El CONARE de Paraguay debe analizar el pedido de la exautoridad nacional y hasta que haga conocer su dictamen el trámite de extradición pedido por Bolivia queda en suspenso
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Boris Bueno Camacho / La Paz
El juez del juzgado Penal de Garantías número nueve de Asunción, Paraguay, Rolando Duarte Martínez, informó que Luis Fernando López, exministro de Defensa en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, transita sin restricciones, porque la justicia de ese país determinó suspender el proceso de extradición solicitado por Bolivia debido a un trámite de refugio político que lleva adelante la exautoridad nacional.
El pasado miércoles se conoció que, mediante una nota diplomática fechada el 30 de abril de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo comunicó a la Cancillería la decisión de un juzgado de Asunción de dejar sin efecto la detención preventiva del exministro López, porque está en curso un trámite para obtener el estatus de refugiado en el país vecino, motivo por el cual se paralizó el proceso de extradición.
“Tiene un proceso de solitud de refugiado ante la oficina encargada en este país, que es la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (CONARE); esta judicatura ha librado oficio a hecho de corroborar este hecho y esa oficina ha respondido que evidentemente cuenta con una solicitud de refugiado. La Fiscalía General del Estado ha solicitado la suspensión del trámite de extradición del señor Luis Fernando López y se ha dispuesto ello hasta que haya un pronunciamiento que de la Comisión Nacional de Refugiados”, señaló.
Foto: captura pantalla
La autoridad judicial puntualizó que el CONARE paraguayo es la instancia que debe dilucidar la situación de López en el tiempo que considere necesario; entre tanto, al no tener proceso alguno en su contra, el exministro de Defensa tiene la condición de refugiado y puede transitar sin ningún tipo de restricciones en el territorio de ese país.
“En relación a la justicia, él se encuentra en libertad, no tiene ninguna medida cautelar que lo obligue a presentarse al juzgado”, aseguró, además de reiterar que en tanto se tramite la situación de refugiado queda suspendido el proceso de extradición solicitada por Bolivia, que tampoco podrá interponer algún recurso hasta que el CONARE se pronuncie.
La exautoridad boliviana está involucrada en el caso de la presunta compra irregular de gases lacrimógenos en 2019, motivo por el cual la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó su extradición a través de un exhorto hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por el caso también están procesados el exministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic, los excomandantes de la Policía Boliviana y las FF.AA. y otros.