El gobierno peruano aprobó una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas. La iniciativa beneficiará al expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados. 
En medio del rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ley fue publicada este viernes en la gaceta oficial luego de que el gobierno decidió no observarla.
El texto anula procesos por presuntos crímenes cometidos durante el conflicto interno o «guerra contra el terrorismo» según las autoridades de la época, que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos entre 1980 y 2000.
Según la norma, «nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002», cuando entró en vigencia en Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
«Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra», destaca la ley que entrará en vigencia a partir del 10 de agosto.
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Según las autoridades peruanas, la ley sirve para precisar la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación local.
«Ley de Impunidad»
El gobierno rechazó que se trate de una amnistía encubierta o «ley de impunidad», como señalan grupos defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas de matanzas cometidas por militares entre 1980 y 2000.
«La controversia radica en que lo señalado en el estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad son aplicables al Perú solo después de la publicación de la ley. Así que desde el punto de vista de la aplicación inmediata de la ley penal no es cierto que la norma promueva la impunidad», dijo el jefe del gabinete Gustavo Adrianzén el miércoles.
Impulsada por la mayoría derechista que controla el parlamento unicameral, la norma permitirá la prescripción automática de unos 600 casos de presuntos crímenes de guerra investigados desde hace más de tres décadas, anunció la fiscalía.
Perú reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que quedó habilitada para intervenir en los crímenes más graves de guerra y de lesa humanidad cometidos después de 2002, cuando entró en vigor en el país el Estatuto de Roma.
La iniciativa generó desde julio el rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el peligro de dejar impunes ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas por fuerzas del Estado, que marcaron las décadas de 1980 y 1990.
Entre otros, esta ley beneficia al expresidente Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 a 25 años de prisión por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992.
El exmandatario de 86 años fue excarcelado el 7 de diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto humanitario, pese a la objeción de la justicia interamericana. Estuvo preso 16 años.
Rechazo de la ONU
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció el viernes que el Congreso peruano aprobase este proyecto de ley, al que considera contrario al derecho internacional.
«Lamento profundamente que en Perú vaya a entrar en vigor» esta ley, declaró Volker Türk en un comunicado. Según Türk, «la ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y es un hecho preocupante, en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el Estado de derecho en Perú».
«Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción», señaló.
El Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, estipula que los delitos más graves no prescriben.
«La falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuandoquiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en el Perú», aseguró Türk.