Según un informe de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), al menos cuatro factores están fomentando los avasallamientos de tierras en Bolivia.
Fuente: lostiempos.com
Estos son: “una estructura basada en ideología política, un marco legal diseñado a medida para organizaciones con intereses en la tierra, malas prácticas sindicales y la desinstitucionalización de las entidades estatales encargadas de la administración de tierras”.
El asesor legal de Anapo, Fernando Asturizaga, señaló que la situación está lejos de resolverse y que las ocupaciones ilegales de tierras se han intensificado en las últimas dos décadas. Durante las administraciones de Hugo Banzer, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, se modificaron decretos y leyes por la presión de marchas y bloqueos. Posteriormente, las organizaciones del Movimiento Al Socialismo (MAS), al llegar al poder, cambiaron la Constitución.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Es decir, se cambiaron todas las reglas para debilitar el derecho a la propiedad de medianos productores y empresas agropecuarias, todo acorde a las necesidades de las organizaciones movilizadas y su instrumento político”, destacó en el boletín de prensa.
Asturizaga recordó que estos grupos avanzaron significativamente utilizando la presión social ante gobiernos débiles e indiferentes a la problemática de la tierra. En el 2000, por ejemplo, estas organizaciones forzaron al Gobierno a reducir la superficie de la Reserva Forestal El Choré para entregarla al sector campesino.
Además, los avasallamientos se caracterizan por su violencia, la destrucción de haciendas y el sacrificio de ganado de alta genética. Después de iniciarse en La Paz y Tarija, el fenómeno de los avasallamientos se trasladó a Santa Cruz, donde se enfocó en familias extranjeras o supuestamente extranjeras.
Mientras que en Santa Cruz los avasallamientos se centran en la ocupación de grandes predios, en Cochabamba responden a intereses de loteamiento para vivienda en lugar de producción. En ambos casos, la Policía mostró una actitud permisiva.Estas actividades ilegales han continuado pese a la promulgación de la Ley 477 contra el Avasallamiento, en diciembre de 2013.