Bolivia descarriló el rumbo de la inflación y ahora está entre las más altas de la región. En marzo, la inflación se ubicó en el 14,63% interanual.
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Bolivia pasó de estar en el club de los países con la menor inflación en la región a padecer por el aumento de los precios en medio de un panorama marcado por la escasez de divisas y de combustible, con el trasfondo del declive de las exportaciones de gas.
El país andino, otrora considerado un mercado estable gracias al soporte del gas, que le permitió mantener el crecimiento económico junto con una inflación bajo control, ahora está bajo presión. En 2024, la inflación acumulada llegó a su nivel más alto desde el 2008 y se situó en el 9,97%. En marzo pasado, la inflación se ubicó en el 14,63% interanual, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
“La reciente aceleración inflacionaria en Bolivia, evidente desde fines de 2024, no es un fenómeno aislado ni responde a un shock externo inesperado”, dice Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF).
Así, el acelerado aumento de la inflación en Bolivia respondería a una serie de desequilibrios económicos estructurales que se extendieron por años, pero que hasta el momento habían sido contenidos bajo un esquema caracterizado por un tipo de cambio fijo, subsidios generalizados y un Estado sobredimensionado.
La dependencia de insumos importados refuerza este efecto, dado que Bolivia importa más de la mitad de sus insumos productivos, incluyendo alimentos, fertilizantes, repuestos industriales y combustibles. Además, importa prácticamente todo el diésel y la gasolina que consume, pero los vende internamente a precios muy por debajo del costo de adquisición.
La diferencia es cubierta por el Tesoro, lo que generó en 2024 un gasto superior a los US$2.300 millones en un contexto de reservas agotadas, de acuerdo a cifras aportadas por el IIF.
El déficit del Tesoro alcanzó el 9,7 por ciento del PIB en 2023 y probablemente superó el 10,5 por ciento en 2024, aunque el gobierno ha evitado publicar cifras consolidadas recientes. Si se incorpora el déficit operativo de las empresas estatales, especialmente YPFB, que pasó de ser generadora de divisas a importadora neta de combustibles, el déficit consolidado del sector público supera el 15 por ciento del PIB.
Jonathan Fortun, economista de IIF.
Para Jonathan Fortun, lo que comenzó a reflejarse en los índices de precios en los últimos meses “no es una disrupción puntual, sino la manifestación de un régimen económico que ha comenzado a desbordarse”.
Explica que el índice de precios al consumidor sigue calculándose con una canasta de consumo basada en la encuesta de gasto de 2016. “Se trata de una inflación que, más que contenida, ha sido diferida y estadísticamente suavizada”, señaló.
En este marco, el Instituto Internacional de Finanzas ha calculado que una actualización metodológica podría elevar la inflación publicada en al menos 40 a 60 puntos básicos mensuales.
El tipo de cambio fijo se tambalea
Mantener la paridad de Bs$6,9 por dólar en Bolivia, fijada desde el 2011 en el gobierno de Evo Morales, se ha vuelto cada vez más complicado.
Durante más de diez años, el régimen de tipo de cambio fijo funcionó como ancla nominal, pero su viabilidad dependía de la acumulación de reservas que se evaporan.
Según el IIF, a fines de 2024 las reservas netas líquidas del Banco Central estaban por debajo de los US$2.000 millones, en su mayoría no realizables.
Sin acceso a financiamiento externo y con un mercado interno saturado, el Gobierno ha recurrido al Banco Central y a mecanismos cuasifiscales para cubrir sus necesidades de caja, lo que refuerza las expectativas de inflación en un entorno donde ya no hay anclas confiables.
Jonathan Fortun, economista de IIF.
Lo que está pasando en Bolivia es que “tenemos una importante depreciación que cada vez está aumentando en el país”, dijo a Bloomberg Línea el analista Jaime Dunn. Y en este contexto, “el Banco Central está incrementando agresivamente la masa monetaria”.
Expone que satisfacer la alta demanda de préstamos por parte del Tesoro General del Estado, a través del Banco Central, también implica una cantidad importante de bolivianos.
Según Dunn, el año pasado, el Banco Central financió al Tesoro con más de Bs$4.000 millones (unos US$580 millones), lo que ha tenido efectos que comienzan a sentirse meses después.
Al perder valor la moneda nacional, todos los bienes y servicios en bolivianos se vuelven más caros.
De esta manera, Bolivia se ha consolidado como el cuarto país más inflacionario de América Latina, después de Argentina, Venezuela y Cuba, a pesar de que en los años de la pandemia era uno de los países con menor inflación en el mundo.
La crisis política también marca un punto de inflexión
En junio del 2024, el jefe del Ejército boliviano, el general Juan José Zúñiga, lideró una insurrección contra el Gobierno calificada como un intento de “golpe de Estado” por el presidente Luis Arce, pero Evo Morales, ahora convertido en opositor, consideró que se trató más bien de un “autogolpe”.
En visión de los analistas, la crisis política en Bolivia también sirvió como un catalizador para fortalecer el control institucional sobre una economía que ya mostraba signos de agotamiento.
El Gobierno ha impuesto controles al uso de dólares y otras operaciones financieras para tratar de sostener la economía en medio de la escasez de divisas, abriendo la puerta a otras alternativas como las criptomonedas.
El 2023, Bolivia logró evitar una crisis financiera al aprobar una ley que permitió al banco central vender parte de sus reservas de oro, aunque el Senado recientemente aprobó un proyecto para poder resguardarlas.
“Este proyecto de ley busca proteger las reservas de oro y garantizar que se mantengan como un respaldo sólido para la estabilidad económica del país”, dijo el presidente de la Cámara de Senadores boliviano, Andrónico Rodríguez.
Fortun dice que luego de la crisis política del año pasado la inflación oficial no se disparó inmediatamente, pero sí se produjo un cambio notable en la estrategia del gobierno, reflejada en “controles más agresivos, retrasos en ajustes sensibles, mayor opacidad en la publicación de datos y un esfuerzo explícito por preservar la percepción de estabilidad”.