Una conversación con Quya Reyna y José de la Fuente sobre cuestiones actuales de la democracia boliviana.
Por Pablo Deheza
Fuente: La Razón
El punto sobre la i
Bolivia se encamina hacia un final de año marcado por una nueva cita con las urnas. El 1 de diciembre de 2024, las bolivianas y bolivianos están convocados para elegir a las nuevas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Además, existe la posibilidad de que ese mismo día se realice un referéndum sobre tres temas sensibles: la reelección presidencial, la subvención a los combustibles y la distribución de escaños parlamentarios.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó oficialmente la convocatoria para las elecciones judiciales el pasado martes, poniendo fin a un largo período de incertidumbre y disputas políticas. «La Sala Plena en el curso del día ha considerado la respuesta que nos ha remitido la Vicepresidencia y ha adoptado la resolución 264 por la cual se convoca a elecciones del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional para el día primero de diciembre del presente año», anunció Óscar Hassenteufel, presidente del TSE.
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Previamente, en su discurso por el aniversario patrio, el presidente Luis Arce sorprendió al proponer un referéndum sobre tres asuntos críticos, coincidiendo con las elecciones judiciales. «Anuncio este referéndum para decidir con el pueblo estos temas», declaró Arce, en medio de una compleja situación política, social y económica.
Para comprender mejor las implicaciones de estos eventos y su impacto en el futuro político de Bolivia, consultamos a dos reconocidos analistas políticos. José de la Fuente, abogado e investigador social cochabambino, y Quya Reyna, escritora, investigadora y comunicadora alteña son nuestros invitados en esta ocasión.
Elecciones judiciales
Los analistas ofrecen perspectivas contrastantes sobre la convocatoria a elecciones judiciales. Quya Reyna sostiene una postura escéptica, señalando que «por la crisis económica actual, las elecciones judiciales no generan interés en la población». Sugiere que estas elecciones podrían ser percibidas como «un mero formalismo de votación, pero con absoluta indiferencia». La autora argumenta que la ciudadanía no suele sentir conexión con el órgano judicial y que existe la percepción de que «estas elecciones no transformarán significativamente el sistema judicial ni impactarán en la economía», que considera la preocupación más urgente.
Por su parte, José de la Fuente ve en las elecciones judiciales «un hecho altamente positivo para el país; un desahogo», argumentando que el tema «envenenó la vida política por casi un año» y generó conflictos significativos. Afirma que su conclusión el 1 de diciembre «nos aliviará, aunque persista la vergüenza de los bochornos vividos en el Legislativo».
Ambos pensadores coinciden en que los consensos políticos para las elecciones judiciales reflejan la profunda crisis del sistema político boliviano, aunque difieren en sus interpretaciones.
José de la Fuente atribuye la falta de consenso a la implosión de los partidos políticos. «El MAS, que sostenía al gobierno con una relativa mayoría parlamentaria se fracturó sin retorno. Pasó lo mismo, o peor, con los dos partidos o agrupaciones de oposición, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, que se fragmentaron en cuatro o cinco pedazos», explica. De la Fuente destaca cómo las elecciones judiciales, especialmente el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se convirtieron en «la manzana de la discordia». Señala que, para el gobierno, el TCP fue «el instrumento mediante el cual se sacó de encima las arteras interpelaciones», mientras que para evistas y opositores fue «el demonio que había que liquidar para rendir al gobierno».
Quya Reyna cuestiona si realmente se puede hablar de consenso. Argumenta que ha sido «una acción largamente perseguida, principalmente por evistas y opositores». Reyna sugiere que es «más un acuerdo formalizado» que un consenso real, señalando que «ahora el arcismo ha dejado de obstaculizar este procedimiento». Atribuye este cambio a múltiples factores, incluyendo «procedimientos que se deben desarrollar en la agenda política del gobierno, el surgimiento de alternativas políticas que favorecen el objetivo de contrarrestar la candidatura de Morales, o una estrategia calculada ante la proximidad de las elecciones presidenciales».
Nuestros invitados señalan que las elecciones judiciales se han convertido en un campo de batalla político, reflejando las profundas divisiones y la inestabilidad del sistema político boliviano. Ambos subrayan cómo este proceso electoral ha sido moldeado por intereses políticos y estratégicos, más que por un genuino consenso democrático.
Expectativas Con todo, y pese a que finalmente están en curso las elecciones judiciales, tampoco hay razones para la algarabía.
La comunicadora alteña enfoca su análisis en la percepción y participación ciudadana. Anticipa una baja participación, argumentando que «existe la percepción de que estas elecciones no transformarán significativamente el sistema judicial ni impactarán en la economía, que es la preocupación más urgente».
Reyna anticipa que los resultados «reflejen una gran insatisfacción y malestar por parte de la población, lo que probablemente se traducirá en un alto porcentaje de votos blancos y nulos, como ha ocurrido en ocasiones anteriores». Además, indica que el proceso electoral «parece responder más a intereses de la agenda política que a una demanda social».
De la Fuente es particularmente severo en su evaluación del proceso. Basándose en experiencias previas, advierte que «confirmaremos que el mecanismo parlamentario de selección de candidatos que termina en elecciones judiciales es el peor mecanismo de selección que se nos hubiera ocurrido». El analista cochabambino describe las votaciones anteriores como «rayanas en la indigencia democrática», sugiriendo que el proceso actual podría seguir el mismo patrón.
Además, el abogado cochabambino expresa preocupación por la integridad del proceso, mencionando que «al medio del largo y enredado procedimiento legislativo vimos y escuchamos de chanchullos miserables, compra- venta de candidaturas y un rosario de hechos que ensombrecen el proceso en su conjunto». A pesar de estas críticas, reconoce la necesidad de cumplir con el mandato constitucional, pero aboga por un cambio fundamental: «que sean las últimas elecciones judiciales. Debemos modificar la Constitución… de manera que facultemos al Órgano Legislativo para cambiar el procedimiento mediante una Ley aprobada por dos tercios».
Los analistas coinciden en que las elecciones judiciales se han convertido en un evento político más que en una verdadera expresión de la voluntad popular. De la Fuente ve el proceso como fundamentalmente defectuoso y aboga por una reforma constitucional, mientras que Reyna enfatiza la desconexión entre estas elecciones y las preocupaciones inmediatas de la ciudadanía.
¿Referéndum?
La propuesta del presidente Luis Arce de realizar un referéndum sobre tres puntos cruciales – reelección indefinida, subvención a los combustibles y escaños parlamentarios – ha generado diversas reacciones entre los actores políticos y la ciudadanía. Las perspectivas de nuestros entrevistados resultan contrastantes sobre la pertinencia, el diseño y las posibles consecuencias de esta consulta popular.
De la Fuente adopta una postura más favorable hacia el referéndum, enmarcándolo dentro de los principios democráticos establecidos en la Constitución boliviana. «Entre las bases fundamentales del Estado, aprobadas en la actual Constitución Política está la democracia directa y participativa, como una de las formas de gobierno puesta por delante a la tradicional Representativa y con el primer mecanismo citado para su ejercicio que es el Referéndum», explica.
El analista cochabambino argumenta que «el principio político de convocar a la ciudadanía no puede estar en cuestión, es un recurso absolutamente valido y democrático». En su opinión, frente a la grave crisis política que vive Bolivia, el referéndum representa «una convocatoria al soberano para que con voto y por mayoría se resuelvan aspectos críticos».
El abogado e investigador aborda cada uno de los temas propuestos para el referéndum. Sobre la reelección indefinida, es categórico: «debe acabarse con la aparente indefinición ‘interpretativa’; aunque el texto constitucional es suficientemente claro. Este es un tumor de nuestra democracia que debe extirparse». Propone limitar los mandatos presidenciales, sugiriendo «Dos mandatos corridos y a su casa, muchas gracias; incluso podríamos pensar en el modelo mexicano de un único periodo de 6 años».
En cuanto a la subvención de combustibles, reconoce la complejidad del tema y sugiere un enfoque matizado: «puede consultarse si la alternativa es salvar la subvención al transporte público por sus consecuencias en los costos de la canasta familiar y castigar el transporte de las entidades públicas y el privado». Destaca la importancia de considerar no solo el aspecto económico sino también el ambiental, «tal como en tantas partes del mundo está sucediendo».
Sobre la redistribución de escaños parlamentarios, De la Fuente propone una solución pragmática: «la consulta solo sería útil y eficaz si por este medio eliminamos los más de 170 legisladores suplentes que no tienen utilidad alguna y se comprometería ‘compensar’ a los departamentos con derecho a mayor representación política con diputados por encima de los actuales 130».
Quya Reyna adopta una postura más crítica y escéptica hacia el referéndum propuesto. La escritora alteña expresa preocupaciones sobre la falta de claridad en los procedimientos y la posibilidad de irregularidades: «la falta de claridad en los procedimientos de este referéndum sugiere que podría haber irregularidades, similar a lo que ocurrió con el censo».
Reyna cuestiona la verdadera intención detrás del referéndum, sugiriendo que podría ser una estrategia política calculada: «cuando el gobierno planteó un referéndum de esta naturaleza, inferí en que la decisión será materializada a como dé lugar y que el proceso está en gran medida ‘cocinado’». Compara el proceso con un cabildo cruceño, donde «se llevan a cabo reuniones tras bambalinas, se diseñan preguntas que benefician a los organizadores y se busca obtener la aprobación o rechazo de la población de manera controlada o al menos, calculada».
La analista es particularmente crítica sobre la inclusión de la cuestión de la subvención a los combustibles en el referéndum. Argumenta que «este es un problema que debería ser abordado por profesionales en política económica, no por la población en general». Reyna sostiene que «La ciudadanía debería recibir soluciones a través de políticas integrales que mejoren su situación económica, en lugar de decidir sobre cuestiones complejas como la subvención».
Sobre la redistribución de escaños, Reyna advierte que este tema «se rige por un marco jurídico que no debería pasarse por alto mediante un referéndum». Argumenta que «para que estas modificaciones sean válidas, por eso mismo se basan en un censo que refleja los cambios demográficos en datos. No corresponde al gobierno tomar estas decisiones a través de una consulta popular».
En cuanto a la reelección, Reyna sugiere que «la consulta parece más orientada a inhabilitar a Evo Morales, a pesar de que la Constitución Política del Estado ya establece su inhabilitación y el Tribunal Constitucional Plurinacional ya había tomado una decisión al respecto». Cuestiona la necesidad de involucrar a la población en asuntos que, en su opinión, deberían resolverse según procedimientos jurídicos establecidos.
Reyna observa que el referéndum parece ser más una herramienta política que una genuina consulta democrática: «Parece que este procedimiento se utiliza principalmente para que Arce pueda legitimar sus decisiones y acciones bajo el pretexto de un ‘respaldo’ ciudadano». Advierte que estos «juegos políticos» no benefician a la población y desvían la atención de problemas más cruciales como «la inflación, la devaluación de la moneda y la falta de diésel».
Estas perspectivas contrastantes subrayan la complejidad del panorama político boliviano y los desafíos que enfrenta el país en su búsqueda de estabilidad y consenso democrático. El referéndum propuesto, lejos de ser una simple consulta popular, se perfila como un evento que podría redefinir aspectos fundamentales en el país.
Primarias Abordamos la cuestión de la supresión de las elecciones primarias en el caminohacia las futuras elecciones presidenciales de 2025. Quya Reyna resta importancia al tema, sugiriendo que «la única incidencia significativa es la habilitación de Morales». Considera que «no parece haber una razón convincente para llevar a cabo elecciones primarias» y que el conflicto generado es «irrelevante» en el contexto actual. La comunicadora argumenta que este asunto «no contribuye a resolver la evidente crisis institucional y de gobernabilidad que se ha agudizado en los últimos años».
De la Fuente afirma que «nadie va a extrañar la postergación de estas elecciones primarias, salvo el apresurado candidato que buscaba un resquicio por dónde habilitarse». Argumenta que las primarias de 2019 «se las inventaron para legitimar la candidatura de Evo Morales» y considera que es una oportunidad para «mejorar un mecanismo democrático que es útil y valioso para democratizar a los partidos».
Ambos analistas coinciden en que las primarias, tal como estaban diseñadas, no cumplían un papel significativo en el fortalecimiento del sistema democrático boliviano.
(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político
Fuente: La Razón