Por Fernando Chávez Virreira
Las redes internacionales de cazadores furtivos han convertido a Bolivia en la meca del tráfico del jaguar. Al país llegan europeos y asiáticos tras su galardón más codiciado en una competencia ilegal para obtener “su trofeo”, según denuncias activistas en defensa de los animales.
“Desde 2015, Bolivia es la meca de la caza de jaguares. Es el lugar donde se han encontrado los casos más relevantes y las redes más grandes. Vienen a América con la mentalidad de ‘me falta este para mi colección”, declaró Lisa Corti, representante del colectivo activista Llanto del Jaguar, en un reportaje que publica este martes el diario español El País.
Este imponente animal, dice el artículo, que puede llegar a medir dos metros de largo y pesar más de 130 kilos, ha sido venerado como símbolo de fuerza e incluso considerado una deidad por las culturas ancestrales. Razones que lo convierten en el trofeo de caza más apreciado, lo que ha llevado a europeos y asiáticos a buscarlo en el corazón de Sudamérica.
Mientras, las investigaciones contra estos crímenes se ven entorpecidas por la falta de personal y de preparación de las autoridades bolivianas, asegura ese medio. De hecho, el fiscal a cargo no lleva ni tres meses en el puesto y hasta ahora lideraba una unidad contra el narcotráfico.
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En Bolivia, se cazan furtivamente cerca de 60 jaguares al año, la mayor cantidad de toda Latinoamérica, según un informe de 2022 de la Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas (Cites). A nivel mundial, el 50% de la distribución histórica de este animal se ha perdido y, en la actualidad, existen cerca de 64.000 ejemplares, casi todos concentrados en la Amazonia y el Pantanal.
“Cuanto más escaso, más codiciado”. Con ese discurso, Noya, veterinario de profesión, promocionaba paquetes de caza de hasta 48.000 euros en las páginas web Online Hunting y African Hunting, además de captar clientes presencialmente en eventos cinegéticos de España y Estados Unidos, dice la nota.
En la lista de precios del argentino, en la que se ofrecían hasta 15 tipos de especies, el jaguar no solo era el más caro, sino que la diferencia de precios era abismal. La caza de un ejemplar costaba 10.000 euros, mientras que el segundo más costoso, el ocelote, tenía un precio de 1.700.
“Se presentaba como una empresa legal que cazaba animales regulados y, una vez hecho el contacto, incluía a la fauna protegida”, explica el abogado Rodrigo Herrera, uno de los denunciantes del caso que fue abierto por la fiscalía boliviana a finales de enero.
La «mafia» china
Herrera también se enfrentó a una mafia china que, entre 2013 y 2018, exportó cientos de miles de colmillos de jaguar a Asia. Los cabecillas de la organización eran una pareja que fue sorprendida con 185 dientes del felino y varias otras partes del cuerpo, como las garras y las extremidades.
“En China, los colmillos se usan como amuletos o collares porque se cree que ofrecen protección contra los malos espíritus. Además, otras partes se utilizan en la medicina tradicional. Ellos piensan que no fueron obtenidos matándolos, sino recogiéndolos de cuerpos que fallecieron por causas naturales”, cuenta el guardaparques y uno de los investigadores del crimen, Marcos Uzquiano, que cita ese diario.
A través de anuncios en la radio en municipios de la Amazonia boliviana, como San Borja o Rurrenabaque, se ofrecían 250 dólares por cada jaguar cazado. En Asia, sin embargo, se comercializaban por hasta 2.500 dólares. “Los ganaderos lo aceptan porque los felinos, a causa de los incendios y la deforestación en la Amazonia y la Chiquitania, no tienen otra opción que salir del corazón del bosque y atacar al ganado”, detalló Uzquiano.
Otra de las grandes razones por las que el jaguar está amenazado es la pérdida de su hábitat: hasta 2015, la deforestación de espacios naturales alcanzó los 5,7 millones de hectáreas en Bolivia, según la organización WWF. “De todas las incautaciones realizadas desde 2010 en adelante, más del 50% están relacionadas con China de alguna manera”, apunta el abogado Herrera.
La creciente presencia de migrantes chinos en Bolivia se debe a las cercanas relaciones diplomáticas entre ambos países, que han permitido la concesión de proyectos de infraestructura, como carreteras y obras civiles. Antes del caso de la pareja traficante, entre 2014 y 2016, la Policía boliviana incautó 337 partes de jaguar en 16 paquetes, 14 de ellos enviados por ciudadanos chinos que trabajaban en Bolivia.
Ambos, la pareja, están acusados por los delitos de biocidio, destrucción y deterioro de la riqueza nacional, y tráfico ilegal de vida silvestre.
No obstante -dice El País- el Código Penal boliviano no suma las penas de manera acumulativa, sino que impone la más alta (ocho años en este caso), aunque se puede añadir una agravante proporcional.
Quienes siguen el caso de cerca lamentan que la investigación transcurra de forma atropellada y lenta. El fiscal asignado al caso, Miguel González, todavía no ha recibido una respuesta del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sobre si la casona que aparece en las fotos de Noya con los cadáveres de los jaguares es privada o pública para proceder con un allanamiento.
“Lamentablemente, el Estado es demasiado débil en su capacidad institucional para hacer cumplir la ley. Además, el personal público está muy mal capacitado”, denuncia el abogado Herrera.
La activista Corti ejemplifica este desconocimiento cuando los jueces del caso de la mafia china se quedaron, en un principio, con las pieles y colmillos incautados, cuando por normativa debían ser entregados al Museo de Historia Natural Noel Kempff. El proceso tuvo 12 audiencias suspendidas.