La exautoridad y actual vicepresidenta del MAS ‘arcista’ señala que en los 102 meses que duró la investigación la fiscalía no pudo probar nada
eju.tv / Video: DTV
Boris Bueno Camacho / La Paz
La Fiscalía determinó anular el proceso contra la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Julia Ramos, por el presunto daño económico de 7,5 millones de bolivianos cuando era parte del directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FONDIOC), según anunció la exautoridad en sus redes sociales.
Ramos estuvo acusada de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica e incumplimiento de contratos debido a supuestas irregularidades en la administración del FONDIOC; específicamente, se la relacionó con la aprobación de nueve proyectos inexistentes que representaron un daño económico al Estado de más de un millón de dólares.
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La exautoridad del gobierno de Evo Morales aseguró que la determinación de la fiscalía obedece a que durante los 102 meses que duró la investigación no se le pudo probar que cometió algún acto irregular y se la sobreseyó porque no existieron las pruebas que sustenten dicha acusación. “Este sobreseimiento que esperé por tantos años es una prueba visible y concreta de mi inocencia», dijo.
Asimismo, señaló que fue víctima de una injusticia y que se le privaron de sus derechos, porque fue denigrada e insultada al haberle acusado de un acto de corrupción que nunca existió, por lo que el desistimiento del Ministerio Pública le devuelve la dignidad, así como a la organización de mujeres campesinas ‘Bartolina Sisa’ por la cual fue parte del fondo indígena.
Foto: captura pantalla
La actual vicepresidenta del MAS ‘arcista’ incluso cumplió una detención preventiva durante dos años por este caso, entre 2015 y 2017, recordó que es una de las etapas más duras que le tocó vivir, pero que fortaleció su espíritu de lucha, sus principios y el tesón para combatir la injusticia que a muchas personas les toca experimentar debido a las falsas acusaciones.
“Aquí estoy, nuevamente íntegra, para poder seguir luchando junto a mis compañeras de seguir fortaleciendo el trabajo por la reivindicación de los derechos de las mujeres, más que todo, hoy tenemos una Constitución Política del Estado que nos permite también llegar a espacios de paridad y equidad, hay que seguir adelante con mucha fortaleza”, enfatizó.
La líder campesina pidió al Ministerio Público que investigue a las personas que emitieron las falsas acusaciones en su contra con la intención de afectar al movimiento de las mujeres indígena originario campesinas y que expusieron su imagen pública de forma negativa; para así poner punto final a este proceso que se originó contra ella y otros exdirigentes del sector.
La Justicia abrió 157 procesos legales por el desfalco del Fondo Indígena desde 2014; entre los procesados estuvieron las exministras Nemesia Achacollo y Julia Ramos, además de otros dirigentes sociales, por denuncia expresa del exdirector de esa institución, Marco Aramayo, quien más bien fue acusado y detenido siete años en prisión donde falleció por accidente cerebrovascular en 2022.
La afectación económica al Estado ascendió a los 182,7 millones de dólares, según un informe preliminar del Ministerio Público. De este monto, sólo se recuperó poco más de 1,4 millones de dólares.