La determinación se asumió este jueves tras una reunión nacional en Sucre, en rechazo a la disposición transitoria de la Ley Financial, piden que norma sea derogada.
Fuente: Unitel
Pasado el mediodía de este jueves sectores económicos confirmaron que el 10 de febrero acatarán un paro nacional de 24 horas para exigir al Gobierno Nacional que derogue la disposición séptima sobre decomisos de la Ley Financial. El ampliado nacional se realizó en Sucre, capital del país.
Los sectores reclaman desde hace semanas que se derogue la disposición y la anterior semana ya habían advertido con ejecutarán movilizaciones a partir del 10 de febrero, si no se deroga la norma que cuestionan.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, pidió a las autoridades que los dejen trabajar para generar ingresos para el país. “En caso de no tener esta derogación (de la disposición), los integrantes de la cadena de abastecimiento realizaremos un paro movilizado nacional de 24 horas”, confirmó González al momento de leer las conclusiones acompañado de representantes de distintos sectores.
Por su parte, el Gobierno ha vuelto a descartar la noche del miércoles la anulación de la norma y, por el contrario, reveló que ya tiene un anteproyecto de la reglamentación y alista un decreto.
Así lo ha señalado el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, tras confirmar que seguirá insistiendo en la convocatoria a los sectores que se oponen a la medida.
Pronunciamiento de sectores
González remarcó que defenderán en las calles la propiedad privada.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, reiteró la preocupación de las distintas cámaras económicas. Pidió al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) derogar la norma, que a su criterio, “es la mejor decisión”.
”Nosotros no especulamos, no hacemos agio, no conspiramos, no hacemos política. Nosotros producimos y aquí en Sucre está Bolivia, cuya única prioridad es poder trabajar y producir con seguridad jurídica” , sostuvo.
Determinaciones por la Seguridad Jurídica del Abastecimiento de Productos a la Población
Con mucho respeto nos dirigimos al Gobierno Nacional y a la Asamblea Legislativa Plurinacional para expresarles nuestro compromiso de trabajar por los bolivianos en las distintas actividades que desarrollamos como cadenas de producción y abastecimiento.
En este ultimo periodo, las autoridades, lejos de resolver los inconvenientes para incrementar la producción y asegurar el abastecimiento a la población de alimentos, divisas, combustibles y seguridad jurídica, se empeñan en crear normas que dañan a toda la cadena productiva, amenazando y presionando al sector productivo del País.
En este momento no deberíamos estar discutiendo normas para imponer más controles que lejos de contribuir a resolver los problemas los incrementan y ponen en vilo al país, deberíamos estar discutiendo temas vinculados a la reactivación económica, a la seguridad jurídica, al desarrollo de la biotecnología, a mecanismos que nos permitan superar la falta de combustibles y divisas entre otros.
Nosotros no hacemos política, los políticos son los que Gobiernan. Anhelamos con dedicarnos solamente a producir, comercializar y transportar, pero tenemos que pasar tiempo buscando como defendernos de los que nos quieren destruir.
El Gobierno nos da toda la razón cuando indica que las sanciones contra el agio y la especulación ya existen y se aplican. Por tanto, ¿Cual es la necesidad de introducir, de contrabando, la Disposición Adicional Séptima al PGE? Estamos cansados del atropello y las extorciones.
La falta de divisas y carburantes, el contrabando y otros factores que están golpeando a todas familias bolivianas, no son responsabilidad de los que abastecemos de productos.
Todas las medidas de intervención y amedrentamiento aplicadas hasta hoy con un discurso engañoso de combatir el agio y la especulación, no resuelven la falta de algunos alimentos ni la escasez de divisas e hidrocarburos.
Por tanto y en vista de que no tenemos ninguna respuesta del Gobierno Nacional ni la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la derogación de la Disposición Adicional Séptima, se resuelve lo siguiente:
1) Exigimos al Poder Ejecutivo realizar gestiones inmediatas para la derogación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto 2025.
2) Exigimos al Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Nacional, poner sus buenos oficios de inmediato para derogar dicha disposición.
3) En los próximos días, presentaremos una propuesta de Ley para la respectiva derogación.
4) En caso de no tener la derogación, los integrantes de la cadena de abastecimiento realizaremos un paro movilizado nacional de 24 horas el 10 de febrero de 2025.
5) Ninguna de las instituciones integrantes de este ampliado y las que son parte de las cadenas de abastecimiento, asistirá a ninguna reunión para tratar la reglamentación de dicha disposición.
6) Pedimos a nuestras autoridades que piensen en la población y nos dejen trabajar para continuar produciendo en favor del País.
7) Ratificamos las resoluciones del primer y segundo ampliado multisectorial.
Es dado en la ciudad de Sucre a los 30 días de enero de 2025.
Determinaciones por la Seguridad Jurídica del Abastecimiento de Productos a la Población