El senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez auguró que la Cámara de Diputados apruebe la ley corta para continuar con el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales que fue suspendido el mes pasado.

El martes, los jefes de bancada de la Cámara de Senadores y los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural anunciaron el tratamiento del proyecto de una ley corta para extender los plazos, entre 30 y 40 días, para destrabar las judiciales.

Las elecciones judiciales fueron suspendidas el 30 de abril luego de que la Sala Constitucional Primera de Cobija dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, y dejó en fojas cero el proceso.

Desde entonces, la Asamblea Legislativa no ha presentado una posición institucional y los legisladores tampoco han podido consensuar salidas al entrampamiento por las fracturas dentro de las bancadas.

La semana pasada, la bancada arcista del MAS en Diputados, encabezada por Jerges Mercado, solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar para continuar con el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa.

Por su parte, el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, solicitó al TCP, a través de un memorial, adelantar la revisión del fallo de la Sala Constitucional Primera de Pando que anuló la preselección de los candidatos judiciales y ordenó un nuevo proceso.

Ninguna de las propuestas fue consensuada entre las bancadas y tampoco se convocó al pleno. Por ende, las judiciales continúan en el limbo y cada vez se acercan más las elecciones primarias, cuyo proceso también está en debate.

En entrevista con La Razón Radio, Torrez defendió el proyecto de ley corta del Senado que permite la ampliación de los plazos para las elecciones judiciales y espera que sea aprobada en el pleno del Senado y, posteriormente, en Diputados.

“La preselección va a continuar más allá de que el Gobierno intente evitar que este proceso continúe”, dijo.

Responsabilizó al Gobierno del presidente Luis Arce y al ministro de Justicia, Iván Lima, de impulsar la suspensión de las elecciones judiciales; aunque no presentó pruebas. “Creo que manifestaciones públicas de Lima sobre las judiciales son elementos probatorios de que el gobierno frena el proceso”.

Cuestionó el silencio de Choquehuanca y aseveró que el vicepresidente tiene la obligación de convocar al pleno de la Asamblea. “Es un imperativo de la Constitución”. Afirmó que ese comportamiento motivará a presentar una acción de incumplimiento en contra de Choquehuanca.

“Tarde o temprano estarán sentados en el banquillo de los acusados los que cometan acciones omisivas. Reitero vamos a interponer esa acción de incumplimiento hoy. Esto no puede quedarse ahí”, advirtió.

A su vez, consideró que la prórroga del mandato de los magistrados y consejeros electos en 2017 “es monstruosa, deleznable” y que “han vulnerado la Constitución” al ampliar sus funciones. “Incurren en un grave delito”.