En Potosí anuncian la radicalización de las movilizaciones y paros escalonados, asimismo, otras instituciones advierten que la situación se agravará si no se escucha la voz del pueblo.
eju.tv / Video: BTV
Boris Bueno Camacho / La Paz
A medida que se conoce el contenido de los contratos suscritos por el gobierno de Luis Arce Catacora con dos empresas extranjeras, una china y otra rusa, para la explotación del litio; crece el descontento tanto en Potosí, departamento que alberga las ingentes cantidades de litio, así como en el resto del país, porque diferentes sectores estiman que no beneficiarán en nada al país, más bien, servirán para depredar el medio ambiente por las características ‘depredadoras’ de esos acuerdos transaccionales.
La pasada jornada, una delegación gubernamental fracasó en la socialización de los contratos del litio en Potosí, porque la propia ciudadanía autoconvocada irrumpió en el evento para dar a conocer su rechazo a los convenios suscritos por el gobierno; horas después, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, anunció la radicalización de las movilizaciones en ese departamento y advirtió con un paro de 24 horas seguido de otro de 48 horas.
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Comcipo determinó que los diputados de ese departamento ingresen en huelga de hambre en rechazo a los contratos del litio que fueron suscritos sin realizar la consulta previa al pueblo potosino. “Está en pie un paro de 24 horas, pero viendo que el Gobierno continuará de la manera más tozuda con esto, lo que vamos a hacer es entrar en movilizaciones con contundencia y se ha indicado que todos nuestros diputados tienen que entrar en una huelga de hambre”, informó Pérez.
Manifestantes irrumpieron en la socialización de los contratos en Potosí. Foto: Los Tiempos
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) por Potosí, Mónica Torres, inició la extrema medida en demanda de la anulación de los contratos para la explotación de litio. “Estamos instalando un primer piquete de huelga en la Asamblea con la intención de que el Gobierno reaccione y anule estos contratos. Esperemos que se vaya masificando. El departamento de Potosí debe ser escuchado y debe dejar de ser la vaca lechera dándolo todo al país”, afirmó la asambleísta.
Ante ello, el analista cruceño Gustavo Pedraza afirmó que el tema del litio es sensible para todo el país y cuestionó al gobierno de Arce por no obrar con transparencia y hacer de la explotación de ese mineral una bandera electoral, por ello, la necesidad de legalizar los contratos con las empresas china y rusa, para que la retórica de la industrialización del mineral sirva de soporte para una eventual campaña de Luis Arce Catacora.
Las protestas se trasladaron a la sede de Gobierno. Foto: APG
En consecuencia, señaló que Arce Catacora y su entorno deben asumir que se encuentran en una situación de crisis y “dejar de lado el discurso de que la economía está bien, que se va a recuperar y que están planteando la industrialización de litio. La realidad señala otra cosa”, aseveró, para luego interpelar la forma autoritaria en que busca imponer sus decisiones como en el caso de ese recurso natural. “No está eligiendo la democracia, la sinceridad y eso es lo que la gente le reclama”, sostuvo.
La crítica se genera también en el ámbito político. El diputado Walthy Egüez criticó al gobierno por socializar los proyectos de contrato para la extracción y comercialización de litio sólo con sus grupos afines, no con el grueso de la población que necesita despejar sus dudas respecto a esos proyectos que deben ser beneficiosos para el país y no de forma exclusiva a las empresas que participarán de la cadena de producción del mineral.
Las protestas invaden las calles potosinas todos los días. Foto: APG
“Lo decimos con conocimiento de causa, por lo menos el contrato con la empresa de china (CBC Hong Kong) es beneficioso solamente para la empresa extranjera y no para el pueblo boliviano; es por eso que los potosinos y el pueblo orureño se manifiestan porque ven insuficientes sus regalías y los beneficios para el país”, sostuvo el asambleísta miembro de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara Baja.
Preocupación que es compartida por la Fundación Jubileo, la Fundación Solón y otras 37 instituciones, que aseguran que los contratos con las empresas rusa y china generan alertas económicas y medioambientales, porque imponen costos y riesgos para el Estado Boliviano, sin embargo, no garantizan utilidades justas y suponen una degradación del hábitat en las regiones donde se explotará ese recurso natural finito.
Instituciones alertaron sobre los riesgos de los contratos del litio. Foto: APG
“Los contratos firmados por el Gobierno con las empresas Uranium One Group y CBC dejan el peso de los riesgos en el Estado boliviano, incluso con aplicación de penalidades (cuando no se abastezca con la suficiente cantidad de salmuera residual). Si bien se establece que las inversiones corren por cuenta de las empresas rusa y china, cada una con aproximadamente 1.000 millones de dólares, esos montos deberán ser devueltos con la producción de carbonato de litio. De la misma manera, en ambos casos, los operadores de las plantas son las empresas rusa y china, y sus costos también serán cubiertos con la producción”, alertan dichas instituciones.
Además, aseveran que las estimaciones de las utilidades no son correctas, porque se las calcula con una cotización superior a 25.000 dólares por tonelada, cuando la cotización actual oscila alrededor de los 10.000 dólares por tonelada; sin perspectivas de que vaya a subir en el futuro. “Los costos de producción son más altos que los ingresos por comercialización. Nada garantiza ingresos justos para el país” alertan, para también cuestionar que no se consultó a las comunidades que serán afectadas por el uso de agua para esos proyectos antes de la suscripción de los contratos.
Al respecto, el Consejo Autonómico de Control Social del Comité Cívico de La Paz expresó su ‘indignación ante el posible atentado y traición a la patria’ por la suscripción de los contratos del litio sin haber efectuado la consulta previa correspondiente y acusó al gobierno de Arce Catacora de incumplir los mandamientos de la Constitución Política del Estado, específicamente el artículo 3, parágrafo 49 indica que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo del pueblo boliviano.
“También se han olvidado de aplicar el artículo 3:51, parágrafo tercero de la CPE, que dice que la administración y gestión de los recursos naturales se realizará garantizando la participación y control social en el diseño de políticas sectoriales. Estos señores ya están a un paso de irse y están queriendo comprometer el futuro de los bolivianos; (…) no permitiremos que estos contratos sean aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)”, afirmó Flavio Chacón, presidente de esa instancia cívica.
La planta de litio en Uyuni. Foto: AFP
En las pasadas horas se conoció que la Cámara Baja determinó paralizar el tratamiento de los contratos del litio hasta que el contenido sea socializado tanto en el departamento de Potosí como con los sectores que cuestionan los proyectos. “Hemos decidido no tratar estos dos proyectos de ley en tanto y en cuanto se continúe con la socialización, por esa razón también exhortamos al pueblo potosino y boliviano de que participe de estas socializaciones para que tengamos conocimiento pleno de lo que tienen estos dos contratos», anunció el presidente de esa instancia legislativa, Omar Yujra.