El exmandatario afirma que es víctima de una guerra jurídica por parte del gobierno para proscribirlo de la arena política, pero también cuestiona que los medios de comunicación le quiten el derecho a la réplica.
Evo Morales recibe la visita de sus seguidores en Lauca Eñe. Foto RKC.
Boris Bueno Camacho / La Paz
El exmandatario Evo Morales reta a sus detractores, quienes lo califican como un cadáver político y reiteran que está inhabilitado a participar en los comicios del 17 de agosto, a no escudarse en la supuesta guerra jurídica que promueve el gobierno del Luis Arce Catacora en su contra con el fin de proscribirlo políticamente; y má bien dejar que participe en las elecciones nacionales para que sea el pueblo boliviano el que defina mediante su voto si tiene o no el respaldo para ser nuevamente presidente del Estado.
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El líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba cuestiona también los ataques y difamaciones de sus rivales, así como la persecución de la que afirma ser objeto con la finalidad de eliminarlo del espectro político del país, en base a acciones violentas motivadas por el odio y el racismo por parte de los representantes de las organizaciones conservadoras y el oficialismo otrora parte de su propuesta política.
“Dicen que soy cadáver político. Repiten que estoy inhabilitado. Entonces, si no soy rival electoral: ¿Por qué me atacan, me difaman, me insultan, me condenan, me persiguen con tanta violencia, odio y racismo? ¿Por qué me quieren matar?”, cuestionó en su cuenta de la red social X sin precisar el sentido de la última pregunta; pero, también desafió a las otras tiendas partidarias a dejarlo participar en las justas electorales. “¡No tengan temor a que esté en la papeleta electoral del 17 de agosto! ¡Que el pueblo decida en las urnas!”, espeta.
Morales reiteró en diferentes oportunidades que es ‘víctima de una brutal guerra jurídica’ (lawfare) promovida por la actual gestión gubernamental, debido a la orden de aprehensión en su contra que fue emitida por un juez tarijeño por no haberse presentado a declarar en un caso de trata y tráfico de personas que le abrió el Ministerio Público por el presunto abuso a una menor de tan solo quince años cuando estaba al mando de la Nación en 2015.
Morales con un grupo de personas del área rural de La Paz. Foto: RKC
Por ello, desde fines de octubre del año pasado, cuatro meses atrás, el líder cocalero se atrinchera en su bastión de Lauca Eñe, en el trópico de Cochabamba, para resistir su probable captura; igualmente, cuestiona permanentemente la Sentencia Constitucional 1010/2023, porque asegura que los magistrados que redactaron dicho fallo solamente obedecieron las órdenes que se dictan desde la Casa Grande del Pueblo.
“No el gobierno con su Plan Negro y su Guerra Jurídica. No dos magistrados de facto del TCP. No algunos jueces ordinarios y fiscales, que condenan sin respetar el Debido Proceso y la Presunción de Inocencia”, reclama en sus redes sociales para también exigir a los medios de comunicación que respeten los códigos deontológicos que tienen y aplicarlo en cuanto a los derechos que aparentemente le son conculcados. “Que la prensa aplique su Código de Ética Periodística y otorgue el derecho a la réplica y al equilibrio en la cobertura y entrevistas. ¡Que solo el voto del pueblo decida!”, concluye.