Sin embargo, convienen en que se debe arreglar el problema de límites para establecer las competencias territoriales de La Paz y Achocalla
eju.tv / Video: DTV
Boris Bueno Camacho / La Paz
Concejales del municipio de La Paz discrepan sobre la prevención y atención del deslave del pasado fin de semana en la zona de Bajo Llojeta, que provocó una mazamorra en combinación con las intensas precipitaciones y derivó en el fallecimiento de una niña de tan solo cinco años, así como la afectación a cuarenta familias cuyas viviendas fueron anegadas por el barro y el material de arrastre a lo largo de un kilómetro y medio en la parte baja de ese sector.
La concejala del Movimiento al Socialismo (MAS), Roxana Pérez del Castillo, cuestionó la falta de reacción oportuna de parte de los servicios de emergencia ediles, así como de la empresa en cuestión, porque una atención pronta podría haber minimizado el impacto de desastre; en tal sentido, apuntó a tres actores involucrados en el desastre; en primer lugar, la alcaldía de Achocalla por supuestamente haber dado el permiso para la remoción de tierras, tal cual constaría en actas firmadas con los representantes de la inmobiliaria Kantutani.
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“La empresa es absolutamente responsable también, porque no se puede mercantilizar la tierra y poner por encima de la vida y de la integridad física, del patrimonio y de los derechos y garantías de la población, (para precautelar) el enriquecimiento de algunas personas y grupos y, finalmente, el alcalde de La Paz también es responsable, porque el cementerio Los Andes está dentro del territorio de La Paz, además, que más allá del conflicto de límites, él dijo que conocía del movimiento de tierras”, remarcó.
La concejala paceña del MAS, Roxana Pérez del Castillo. Foto: captura pantalla
Sin embargo, la legisladora señaló que está a la espera del proceso de investigación que determinará las responsabilidades correspondientes por el evento que dejó a varias familias en riesgo de perder sus viviendas; en consecuencia, pidió una sanción ejemplarizadora para quienes resulten comprometidos ya sea por un afán de mercantilización de las tierras sin reparar en la seguridad de los vecinos, o también a aquellos funcionarios de los municipios comprometidos que hayan incurrido en la omisión de deberes.
“La población no puede estar con el corazón en la boca y en zozobra cada vez que llueva, sino que tengamos que estar a expensas de perder no solo el patrimonio, sino la integridad física nuestra y de nuestros seres queridos, lo que ha sucedido en Bajo Llojeta tiene que servir de reflexión para que se asuma las riendas de este municipio de una manera mucho más concreta en torno a la gestión, administración y el control del territorio”, puntualizó.
Criterio diferente al expresado por el concejal oficialista Óscar Sogliano, quien pidió esperar el resultado de una auditoría técnica que determine las responsabilidades en el caso que pudo evitar este tipo de desgracia; aunque, acotó que el origen de los impasses que el municipio de La Paz enfrenta se debe a los límites y las competencias, sobre todo cuando la alcaldía de la hoyada niega los permisos y las empresas terminan con el beneplácito de los otros gobiernos municipales, aspecto que provocó varios incidentes en las cuencas que atraviesan la sede de Gobierno.
“En seis años por lo menos hemos tenido cinco problemas en El Rosario, desprendimiento del material, estrangulamiento del río, agua que entró a las casas, lodo que se ha llevado estas, no es la primera vez que tenemos problemas y todo se debe a que en las partes altas están autorizando movimiento de tierras, están autorizando construcciones, se estrangulan los ríos por parte de loteadores y avasalladores que aprovechan el tema de límites, porque dicen como no me van a permitir en La Paz, me voy a Achocalla porque ahí si lo van a hacer”, dijo.
El concejal de la agrupación Por el Bien Común, Óscar Sogilano
En ese sentido, cuestionó a la Gobernación de La Paz por haber ‘brillado por su ausencia’ en el desastre de Bajo Llojeta, además que ni siquiera tomó cartas en el asunto sobre el tema de los límites entre ambos municipios; también criticó a los diputados uninominales de las circunscripciones Sur y Cotahuma que deberían ocuparse territorialmente el problema para promover una Ley de Límites en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que evite este tipo de incordios, tampoco se hacen cargo.
“Hay otras responsabilidades indirectas que tienen que ver con los diputados, con la gobernación, con el mismo Viceministerio de Autonomías, que no ha tomado en cuenta los trabajos que se han hecho durante años pasados y, lastimosamente, el no actuar en esto ha hecho que en un río como el Pasajahuira tengamos estos problemas, tengamos familias afectadas y, principalmente, la pérdida de la vida de una niña, que es trágico y nos duele”, resaltó.
Para el efecto, ambos asambleístas convinieron en que urge que se dé solución al tema de límites de La Paz con los municipios circundantes. Pérez del Castillo reiteró que el alcalde paceño debe consensuar con sus pares para iniciar el proceso de diálogo que permita una solución pacífica en el marco de la norma y Sogliano apuntó a la ALP como la instancia que debe poner un alto a estos problemas recurrentes mediante una norma que ordene las áreas geográficas en todo el territorio nacional.