La Procuraduría General del Estado (PGE) destinó para este 2024 más de 88 millones de bolivianos para abogados externos que se dedican a la defensa legal del Estado en diversos procesos internacionales.
Fuente: lostiempos.com
Con el plan de “bolivianización” implementado por el procurador, César Siles, se prevé reducir el monto a la mitad, aproximadamente 46 millones de bolivianos, garantizando la defensa legal del Estado de calidad, pero generando ahorro a las arcas nacionales.
Estos datos fueron presentados en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial del 2024, el pasado 30 de abril, en el que se detalló el “cambio de timón” iniciado en la gestión del Procurador, basado en cinco pilares: “bolivianización” de la defensa del Estado; la defensa preventiva; conciencia defensiva del Estado; el litigio estratégico y la recuperación efectiva y eficiente del faño económico.
Siles señaló que la bolivianización, la defensa del Estado transparente y “de cara al pueblo” y un diálogo directo con la ciudadanía son también ejes del nuevo rumbo de la Procuradoría.
Edson Morales Medina, subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, explicó que la gestión pasada se inició con seis tareas, la primera la nacionalización de la defensa del estado, “con el objetivo de reducir la dependencia de abogados externos”.
Dijo que en la actualidad, Bolivia tiene 18 contratos con abogados externos, entre extranjeros y nacionales. Dos contratos son con bufetes nacionales y 16 son extranjeros.
“Se está trabajando en la resolución de contratos con estos abogados, con el propósito de reducir los costos de 68 a 23 millones de bolivianos, generando así un ahorro considerable. Se identificaron seis contratos para la resolución y se están buscando los mejores términos para la Procuraduría y el Estado boliviano”, dijo Morales.
La tarea para esta gestión, según Morales, es la reducción de los costos de la defensa del Estado al asumir más procesos internamente y disminuir la necesidad de abogados externos.
“Una aproximación, solo tomando en cuenta el costo directo es 88 millones (de bolivianos), dejando de pagar abogados externos, ahorrando en peritajes, esperamos llegar a 46 millones. Se espera un ahorro significativo este año, con un plan para pagar 20 millones de bolivianos en este rubro. Además, se está considerando la creación de una nueva dirección para la defensa del medio ambiente, para fortalecer aún más este enfoque”, dijo.
Explicó que se está trabajando en delimitar los tipos de arbitrajes comerciales en los que se participará y se considera clave la celebración de acuerdos de solución amistosa beneficiosos para el Estado.
Detalló que otra tarea es abordar la defensa extrajudicial, como los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Señaló que hay siete casos activos y otros cuatro en litigio en arbitrajes comerciales, mientras que en materia de derechos humanos hay más de 100 denuncias contra el Estado, pero se están priorizando 49 casos. “Se busca una gestión proactiva para resolver estos casos de manera eficiente y en línea con los intereses del Estado”, afirmó.
Otra tarea fundamental implica la defensa judicial del Estado, con dos sentencias cumplidas y siete en supervisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Se trabajará en la finalización del pago a las víctimas de estas sentencias y en la ley de cumplimiento de sentencias en materia de Derechos Humanos”, dijo
Señaló que se busca un enfoque integral para abordar todas las áreas de defensa del Estado de manera eficiente y efectiva, manteniendo un compromiso constante con la protección de los intereses del Estado y los derechos humanos.
También se prevé impulsar la “ley de repetición” para recuperar los recursos delñ Estado pagados en indemnizaciones.
Fuente: lostiempos.com