El DS 5143 reglamenta la Ley de Inscripción de Derechos Reales, que fue firmada por el presidente Gregorio Pacheco en 1887
Fuente: eldeber.com.bo
El Ministerio de Justicia y Transparencia, el Consejo de la Magistratura y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación (Agetic) firmaron un acuerdo para que la creación del Sistema Único del registro de Derechos Reales. Esa determinación fue rechazada por legisladores y sectores sociales y así crece el rechazo al Decreto Supremo 5143, que reglamenta una de las leyes más antiguas que rige en Bolivia. El Gobierno admitió que fue un error no socializar la norma y descarta que Derechos Reales pase control del Ejecutivo.
El DS 5143 reglamenta la Ley de Inscripción de Derechos Reales, que fue firmada por el presidente Gregorio Pacheco en 1887 y que a lo largo de los años ha tenido varias actualizaciones y reglamentaciones. La que se hizo este año es la más importante porque hace cambios en su sistema de registro, al integrarlo a un sistema único y digitalizado.
Ese trabajo lo hará la Agetic, que depende del Ministerio de la Presidencia, tras un acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura. El documento tiene 11 puntos, los cuales establecen las condiciones del convenio, sus alcances, las obligaciones que debe cumplir cada entidad, los mecanismos de coordinación, las soluciones de controversias, entre otros términos.
“El presente convenio de cooperación interinstitucional tiene por objeto propiciar las condiciones técnicas, operativas, normativas y otras necesarias para desarrollar una reingeniería operativa y un nuevo modelo de gestión para la Oficina Nacional de Derechos Reales y el diseño, desarrollo e implementación de un sistema único de gestión de servicios y registros de Derechos Reales de acuerdo a las políticas y lineamientos de gobierno electrónico y tecnologías de información y comunicación, a objeto de contribuir al proceso de transformación digital del Estado”, dice el punto cuatro del documento
Ese artículo es el que más incomoda a legisladores de oposición y sectores sociales, entre ellos los gremiales. Los asambleístas, también del Movimiento Al Socialismo (MAS) del bando de Evo Morales, observan que, con esa disposición en Derechos Reales, el Ejecutivo controlará los bienes de los bolivianos porque tendrá acceso a los datos personales, ya que Agetic depende del Ministerio de la Presidencia.
“Nosotros queremos denunciar que en este sistema está ingresando el Ejecutivo a través de la Agetic, instancia que está a cargo del Ministerio de la Presidencia para controlar la propiedad privada de la población boliviana, la propiedad de los bolivianos estaba resguardada por el Órgano Judicial, por el Consejo de la Magistratura específicamente, pero ahora hay una intromisión del Ejecutivo”, cuestionó el diputado Santos Mamani, del ala evista del MAS.
El DS 5143 fue promulgado el 10 de abril por el presidente Luis Arce, en el que se plantea la conformación de la Instancia Competente Nacional del Registro de Derechos Reales por parte del Consejo de la Magistratura, en un plazo de 30 días calendario a partir de la vigencia de la norma.
Contra el DS 5143
Además, el diputado Mamani anunció que presentará una Acción Abstracta de Constitucionalidad contra el DS 5143, porque el Gobierno pretende gobernar mediante decretos y con esta normativa quiere controlar la propiedad privada.
También advirtió de la existencia del Decreto Supremo 4732 que establece que un ciudadano tiene que pedir permiso al Ministerio de Justicia para vender su propiedad. Puso como ejemplo una casa, un terreno o un apartamento, hecho que calificó como inconstitucional.
En esa misma línea, el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC), dijo que no se puede permitir que los “consejeros autoprorrogados” del Concejo de la Magistratura se encarguen de la conformación de esa instancia nacional, ya que serán elegidos a dedo y con base en intereses políticos.
“El Gobierno pretende pasárselo a un comité o a un grupo de seis funcionarios públicos elegidos a dedo, siempre con criterios políticos por el Gobierno, y lo que preocupa mucho es que en las disposiciones transitorias establece un plan de regularización del derecho propietario del Estado, por el que cualquier entidad estatal puede decir que una determinada propiedad es mía”, reclamó el diputado Roca.
La norma también fue cuestionada por diferentes sectores sociales, entre ellos los gremiales y juntas de vecinos, quienes exigieron la abrogación del decreto supremo y en caso de que el Gobierno no escuche sus demandas, advirtieron con movilizaciones en todo el país.
El Gobierno, a través del viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, reconoció que ha faltado socializar la norma, aunque considera que no es tarde para hacerlo. “Creo que ahí ha habido una falta de socialización, no sé, habría que explicarlo, habría que ver, pero mientras tanto ya se ha desatado el infierno”, dijo.
La autoridad añadió que, con esta norma, se generará un sistema interconectado con otros registros, como del Servicio de Identificación Personal, que podrá ser consultado por los notarios para evitar estafas en la compraventa de propiedades.
Sobre la inclusión de Agetic en este acuerdo, el viceministro aclaró que esta agencia será la encargada de generar el sistema o el software, pero no así su administración, que seguirá a cargo -dijo- del Órgano Judicial.
Mientras, la bancada de CC en Diputados presentó ayer un proyecto de ley para la abrogación del DS 5143, que reglamenta la ley de inscripciones de Derechos Reales. Desde esta instancia opositora, los legisladores aseguran que la norma atenta contra la información patrimonial.
“Este decreto introduce información patrimonial de todas las personas a la Agetic, que es una instancia de información electrónica del Gobierno. Esto tiene por objetivo la concentración del monopolio, del manejo al arbitrario, de la información patrimonial de todos los bolivianos”, afirmó el diputado Juan Carlos Alarcón, de la bancada de CC.