Causa inmensa preocupación en la salud pública de la sociedad mundial, el informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 26 de junio, en el que se destaca que la producción, el tráfico y el uso de drogas no se contienen en su avance ni por las medidas de prevención.
La Directora ejecutiva de UNODC, Ghada Waly, aseguró que 292 millones usan drogas al 2022, lo que representa que en 10 años se elevó el indicador del consumo.
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Consumen el cannabis 288 millones de personas, los opioides 60 millones, las enfetaminas 30 millones, la cocaína 23 millones y el éxtasis 20 millones.
Entre las consecuencias del consumo se cuantifica que aproximadamente 64 millones de personas en el mundo sufren serios trastornos, y tal es la falta de atención especializada que solo 1 de cada 11 reciben tratamiento. El caso de las mujeres es peor porque solo 1 de cada 18 mujeres tienen la fortuna de ser atendidas por el uso de droga.
En términos generales se estima que, en 2022, 7 millones de personas tuvieron problemas con la policía (recibiendo arrestos, amonestaciones, apercibimientos), relacionados con presuntos hechos de uso y posesión de drogas para su consumo.
Del total indicado, se procesaron 2,7 millones de personas por delitos relativos a las drogas y más de 1,6 millones tuvieron una sentencia en todo el mundo. Lo que explica que el 2022, 1,1 millones de personas carecen de sentencia condenatoria u absolutoria. Por tanto, el problema de presos sin condena es mundial y no solo en la justicia boliviana, aunque habrá que reconocer que en nuestro país rebasamos el 66,19 % de aprehendidos preventivamente; es decir, que 6 de cada 10 internos no tienen condena ejecutoriada.
Apunta el informe, que los traficantes de droga en el Triángulo Dorado se están diversificando hacia otras economías ilícitas: tráfico de vida silvestre, fraude financiero y la extracción ilegal de recursos, por ejemplo. Las víctimas de extracción de madera y caza de animales silvestres son las comunidades, que en ocasiones caen en la trampa del negocio ilícito. Esta forma de penetración y expansión desde luego contribuye a la deforestación y degradación ambiental, el vertimiento de desechos tóxicos y la contaminación química. Con relación a la contaminación ambiental la Corte IDH en el caso Oroya vs Perú ha establecido que los Estados están en el deber de prevenir los daños y a su vez proveer los servicios sanitarios de salud a las personas afectadas.
Con respecto a las consecuencias de la cocaína (sulfato base y clorhidrato de cocaína), se informa que en 2022 la cifra récord de producción fue de 2,757 toneladas de cocaína, que representa un aumento del 20% en relación a 2021.
El cultivo de coca aumentó 12% entre 2021 y 2022 hasta alcanzar la cantidad de 355,000 hectáreas. El auge de la cocaína y el suministro causa enormes daños a la salud y genera violencia no solo en países de América y del Caribe, sino también en los países de destino, incluidos las sociedades de Europa Occidental y Central.
La Legalización del uso de cannabis con fines no médicos en Canadá, Uruguay y en 27 jurisdicciones de EEUU, la venta ha generado mayor consumo entre personas jóvenes y adultas en Canadá y Estados Unidos, presentando los consumidores trastornos psiquiátricos e intentos de suicidio.
Con una política diferente a los anteriores países, en Afganistán al prohibirse el opio la producción cayó en un 74% en 2023, esta contracción hizo que los agricultores afganos fueran más pobres y unos pocos traficantes más ricos. En perspectiva futura y a largo plazo se prevé que los consumidores opten por la pureza de la heroína y otro tipo de opiáceos, a cuya consecuencia a mayor incremento del consumo las patologías mentales demandarán mejores servicios de tratamiento, fenómeno que repercutirá en los países de tránsito y destino.
El informe de la UNODC describe, como el derecho a la salud es un derecho humano reconocido internacionalmente que pertenece a todos los seres humanos, independientemente de la situación de uso de drogas de una persona o si una persona está privada de libertad, detenida o sentenciada a prisión. Esto incumbe por igual a las personas que usan drogas, a sus hijos e hijas, a sus familias y a otras personas de sus comunidades.
Se comprenderá que el objetivo de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es reducir las drogas ilícitas (cocaína, clorhidrato de cocaína, heroína, opio, cannabis, entre otras) y la delincuencia organizada en el mundo. Para lograr sus objetivos presta apoyo a los Estados de la ONU con asistencia técnica, asesoramiento jurídico e investigaciones.
Una política de interrelación global desarrollada por la UNODC, busca promover la paz, la seguridad mundial, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo, construyendo un mundo más seguro frente a la amenaza de las drogas, la delincuencia organizada, la corrupción, trata y tráfico de personas, tráfico de armas, y con el fin de promover en esencia la justicia y el estado de derecho.
Bolivia legalizó el cultivo de hoja de coca en 22.000 hectáreas cuando el MAS tenía dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (2017), producción que se ha extendido en las Áreas Protegidas Integrales de Apolobamba, Cotapata, Madidi, y en las Áreas Protegidas de Santa Cruz: El Choré, Amboró e Isiboro Sécure (más de 2.305 ha) llegando a la cifra aproximada de 32.000 hectáreas. De las cuales el gobierno afirma haber erradicado 10.000 ha, ocultando las 17.000 hectáreas excedentarias que la ONU le ha echado en cara a la política fallida del gobierno.
Se ha comprobado también, que la producción de la hoja de coca en el trópico de Cochabamba, el 94%, no pasa por mercados legales al provenir de un pequeño -estado sin ley-, cuya materia prima trianual tiene mercado seguro, cristalización garantizada, tráfico y fortuna con seguro de vida, y hasta con huida de Sebastián Marset (29-07-2023) que traficó aproximadamente 16 toneladas de droga entre Paraguay y Europa pasando por Uruguay. Y, a propósito ¿Cómo es que desde el 2018 ya se conocía de la presencia del narcotraficante Marset en Bolivia? y ¿Cómo no fue aprehendido en Santa Cruz si la policía le tendió un cerco estratégico?
Solo este caso demuestra la fragilidad institucional de la policía y del gobierno, que no tiene una política pública clara y transparente de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de droga y menos parece interesarle la preservación de la salud de la niñez y juventud boliviana cada vez más asediada por la inducción al consumo de cocaína y marihuana, incluso ofreciendo drogas dentro y fuera de un Colegio.
A esta altura, habrá que preguntarse ¿Cuándo a la policía la veremos actuar con la prontitud, fuerza y eficacia contra el narcotráfico? así como procedió a reprimir con fuerza y violencia contra la marcha y protesta justa que el pueblo de Santa Cruz decidió luchar por el censo 2023; marcha cívica y patriótica que costó arbitrariamente la detención y juzgamiento de varios integrantes de la Unión Cruceñista, que respiran por sus poros la libertad de los bolivianos, y también de valientes ciudadanos de Santa Cruz, por supuestos delitos de sedición y terrorismo contra el Rector, Vicerrector, Asesor Jurídico de la UAGRM, ex cívicos, y otros líderes del movimiento democrático.
Este caso, es sugerente, pero preocupante, al ser bueno abordar las formas de violación de derechos humanos por encima de la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos con acusación forzada en contra de lo que dispone el Derecho Convencional (art. 1 de la CADH), que es deber de los Estados respetar los derechos y libertades de las personas que tienen los Estados. De otro lado, la ausencia de salvaguardas y políticas efectivas abonan para que nuestra sociedad, los gobiernos y los sistemas sanitarios descuiden la adicción, sin trabajar en políticas que eviten la criminalización despiadada e inhumana.
Cabe mencionar que en Bolivia hay 1.335.00 millones de jóvenes entre 16 a 28 años que representa el 28,8 % de la población y alrededor de 38 % de niñas, niños y adolescentes, constituyendo el primer grupo los más vulnerables en trabajos de la cadena del procesamiento de droga en laboratorios de cocaína de los cártel: Comando Vermelho (CV), Comando de la Capital (PCC) y Sinaloa (CDS) que financian y controlan predominantemente el tráfico de cocaína andina que operan en el país hacia los mercados de América del Norte, Europa y Oceanía, realidad negada sistemáticamente por el gobierno del MAS IPSP.
El reclutamiento de jóvenes para actividades ilícitas no es una novedad por los jugosos sueldos que perciben, que a la larga podrían convertirse en potenciales consumidores de la droga y hasta del suministro. Lamentablemente, el sistema le da la espalda al problema de la droga y sus consecuencias en la salud de la niñez y juventud.
El Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD) informa que el 3,20 % admiten haber consumido cocaína y 4,0 % de la población boliviana consumieron alguna vez marihuana en 2023. Una vez más podría señalarse que en el país no hay una política sanitaria de prevención, no existen unidades científicas hospitalarias para el tratamiento de personas con secuelas de trastornos psiquiátricos para adictos a la droga y si los hay son insuficientes; y, en paralelo la lucha contra el narcotráfico es una parodia al descubrir megalaboratorios por decenas, pero, luego que estos en más de dos años de funcionamiento ya han producido y traficado la cocaína y clorhidrato por toneladas. Verbigracia en 2022 incautan 20 toneladas y ¿Cuántas toneladas tuvieron destino los mercados de Europa, Oceanía y Estados Unidos? Se repite en 2023 con la incautación de 33 toneladas, pero los peces gordos siguen con el sello de impunidad disfrutando de la mercancía negociada en el quíntuple de la incautada en Bolivia y, si les asiste el beneficio de la duda, pregunten a las policías especializadas de Chile, Paraguay y Brasil, que por los resultados parecen ser más eficaces y convencidos que la salud de su población y de la comunidad mundial es prioritaria.
La Dra, Nora Volkow, Directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), dice: “La adicción es una enfermedad crónica que se aborda mejor con la prevención y el tratamiento en lugar de juzgar y castigar”.
Pedro Gareca Perales