Se trata de una “ley corta” que amplíe las competencias del Legislativo para la preselección de postulantes y otra normativa especial que elimine las primarias. La ley electoral no permite dos procesos nacionales al mismo tiempo.
Fuente: eldeber.com.bo
El proceso de preselección de candidatos a magistrados retornó a la Asamblea Legislativa tras vencer varios escollos, precisamente, judiciales. Para evitar otras acciones, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE ) surgió un pedido de mayor coordinación y la aprobación de dos leyes.
El planteamiento parte también de asambleístas nacionales que coincidieron en la urgencia de reencaminar el proceso de preselección después de casi un mes de su paralización tras que una Sala Constitucional de Pando instruyera paralizarlo todo con una Acción Popular. El recurso surgió de la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dirigente indígena Yeni Duri.
Dicha resolución fue anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre, que dispuso que el Legislativo continúe con la preselección que avanzó en casi un 60%, antes que el plenario apruebe la lista final de candidatos, quienes deben relevar del cargo a 26 magistados.
“El Tribunal Supremo Electoral está presto para recibir en cualquier momento, de hoy en adelante, la lista de los candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa. En el instante en que nos remitan esa lista el Órgano Electoral va a comenzar con el proceso de administración de la elección judicial”, aseguró en un contacto con EL DEBER el vocal Tahuichi Tahuichi.
Ajustes necesarios
La autoridad electoral sostuvo que, para continuar con el proceso de preselección, lo primero que debe hacer la Asamblea Legislativa es aprobar una nueva ley que le dé continuidad a la Ley 1549 transitoria para las elecciones judiciales. Esa norma, validada por unanimidad en febrero tras un acuerdo político, le daba al Legislativo un plazo de de 80 días para poder completar la selección de candidatos. Esos tiempos ya están vencidos.
De hecho, ese plazo estaba contemplado entre el 17 de febrero al 6 de mayo pasado cuando debía culminar el cronograma de los 13 pasos de la preselección de los candidatos a magistrados.
“Al día siguiente del día 81, o el martes 7 de mayo, la Asamblea Legislativa Plurinacional perdió toda autoridad y competencia en el proceso de preselección, por eso tiene que aprobar una nueva ley para que esa competencia se amplíe”, explicó Tahuichi.
El 14 de mayo, las tres fuerzas políticas del Senado: MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos, trabajaron en una “ley corta” para dar continuidad al proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales. Dicho proyecto contempla entre 30 a 40 días la extensión de plazos en este proceso que se paralizó al culminar el punto 10 del cronograma que es la evaluación de méritos de los postulantes.
Sobre este punto, asambleístas de CC y Creemos coinciden en que es necesario que el Legislativo apruebe una ley corta para terminar con los pasos pendientes del cronograma: la evaluación de méritos en la fase de entrevistas, la aprobación de los informes de preselección seguido de la remisión al Presidente de la Asamblea Legislativa, la sesión de la Asamblea Legislativa para aprobar o rechazar los informes de las comisiones y finalmente el envío al TSE de las listas de los candidatos seleccionados.
“Lo que corresponde es aprobar una ley corta para ajustar los plazos en la preselección. También hay que contemplar los plazos que tiene el TSE que es entre 120 a 150 días para administrar el proceso electoral, entonces lo que queda es que se convoque a Asamblea para ajustar estos plazos”, afirmó el senador de Creemos Henry Montero a EL DEBER.
Rechazo al TCP
Aunque parte del mismo criterio, el jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, puntualizó que para esta fuerza política la resolución del TCP que da luz verde a la continuidad del proceso de preselección, les es absolutamente indiferente porque fue emitida por magistrados prorrogados en sus cargos cuyos mandatos constitucionales terminaron en diciembre de 2023.
“Nosotros no recocemos al Tribunal Constitucional mucho menos a los auto prorrogados y usurpadores que están abusando del poder desde el 2 de enero”, afirmó Urquidi a EL DEBER.
En consecuencia, con o sin fallo del TCP, Urquidi subrayó que la Asamblea Legislativa es la que debe definir y concluir la etapa de la preselección. “Lo que procede es que las comisiones mixtas, tanto de Constitución como de Justicia Plural, convoquen de manera inmediata a sesionar y fijen la ruta crítica de los pasos que se deben tomar en el corto plazo para concluir este proceso”.
En esa línea, el senador Montero también desconoció el fallo del TCP porque está a cargo de magistrados prorrogados y señaló que más allá de ese fallo, la Asamblea Legislativa debe retomar el rumbo de las judiciales.
Primarias en duda
Desde el TSE, el vocal Tahuichi alertó que, tras este retraso, en la preselección se presentó un problema “técnico” con la realización de las elecciones primarias dispuestas en la Ley Organizaciones Políticas vigente desde 2018.
Según el Artículo 87 de la Ley 026 de Régimen Electoral, el Órgano Electoral no podrá administrar dos procesos electorales de alcance nacional al mismo tiempo, en este caso, las elecciones judiciales y las primarias previstas para noviembre o diciembre.
“Lo que puede ocurrir es que a partir de agosto de 2024 puedan converger ambos procesos electorales, lo que pondría en dificultades al Órgano Electoral. Es como si un médico estuviese operando a dos pacientes al mismo tiempo. Tal vez pueda, pero va a tener enormes complicaciones”, explicó Tahuichi.
Es por eso que, a principios de mayo, la autoridad electoral presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley en el que plantea la eliminación o anulación de las elecciones primarias. “Si fuera así, los bolivianos tendríamos para este año solamente en la agenda electoral del TSE las elecciones judiciales, pero esa situación tendrá que sopesar nuestra Asamblea Legislativa”, dijo.
Esta sería la segunda ley que debe tratar la Asamblea Legislativa para garantizar que las elecciones judiciales se realicen este 2024. Un antecedente sobre este punto es que las elecciones de 2020, tras la anulación de los comicios de 2019, se realizaron sin primarias. En aquella ocasión había la urgencia por el vencimientos del mandato de autoridades electas; hoy sucede algo parecido con el tiempo de mandato de los magistrados del Órgano Judicial.
Coordinación entre órganos
Otro punto de coincidencia en esta ruta crítica hacia las elecciones judiciales es que exista un plan de trabajo coordinado entre los vocales del TSE y la Asamblea Legislativa, justamente para tratar esos temas: asegurar la continuidad del proceso de preselección y garantizar las judiciales con el ajuste en el calendario electoral y cumpliendo lo que establece la Ley 026.
“Que la Asamblea nos invite una reunión interinstitucional para que podamos nosotros manifestar nuestra postura institucional en el caso de que se promueva una nueva ley de elecciones judiciales. Es necesario que el poder Electoral coordine con el poder Legislativo para que la nueva ley se reconduzca técnicamente sin más trabas en el camino”, planteó Tahuichi.
Para el senador Montero, las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural deben convocar al TSE para coordinar los ajustes de tiempos y plazos para las judiciales. “Sí o sí debe haber una coordinación con el TSE para coordinar el tema de los plazos y ahí ver la pertinencia o no de las primarias y las mismas elecciones generales”.
Desde el bloque evista del MAS, también ven con recelo el fallo de los magistrados del TCP, siendo que quienes redactaron la resolución son autoridades que ya cumplieron su mandato constitucional hace más de cinco meses. El diputado Renán Cabezas dijo que las comisiones mixtas deben reactivar el proceso de preselección y el TSE garantizar las elecciones judiciales.
ANÁLISIS
«Los miembros del TCP buscan legitimarse»
Andrés Gómez Vela / abogado y periodista
Desde la perspectiva política los miembros del Tribunal Constitucional que han finalizado su mandato el 31 de diciembre de 2023, buscan legitimarse con estas sentencias.
Pero hay que dejar claro que no es que una sentencia del Tribunal Constitucional es constitucional porque lo dicen sus miembros. No. Es constitucional porque esa decisión se encuadra en lo que dice la Constitución Política y porque el razonamiento, el fundamento esté acorde a la Constitución, acorde a las normas, al procedimiento que se establece en democracia.
El fundamento supremo de la democracia es el respeto a la ley. Ninguna autoridad, ningún miembro de ningún poder puede rebasar lo que establece la Constitución y estas personas (TCP) han desconocido la Constitución que establece un periodo de seis años, por lo tanto, lo que buscan es legitimarse con esta sentencia.
Si es que la Asamblea Legislativa acata esta sentencia, entonces habrán terminado de legitimar. Lo que debería hacer la Asamblea Legislativa es desobedecer estas acciones judiciales porque no se enmarcan en la Constitución porque ademán han sido resueltas en una componenda política.
En todo este escenario desde un principio la Asamblea Legislativa no debería acatar ninguna disposición del TCP y debería proseguir en la organización de las elecciones judiciales, porque no se puede acatar disposiciones contrarias a la Constitución. Se tiene que acatar disposiciones que se encuadran en la Constitución.
La democracia se caracteriza porque todos los poderes tienen límites, y en este caso el poder judicial ha roto esos límites, por eso son auto prorrogados y por eso ya no tienen autoridad. Su límite es temporal porque la Constitución dice seis años, por tanto tienen que irse.