciaron sobre el camino que seguirán. A la vez, desde las bancadas se han presentado propuestas que tampoco han tenido respuestas.

Por ejemplo, los diputados del MAS-IPSP Jerges Mercado y Roy Suárez solicitaron, a través de un memorial, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), una medida cautelar que le permita a la Asamblea Legislativa continuar con el proceso.

Mercado informó que se solicitó que se acumulen todos los amparos que se presentaron a escala nacional en contra del proceso de preselección judicial, que suman 35, con el fin de que sean resueltos de forma inmediata como manda la Ley 254 Código procesal Constitucional.

Se quiere que el TCP “emita un fallo que le de garantía al Estado de derecho y sociedad boliviana, y que pronto tengamos elecciones judiciales que estamos esperando”, indicó Mercado.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: APG.

 

A su vez, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció una reunión de las bancadas del MAS-IPSP, Comunidad Ciudadana y Creemos, además de representantes de las cámaras de Diputados y Senadores para definir qué sucederá con el proceso de preselección. Pero el encuentro no se concretó.

Reconoció que “los plazos del cronograma se han acortado”, por lo que indicó que se verá con el TSE “si se retoma la última fase (de evaluación de méritos) o en todo caso si se revisa todas las etapas”.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, informó que el Órgano Electoral esperará el pronunciamiento del Órgano Legislativo, y afirmó que están preparados para organizar las elecciones judiciales en esta gestión.

De acuerdo con el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas, se remitirá un informe al presidente de la Asamblea y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca; además, se le ha pedido que convoque a sesión del Legislativo con el fin de que los legisladores definan qué acciones asumir.

Preocupación internacional

Desde que se conocieron las impugnaciones y paralizaciones del proceso, la comunidad internacional expresó su preocupación por la demora de las elecciones.

En septiembre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante los desafíos que se presentan en el proceso de elección que pueden «debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia». Entonces, urgió al Estado, en particular a la Asamblea, a adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos.

Sumado a ello, la CIDH observó que el proceso de preselección de candidaturas, a cargo de la ALP, estuvo marcado por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional.

«Se recuerda que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa», afirmó la entidad.

A su vez, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, expresó, en enero de este año, su grave preocupación ante el retraso en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales.

“El derecho a un juicio justo requiere un juez independiente e imparcial. La realización de estas elecciones judiciales es uno de los elementos clave para garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia en Bolivia”, recalcó la experta, “Con esto en mente, insisto en la importancia de realizar un proceso transparente, participativo e integral para preseleccionar a las y los candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y avanzar en la celebración de elecciones”.

La experta destacó que la ausencia de acuerdos políticos se tradujo en el vencimiento de los mandatos de los magistrados.

«Dado que hasta el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido», dijo Satterthwaite.

La Relatora Especial recordó que su antecesor realizó una visita oficial a Bolivia en febrero de 2022. “Insto a las autoridades bolivianas a implementar las recomendaciones formuladas en su informe de visita”, puntualizó Satterthwaite.

Su antecesor fue Diego García-Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, que visitó el país en febrero de 2022. El experto criticó el sistema judicial de Bolivia.

«En Bolivia, la Justicia está lejos de la gente», aseguró en su informe. El funcionario, expolítico peruano y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que «hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la Justicia responda a dramas cotidianos».

Sobre la elección de altas cortes por medio del voto popular, el entonces Relator indicó que fue un tema medular de sus discusiones, “Conviene revisar y perfeccionar algunos de estos procesos de cara a contar con un sistema judicial independiente y en el que los criterios de selección sean estrictamente meritocráticos, basados en la trayectoria y experiencia profesional y su compromiso con los derechos humanos”.

Al respecto tomó nota de las diversas alternativas que recogió en sus diversas entrevistas y puso especial énfasis en reajustar los procesos de pre selección. Para que, primero, se generase un espacio plural y transparente a cargo de dicha pre- selección y para asegurar, segundo, que estos fueran guiados exclusivamente por la identificación de los méritos, carrera profesional y compromiso con los derechos humanos y no por consideraciones políticas o partidarias.

Fuente: Red UNO