Fuente: ANF
El viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Juan Villca, dejó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocar al ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo como proyectista para que responda por el anteproyecto de ley “Lo ajeno no se toca”.
“Los abogados en Bolivia tienen una holgura y libertad para salir en la prensa y decir sus criterios personales. Obviamente la prensa le da cobertura. Yo creo que esto va permitirnos a nosotros tal vez generar otros espacios. Seguro la Asamblea convocará al ministerio, cabeza de sector, para sostener y explicar del porqué esta normativa”, declaró Villa a la ANF.
Consultado sobre la “inconstitucionalidad” de la norma, como afirmó el senador William Torrez, el viceministro dijo que no le compete señalar si es o no constitucional el anteproyecto de ley, en ese sentido dejó en manos del Parlamento analizar y ver la factibilidad de la norma.
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La propuesta plantea endurecer las sanciones contra los presuntos autores de los delitos de robo, hurto, abigeato y juqueo. Piden siete años de cárcel sin derecho a indulto. Elimina la etapa preliminar de investigación y determina que el fiscal debe plantear directamente la acusación.
El senador Torrez calificó la norma de inconstitucional porque vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia. El abogado Franco Albarracín dijo que es un retorno al sistema “inquisidor” que viola el debido proceso.
La Constitución Política del Estado en sus artículos 115 y 116 sostiene que “el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
Además, dice que “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.
Entre tanto, la propuesta de ley hace referencia a los casos en flagrancia con base en un informe y/o entrevista policial. Asimismo, se propone que los efectivos estén camuflados de civiles en aquellos espacios donde existen las condiciones para que se comentan estos delitos.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Saúl Lara sostuvo que el anteproyecto de ley es inconstitucional y es darle “super-poderes” al efectivo policial que está acostumbrado a “extorsionar”, por lo tanto con esta norma sería mucho peor.
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