Una segunda denuncia de legitimación de ganancias ilícitas implica al entorno de Evo Morales


En el primer caso también se vio involucrada la empresa estatal venezolana PDVSA que habría transferido el vehículo de alta gama a una joven de 21 años a un precio de $us 15 mil cuando el valor real era de $us 90 mil.

El expresidente Evo Morales usó una vagoneta que habría sido comprada a PDVSA Bolivia por una joven de 21 años. / Foto: Archivo

 

eju.tv
Juan Carlos Véliz / La Paz



Un abogado del expresidente Evo Morales ahora es investigado por legitimación de ganancias ilícitas después de que fue descubierto cuando intentaba comprar un vehículo valuado en $us 95 mil dólares como regalo para su novia. Se trata del segundo caso en el que se denuncia al entorno del exmandatario.

La primera denuncia fue realizada también por el ministerio de Gobierno en contra de una joven de 21 años (Tania N. Y.), quien compró un vehículo Toyota 4Runner modelo 2024 valuada en 90 mil dólares y era usado por el exmandatario, por ejemplo, en la marcha que encabezó contra el presidente Luis Arce en el mes de septiembre.

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La segunda denuncia indica que Martín Daniel I. F., uno de los integrantes del cuerpo de abogados de Morales, fue denunciado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, por movimientos bancarios sospechosos y la compra de un automóvil Audi Sportback Q5 del año por $us 95.000 y que pretendía regalar a una afamada bailarina de cumbia, según una investigación policial.

La Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) es un delito que consiste en ocultar el origen de bienes o recursos obtenidos de actividades criminales o ilícitas, para que parezcan legales. También se conoce como lavado de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales y tiene una pena privativa de libertad de entre cinco y 10 años.

En el primer caso conocido en medio de la marcha de Morales contra Arce se reveló que el vehículo fue vendido por la empresa estatal venezolana PDVSA en Bolivia a la joven de 19 años a un precio de 15 mil dólares.

Esta transacción llamó la atención de las autoridades del ministerio de Justicia porque se trataría de una operación irregular para evitar el pago de impuestos por la transferencia del motorizado y que implica a una empresa transnacional.

No se conocen los avances de la investigación.


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