La fecha definitiva, que podría ser entre la primera y la segunda semana del mes de agosto será definida por el pleno del Tribunal Supremo Electoral, afirmó el vocal Vargas
El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas | Captura
Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirmó este viernes que la fecha final de las elecciones generales será decidida en Sala Plena con base a los análisis técnicos e administrativos, pero que, en términos generales, las elecciones serán en agosto, la segunda vuelta en octubre y la entrega de credenciales en noviembre.
«La fecha definitiva, la fecha inamovible para la elección será definida por el pleno, por la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo Electoral”, afirmó Vargas a Unitel.
“Para ello hemos encomendado a nuestras direcciones nacionales que nos haga un análisis técnico y jurídico, a objeto de determinar ya la fecha definitiva e inamovible, que podría ser entre la primera y la segunda semana del mes de agosto”, indicó.
Dijo que la fecha clave para el cálculo es el 8 de noviembre, porque ese día debe entregarse las credenciales a las nuevas autoridades.
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“Las elecciones deben ser en el mes de agosto, la posible segunda vuelta, la Constitución determina que debe ser realizada 60 días después de la elección, por lo tanto, la segunda vuelta debe realizarse en el mes de octubre, y partimos de la fecha hito, que es la más importante que vendría a ser el 8 de noviembre”, indicó.
Esta fecha marca todos los plazos hacia atrás, toda vez que el 8 de noviembre es la fecha en la que se debería estar entregando los credenciales a las nuevas autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo este 2025, explicó.
En ese sentido, remarcó que “la elección debe realizarse en los plazos y tiempos definidos por el órgano electoral: Una elección en agosto, una segunda vuelta en octubre, y la entrega de credenciales en noviembre”.
Reunión con el TCP
El TSE se reunió ayer con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), dirigido por los prorrogados.
Vargas explicó que los vocales presentes explicaron a los magistrados “los riesgos que conllevarían el poder modificar o conocer decisiones que puedan afectar el normal desarrollo del proceso electoral”.
“Hemos pedido también respeto a las funciones y atribuciones propias del TSE y ante todo hemos pedido que exista un pronunciamiento en el que se ratifique el principio de preclusión”, afirmó.
Explicó que este principio se constituye en la seguridad, en la garantía para la ejecución de los procesos electorales, y viene a ser un patrimonio de nuestro sistema electoral.
“Entonces hemos podido decir lo que pensamos cada uno de los que hemos participado en esta reunión y hemos recibido el compromiso del Tribunal Constitucional de no interferir, de garantizar ante todo el cumplimiento de la Constitución y de que este proceso electoral debe llevarse adelante en los plazos, en los tiempos y de acuerdo al calendario electoral que va a ser definido por el TSE en el marco de sus competencias constitucionales”, dijo.