De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil, es ínfimo el cumplimiento del Estado boliviano en el cumplimiento de las recomendaciones del EPU. El Ministerio de Justicia establece «avances» en un 85%
Fuente: ANF
El próximo 21 de enero, el Estado Plurinacional de Bolivia, será evaluado sobre el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el tercer Examen Periódico Universal (EPU), donde se comprometió a adoptar las medidas necesarias para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. La sociedad civil boliviana reporta que el cumplimiento ha sido escaso, mientras que el ministro de Justicia, Cesar Siles, señala que el avance ronda el 85%.
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de Naciones Unidas) que estipula que cada Estado Miembro se someta cada cuatro años y medio a un análisis de sus acciones en materia de derechos humanos.
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La relevancia del EPU radica en que es un mecanismo de seguimiento entre pares, entre los propios Estados, no existe otro que tenga estas características.
En el cuarto Examen Periódico Universal que se realizará este mes, Bolivia debe rendir su informe ante la ONU en relación a las recomendaciones que le hicieron los otros Estados y que adoptó en el tercer examen (2019).
“El Estado Plurinacional de Bolivia ha tomado atenta nota de todas y cada una de las recomendaciones, y en este tercer Examen Periódico Universal se compromete como lo hiciera en el segundo hace cinco años a analizar y a adoptar todas las medidas que sean necesarias para mejorar la situación de los derechos humanos de nuestro país”, afirmó el 5 de noviembre de 2019, el entonces ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, ante la ONU en Ginebra, Suiza. Sin embargo, organizaciones, instituciones, redes, colectivos, ONG, fundaciones conformadas en coaliciones de la sociedad civil han presentado informes que revelan el escaso seguimiento a las recomendaciones, que se agrupan en libertades fundamentales, derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, medio ambiente, entre otros.
La Red UNITAS se ha trabajado desde el enfoque de su trabajo a examinar el cumplimiento de las libertades fundamentales que son los “derechos declarados por la Constitución de cada país que gozan del máximo nivel de protección”. Es decir, se trata de derechos inviolables, inalienables e irrenunciables. En cambio, los derechos humanos no tienen limitación territorial.
El incumplimiento del Estado a las libertades fundamentales
Acceso a la información
En el informe que ha presentado junto a otras coaliciones ante la ONU en el mes de noviembre del 2024, se describe que en el caso del derecho de Acceso a la información “no se cumplió”. A la fecha, el país no cuenta con una norma que garantice este derecho.
Se presentaron al menos 10 propuestas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL), pero no se dieron curso, hasta que el año pasado en una comisión del Senado se aprobó un proyecto de ley que todavía debe pasar el filtro de la Cámara de Diputados.
Respecto al Acuerdo de Escazú que ha sido ratificado por el Estado boliviano, “su cumplimiento es casi nulo”. Precisa el informe que el año pasado se realizó el Foro Social Panamazónico (Fospa), con la participación de alrededor de 1.200 representantes de organizaciones indígenas de varios países de la región, con el objetivo de ir construyendo un nuevo modelo que preserve la vida.
Toda vez que no se cumplieron las recomendaciones del tercer examen del EPU, plantean que se vuelva a incluir en los temas pendientes para el Estado.
Libertad de expresión y libertad de prensa
“Aún no implementadas”, es la valoración que se hace respecto estos derechos que están garantizados en la Constitución Política del Estado (CPE). Sin embargo, la situación de vulnerabilidad de periodistas se mantiene como motivo de alta preocupación.
De acuerdo con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, en 2021 se registraron 67 violaciones, cifra que aumentó a 202 en 2022 y se redujo a 143 en 2023. Durante 2023, la libertad de prensa se mantuvo como el segundo derecho más vulnerado en los registros.
En 2024 se registraron un total de 915 vulneraciones, de las cuales 525 son vulneraciones a la institucionalidad democrática, 34 a la libertad de expresión, 150 a la libertad de prensa.
“Es alarmante que periodistas y medios de comunicación sean el grupo más afectado por violaciones de derechos”, señala el informe para el EPU; en el mismo también se hace énfasis en la “impunidad” en los casos relacionados a la libertad de prensa.
Además, entre 2021 y 2023, se registraron 32 casos de estigmatización contra defensores y periodistas, afectando a medios de comunicación en 27 de ellos. De estos casos, 18 fueron cometidos por agentes estatales. Otro problema es la violencia digital.
“Los medios independientes enfrentan asfixia económica por la manipulación de la publicidad y presiones a inversionistas”, añade el informe.
“A pesar de este panorama, no existen avances en las recomendaciones que en la materia han hecho organismos internacionales, urge, como identificó el GIEI Bolivia en su informe final la creación de un mecanismo integral no estatal de protección y asistencia a periodistas”, señala.
También se sugiere que al no haber sido cumplidas se vuelva a incluir las recomendaciones en el cuarto ciclo cuando el Estado presente su informe.
Libertad de reunión y derecho a la protesta
“Aún no implementadas”, sostiene UNITAS en relación a la revisión que realizó. En 2023, la libertad de reunión pacífica y protesta fue la tercera categoría de derecho más afectada.
En la gestión 2024, el Observatorio de Defensores de Derechos registró 95 vulneraciones a la libertad de reunión y protesta, 18 a la libertad de asociación.
En 2023, se registraron 61 casos de vulneraciones a la libertad de asociación, un incremento significativo respecto a años anteriores (15 casos en 2021 y 53 en 2022). La mayoría de estos casos (79%) involucraron obstrucción al funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil, y un 11% implicaron suplantación y división de estas organizaciones. Sin embargo, las cifras subestiman el impacto real debido al temor de muchas organizaciones a denunciar por miedo a represalias.
La instrumentalización política, el paralelismo, la división alentada por la creación de directivas son prácticas para el debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Un claro ejemplo es la intervención desde el aparato estatal y afines al partido de gobierno a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
Por otra parte, mencionan que la Ley 351 de otorgación de personalidades jurídicas, junto a su decreto reglamentario Nro. 1597, incluye causales desproporcionadas de revocación de la personalidad jurídica, están obligadas a que sus actividades contribuyan al desarrollo económico social, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la planificación y políticas nacionales.
Aunque recomendaciones del EPU y de otros organismos plantearon que la norma sea modificada para que se respeten los estándares internacionales del derecho a la asociación.
Consideran en su informe que “En la práctica, los trámites de otorgamiento de personalidad jurídica pasan por un pesado y moroso ejercicio de modificación de los proyectos de estatutos y reglamentos, como consecuencia de la actuación discrecional y arbitraria de los funcionarios públicos encargados que imponen cambios más allá de la normativa”.
Al considerar que no se cumplieron las recomendaciones piden que nuevamente se incluya en los temas pendientes de atención del Estado y se refuerce en el informe del grupo de trabajo.
Derecho a defender derechos
En relación a la defensa de los derechos, las recomendaciones del EPU figuran como “aún no implementadas”. Durante el año 2023, se documentaron 51 casos de violación a los derechos de las organizaciones y personas defensoras, marcando un incremento drástico en comparación a 2021, un decrecimiento respecto a 2022. En 2024 se incrementó significativamente a 93 casos.
Según las instituciones que trabajan con la protección de los derechos fundamentales las formas de vulneración son diversas, por ejemplo, la falta de protección en situaciones de riesgo, las amenazas y ataques. Esta falta de protección también devela la debilidad institucional y la ausencia de políticas públicas para defensores.
La judicialización y la criminalización de personas y grupos de defensores es otra forma preocupante de vulneración y que se está convirtiendo en una práctica muy recurrente, es el caso de los comunarios de Tariquia que defienden esa reserva de la exploración hidrocarburífera.
Hay casos evidentes de estas vulneraciones como la detención del líder cocalero César Apaza, la defensa de los territorios indígenas y ambientales que son amenazados. El caso más reciente es el despido de cuatro guardaparques por parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, entre otros casos.
Hacen notar que Bolivia no cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos y menos aún con leyes, planes ni políticas públicas de protección a las y los defensores de derechos, a pesar de las innumerables recomendaciones que el Estado ha recibido en ese sentido por parte de organismos internacionales
“Al considerarse no cumplidas estas recomendaciones, se solicita sean nuevamente incluidas y reforzadas en el informe del grupo de trabajo”, sostiene UNITAS.
Seguimiento de la Sociedad Civil al cumplimiento de las recomendaciones del EPU
De acuerdo a Claudia Terán, coordinadora del Programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos de UNITAS, en los temas que manejan citados anteriormente, más de 18 recomendaciones que ha recibido Bolivia en el último ciclo no se cumplieron, lo cual es “preocupante”.
“Por eso se establece una alianza, ha sido una buena forma que nosotros hemos encontrado como red UNITAS, para hacer seguimiento a estos temas y en conjunto a todos los temas de derechos humanos”, dijo.
Señaló que no sólo se trata de ser “críticos” sino también propositivos.
“No sólo es ser críticos y decir que nada se ha cumplido, sino hacer propuestas en relación a normativas, de ajustes, entre otros. Ser propositivos también desde el rol de la sociedad civil”, destacó.
Respecto a su análisis del informe oficial, que el Estado boliviano presentó en el mes de octubre al mecanismo de EPU, sobre el cual será evaluado en este mes, en algunos puntos no se da ninguna información y se hace afirmaciones como de que la “justicia” en Bolivia es “independiente”.
“Estamos analizando el informe oficial, estamos siendo exhaustivos en nuestra revisión y encontramos por ejemplo en el caso del acápite de derechos de defensores de derechos que no se consigna casi ninguna información; sólo se hace referencia a normativa a la constitución, y afirma que Bolivia tiene una justicia independiente. Entonces, creo que hay que analizar incluso cuestiones de forma de los informes, con los cuales hay que ser críticos”, apuntó.
Informó que las organizaciones de la sociedad civil, no sólo se activan para el examen del Estado, sino que hacen un seguimiento de forma permanente.
“Nosotros monitoreamos constantemente sobre las libertades fundamentales, y sobre esa base se hace recomendaciones y propuestas al Estado, esta posibilidad está dentro del mecanismo del EPU, para que la sociedad civil presente su posición, su versión”, agregó.
Por su parte, Mónica Bayá representante de la Comunidad de Derechos Humanos afirmó que el Estado boliviano tiene la obligación del cumplimiento de todos los compromisos que se ha asumido en el tema de derechos humanos a partir de la ratificación de los tratados internacionales del sistema de Naciones Unidas, particularmente el EPU.
“Desde la sociedad civil tratamos de participar durante todo ese proceso, ahora se va a realizar una nueva evaluación a Bolivia de este mecanismo. Hemos elaborado informes de la situación de los derechos humanos, el grado de cumplimiento de las sugerencias, se realizó una evaluación lo más objetiva posible, basada principalmente en evidencias. En general creemos que si hay algunas medidas que se han cumplido tal vez son las menos, hay varias que están en proceso, pero son muy pocas las que se han llegado a cumplir totalmente”, señaló.
Obstáculos para que el Estado cumpla recomendaciones del EPU
Según Bayá uno de los obstáculos que el Estado Plurinacional tiene para el cumplimiento de las recomendaciones del EPU, es que existe en las instancias estatales un “desconocimiento” sobre las mismas.
“No hay una comprensión cabal, de las diferentes instancias de Estado, de la importancia de estas recomendaciones, no se las socializa adecuadamente, no son utilizadas en general en los procesos de planificación de las políticas públicas”, indicó.
Insistió que, en el momento de definir políticas, leyes e inversiones, no debería suceder hechos como el registrado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, donde se redujo el presupuesto para la lucha contra la violencia de la mujer, sobre la cual hacen recomendaciones no sólo el EPU sino otras instancias internacionales.
“El Estado debe integrar el enfoque basado en derechos humanos en sus políticas, que implica cumplir estas obligaciones y recomendaciones. Pongo un ejemplo, mi institución trabaja en la violencia contra las mujeres niñas, niños y adolescentes; y este año hubo una reducción en el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia; cuando es un tema que es recurrentemente en varios mecanismos internacionales, no solamente en el EPU”, señaló.
Añadió que la sociedad civil, no sólo hace seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del EPU, sino que realizan propuestas para que sean implementadas.
“Como sociedad civil sobre todo las organizaciones de derechos humanos procuramos impulsar su cumplimiento; nosotros en esta etapa hemos hecho publicaciones de la difusión de las recomendaciones, hemos organizado algunos talleres, hemos tratado de mandar medidas de fortalecimiento a los mecanismos del Estado. También hemos presentado propuestas al legislativo para fortalecer algunos servicios en materia que nos compete”, agregó.
Gobierno estima un significativo avance de más de un 85%
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles, encabezará la delegación boliviana el 21 de enero para la revisión durante el Examen Periódico Universal, que se realizará en Ginebra, Suiza.
La autoridad informó a la ANF a través de un cuestionario que es “difícil determinar cuántas de las 238 recomendaciones se han cumplido o el porcentaje exacto de cumplimiento”.
“Es importante mencionar que entre 2019 a 2024, el Estado ha realizado acciones para lograr el cumplimiento de todas las recomendaciones, habiendo logrado un significativo avance que estimo puede ponderarse en más de un 85%”, afirmó.
El Estado boliviano presentó su informe en octubre de 2024, en el mismo dio cuenta de los “avances” en los siguientes grupos de derechos: Ratificación de instrumentos internacionales, cooperación internacional y mecanismos para presentación de informes de Estado.
En el marco legislativo y política de derechos humanos; en el contexto de los derechos humanos durante el gobierno de facto.
En Derechos Civiles y Políticos, los cuales incluyen, la igualdad y no discriminación, la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, la administración de justicia y juicio justo, transparencia y lucha contra la corrupción, memoria y verdad, procesos electorales y derechos políticos, derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, derecho a la libertad de expresión y acceso a la información y libertad de pensamiento, conciencia y religión
Los Derechos Económicos Sociales y Culturales, que contemplan el derecho al medio ambiente, derechos laborales, desarrollo de políticas sociales, derecho al agua y saneamiento, derecho a la vivienda, derecho humano a la salud, derechos sexuales y reproductivos y el derecho humano a la educación
Asimismo, respecto a Grupos en riesgo de vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran los derechos de las y los defensores de derechos humanos, trata de personas, derechos de las personas LGBTIQ+, derechos de las mujeres, derechos de niñas, niños y adolescentes y derechos de las personas con discapacidad.
Y en Derechos humanos de naciones y pueblos indígena, originario campesino, enfatizando el derecho a la consulta, sostiene el Ministerio de Justicia.
En relación al informe alternativo de la sociedad civil en el que se hace notar el incumplimiento del Estado, el ministro señaló que son “conscientes que algunos de estos informes son muy críticos a la labor del Estado”, pero están convencidos de los avances en varias temáticas, al mismo tiempo destacó que esa mirada crítica sirve como retroalimentación para continuar en el trabajo por la plena vigencia de los derechos humanos. “Al ser el EPU un mecanismo que evalúa todos los derechos humanos, las recomendaciones que emanan del mismo implican un compromiso integral del Estado como garante del cumplimiento y promoción de estos derechos. Es así que, tomamos con gran seriedad y responsabilidad el seguimiento al cumplimiento sus recomendaciones, así como de todas aquellas que son emanadas de los otros mecanismos de protección. Prueba de ello es la creación de la Comisión para la Elaboración y Presentación de Informes de Estado sobre Derechos Humanos y de Seguimiento a Recomendaciones – CPIE, Comisión integrada por El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General del Estado”, precisó la autoridad.
/Producción para Sumando Voces/
Fuente: ANF