La estatal señaló en su informe de rendición de cuentas que del total tomado por la vía ilegal, 136 son de su competencia y 101 no están bajo su tuición. Anapo afirma que la preocupación en el sector crece.
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Durante el 2023, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) registró 237 avasallamientos en Bolivia y de esa cantidad sólo se realizaron 36 desalojos. Al respecto, la Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo) señala que la preocupación de los productores crece ante la toma ilegal de tierras productivas.
De acuerdo con el detalle de la estatal, de las 237 tomas ilegales, 136 son de competencia del INRA y 101 no lo son. Asimismo, señala que de esa cantidad que le compete, la mayor parte de predios tomados están en Santa Cruz con 63 registros de avasallamiento; otros 33 en Beni; 17 en Cochabamba y en menor cantidad en otros departamentos. Ver cuadro:
En su informe de Rendición de Cuentas Final 2023, el INRA también especifica que se hicieron 19 desalojos con notificaciones y 17 por la fuerza pública, haciendo un total de 36 desalojos ejecutados. Sobre los 101, que no son de su competencia, no se menciona nada al respecto.
Sobre el tema, Anapo denota que con las tomas ilegales, el departamento de Santa Cruz es el más afectado, pero la falta de control e intervención de las autoridades para frenar el problema origina conflictos por tierra también en Beni, Cochabamba y otras regiones.
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En mayo pasado, el sector advirtió que la producción de alimentos para el país sufre una nueva amenaza. Esta vez por el riesgo de que al menos 70.000 hectáreas en el municipio San Pedro, provincia Obispo Santiestevan, en Santa Cruz, destinadas al cultivo de soya, maíz y sorgo, fueron avasalladas por grupos irregulares.
Según el reciente informe de Anapo, los productores del Norte Integrado viven en la incertidumbre ante los constantes intentos de avasallamiento en cinco predios que cuentan con títulos de derecho propietario, mismos que se sumarían a los 237 ya registrados hasta el año pasado.