La organización internacional Human Rights Watch (HRW), afirmó que no ha encontrado pruebas o delitos que sustenten un juicio contra Luis Fernando Camacho.
Fuente: Unitel
El representante de la organización internacional de monitoreo a los Derechos Humanos Human Rights Foundatión (HRW), Javier El-Hage, visitó este jueves al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en la cárcel de Chonchocoro, para evaluar la situación en la que se encuentra la autoridad.
Tras la visita, el representante de organización internacional advirtió que Camacho, aún no tiene las condiciones necesarias para habitar dentro del penal de máxima seguridad.
[Foto: APG] / El representante de Human Rights Foundatión (HRW), Javier El-Hage
“Lo tienen recluido en lo que nosotros consideramos en una cárcel a cuatro mil metros de altura, en un clima inhóspito, como castigo por su rol de haber criticado el fraude electoral que fue certificado por la OEA el 2019”, dijo El-Hage.
El representante legal de Human Rights, recordó que su organización interpuso una demanda internacional contra el Estado boliviano por una presunta violación a los derechos humanos contra el gobernador cruceño.
“Nosotros representamos a 10 presos políticos a nivel global ante un tribunal internacional. Nosotros hemos puesto una demanda en el caso de Luis Fernando para que se declare una detención arbitraria del gobernador de Santa Cruz”, explicó.
En su Informe Mundial de 2024, la organización internacional de monitoreo a los Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW), afirmó que no ha encontrado pruebas o delitos que sustenten un juicio contra Luis Fernando Camacho, además de que considera infundada la acusación contra la expresidenta Jeanine Añez por el mismo delito.
Además, la organización pidió al Gobierno poner fin “a su despiadada persecución de la oposición y garantice que se respete el debido proceso para todos”.
En la acusación formal de Camacho es acusado por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.