Gobierno afirma que la disposición confiscatoria está en pausa mientras no exista una reglamentación


Los gremiales del país dieron al Gobierno un plazo hasta el 31 de diciembre para que anule la disposición séptima del PGE que establece confiscaciones de mercaderías.

eju.tv / Video: Red Uno
Juan Carlos Véliz / La Paz



El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, aclaró que la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) “está en pausa” mientras no exista una reglamentación biministerial por lo que exhortó a los sectores movilizados a que participen en la elaboración de la norma.

“La disposición séptima establece claramente que para la aplicabilidad de esta normativa se debe aprobar una reglamentación y esa reglamentación debe ser aprobada por una resolución biministerial, firmada por dos ministerios, por lo tanto mientras no tengamos esa reglamentación esta disposición está en un estado de pausa, esperemos que se pueda reflexionar y este sector pueda participar al igual que ya han hecho conocer otros sectores en la elaboración de la reglamentación”, informó la autoridad anoche en una entrevista con la red Uno.

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Los gremiales del país, en un ampliado nacional, determinaron ayer dar al Gobierno un plazo hasta el 31 de enero para que anule la disposición confiscatoria del PGE, de lo contrario amenazaron con una “gran marcha” el martes 4 de febrero.

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La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Esta disposición que entró en vigencia el 1 de enero de este año encendió las alarmas en empresarios, productores y comerciantes que anunciaron movilizaciones hasta que el Gobierno derogue la medida.

Para el viceministro Silva, detrás de estos anuncios existen políticos-empresarios que pretenden “asfixiar” el modelo económico implementado por el Gobierno.

“Son los mismos actores, no son nuevos, por lo tanto las acciones que vienen realizando es en forma recurrente y son las mismas viejas prácticas de querer asfixiar económicamente al país para hacer política mucho más en este año electoral”, afirmó Silva.

La disposición confiscatoria puso en alerta a varios sectores como los gremiales que exigen su derogación. / Foto: Unitel


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