El legislador Leonardo Loza convocó a declarar estado de emergencia en defensa del litio boliviano, para evitar una «privatización» del recurso.
eju.tv / Video: RKC
El senador evista Leonardo Loza aseguró este lunes que el tiempo se encargó de demostrar que el presidente Luis Arce y su familia están involucrados en el negocio del litio, por lo que llamó a declarar estado de emergencia en defensa de este recurso.
«El señor Arce ha terminado diciéndonos ‘no se metan con mi familia’, como si el litio fuera de su propiedad del señor Lucho Arce; el tiempo nos ha dado la razón, así como se ha denunciado que su familia está involucrada grandemente en el negocio del litio, hoy se confirma que su famoso proyecto de ley en el fondo es privatizar, enajenar, regalárselo el litio a las empresas de afuera», manifestó Loza.
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Desde el ala radical del MAS se apunta a los hijos del Presidente de estar vinculados a acuerdos supuestamente irregulares con el litio y que las investigaciones no avanzan porque el Jefe de Estado pidió que no se metan con su familia. No obstante, al cierre de la gestión pasada, el Presidente indicó que las acusaciones contra su familia son los «efectos colaterales» de que él sea mandatario.
«Lucho está a la cabeza, está involucrado en el negocio del litio, eso no queremos los bolivianos, rechazamos los bolivianos, por eso sugiero, planteo al pueblo boliviano declararnos en emergencia en defensa del litio nacional», señaló el legislador evista.
En diciembre pasado, el diputado evista Héctor Arce denunció que el hijo de Arce que tiene 25 años adquirió en Santa Cruz una propiedad valuada en cinco millones de bolivianos, y que otro de sus descendientes es propietario de estaciones de servicio en el departamento cruceño, donde supuestamente desvían combustible subvencionado.
Asimismo, los acusó de estar involucrados en presuntos «negociados» con el litio, para favorecer a determinadas empresas extranjeras. La anterior semana, en la sesión de la comisión que veía el contrato de CBC, diputados de oposición denunciaron que algunos legisladores cobraron 10.000 dólares para aprobar el acuerdo.
