El expresidente investigado por delitos como trata y tráfico de personas, y estupro agravado contra una menor de 15 años ahora lidera una huelga de hambre en Lauca Ñ junto a alcaldes de dos provincias del trópico de Cochabamba.
eju.tv
Juan Carlos Véliz / La Paz
El expresidente Evo Morales permanece atrincherado en el trópico de Cochabamba flanqueado por centenares de leales, entre ellos los alcaldes de los municipios de dos provincias que tienen mayor extensión territorial en Cochabamba: Chapare y Carrasco. Mientras desde la oposición piden que se emita de inmediato una orden de aprehensión contra el exgobernante para que responda ante la justicia por sus delitos.
“La gente del campo conocemos el trabajo del Presidente, cambió a favor de los más oprimidos, de los más humildes, de nuestro país, por eso estamos aquí junto a él, eso nunca vamos a olvidar (…), por eso nuestra gente está en la calle, en las carreteras. acompañando hasta las últimas consecuencias”, manifestó ayer el alcalde de Shinahota, Luis Arce Clemente, quien es una de las autoridades municipales que acompaña al exmandatario en la huelga que se instaló el viernes en Lauca Ñ.
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Morales comenzó con la medida de presión después de que la Policía y efectivos de las Fuerzas Armadas desbloquearon la carretera Cochabamba-La Paz cerrada por sus seguidores que buscan la anulación de los procesos judiciales iniciados contra el expresidente como la denuncia de trata y tráfico de personas, y estupro en contra de una menor de 15 años.
El bloqueo de carreteras en el departamento de Cochabamba comenzó hace 21 días después de que Evo Morales no se presentó a declarar por la denuncia de abuso sexual en la Fiscalía de Tarija y genera millonarias pérdidas a la economía nacional según los representantes de sectores productivos y escasez de carburantes en las ciudades y provincias.
El piquete de huelga de hambre del exmandatario fue reforzado principalmente por alcaldes y dirigentes de los sindicatos, entre ellos el presidente de la mancomunidad de municipios del trópico de Cochabamba y alcalde de Puerto Villarroel, Limber Cossio.
«En el fondo es una lucha de clases, por qué siempre hay tanto maltrato al sector indígena, a los campesinos, a los cocaleros. Esperemos que en algún momento el Gobierno reflexione y diga que esa gente que ayer balearon, patearon, torturaron, apresaron, esa gente le dio el voto, por eso está en el Gobierno», afirmó la autoridad edil.
Junto a Evo Morales también se encuentra el alcalde de Entre Ríos y dirigentes de los sindicatos del trópico de Cochabamba, aunque Morales tiene el control de todos los municipios de esa región como Villa Tunari, cuya alcaldesa Segundina Orellana pidió a los militares secuestrados que se sumen a las protestas evistas.
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Las provincias Chapare y Carrasco son las que tienen mayor extensión territorial de las 16 provincias de Cochabamba.
La primera provincia mencionada está compuesta por los municipios de Sacaba, Colomi y Villa Tunari mientras la provincia Carrasco está dividida en seis municipios: Totora, Pojo, Pocona, Chimoré, Puerto Villarroel y Entre Ríos.
Hace más o menos un mes, el exmandatario no abandonó esas provincias del trópico de Cochabamba y permanece protegido por centenares de afiliados a los sindicatos de productores de coca y hace una semana que la Policía y las instituciones del Estado dejaron esos municipios después de amenazas de violencia.
Los que no corrieron la misma suerte fueron los instructores y conscriptos de al menos tres cuarteles militares acantonados en las provincias que responden a Evo Morales, éstos fueron tomados como rehenes para que el Gobierno no desbloquee las carreteras y ahora pretenden canjearlos por los detenidos en el desbloqueo del viernes en el sector de Parotani.
“En la víspera (el viernes), tres unidades militares han sido asaltadas por grupos irregulares en la zona del Chapare, en el departamento de Cochabamba, tomando como rehenes a más de doscientos efectivos militares de estas unidades y apropiándose de armamento de guerra y municiones que se encontraba al interior de los recintos castrenses y que son para uso exclusivo de la institución armada, lo cual, al margen de ser un grave delito, se constituye en una amenaza y un riesgo para toda la población boliviana de imprevisibles consecuencias”, señala un comunicado de la Cancillería.
Al margen de tener el control territorial de al menos dos provincias, Evo Morales tiene personal militar y armas de fuego bajo su poder, y ahora plantea un diálogo con el Gobierno del que se alejó más o menos en 2021.
“Nuestra huelga de hambre es para que cese la represión y se instale de inmediato un diálogo sincero con acompañamiento internacional, junto a países amigos y organismos internacionales. Desde principios de septiembre hicimos conocer nuestro pliego petitorio. La respuesta de Luis Arce es la represión, el atentado contra nuestra vida, la guerra judicial y la toma como rehenes de decenas de nuestros compañeros, trasladándolos a La Paz”, publicó ayer el exmandatario en sus redes sociales.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anoche abrió la puerta al diálogo sobre demandas que le atañen al órgano Ejecutivo. “Una vez más reiteramos nuestra voluntad de diálogo, en temas que atañen al poder Ejecutivo”, manifestó en una conferencia de prensa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su creciente preocupación por la agudización de la conflictividad en Bolivia, en particular por la toma de un regimiento militar en Villa Tunari y la retención ilegal de integrantes de las Fuerzas Armadas por civiles.
Además el organismo internacional instó al Estado a tomar medidas inmediatas para garantizar la vida y la seguridad de las personas retenidas, así como a abordar los puntos de conflicto de manera efectiva.
Líderes de oposición y cívicos criticaron la inacción de las autoridades gubernamentales porque no aplican “mano dura” a un acto de sedición, separatismo y traición a la Patria encabezado por Evo Morales. Además pidieron que se emita de inmediato una orden de aprehensión contra el exgobernante por la denuncia de trata y tráfico contra una menor de 15 años que radica en la Fiscalía de Tarija.
Éstos delitos implicaría la detención inmediata del exmandatario para que sea juzgado ante tribunales ordinarios y un operativo militar de recuperación del control territorial de la zona del trópico; sin embargo, el Gobierno asumió hasta ahora esta crisis con serenidad.
“Le pedimos al Gobierno, le exigimos a Luis Arce que no tiene que dialogar con Evo Morales, con los violadores. Con los delincuentes no se dialoga, se los mete a la cárcel”, planteó el diputado Jairo Guiteras.
“Solamente en Bolivia se ve que un delincuente en serie, un pedófilo en serie, decida hacer una huelga de hambre para generar su propia impunidad, eso es indignante (…), lo que tiene que ocurrir aquí es la orden de detención en contra de Evo Morales por haber abusado de niñas y adolescentes y porque tiene otros cargos más por la toma de instalaciones de las Fuerzas Armadas, eso es traición a la Patria, también a tomado rehenes. Ha cometido muchos delitos”, protestó el diputado Beto Astorga.