La crisis económica que vive Bolivia por el fin del ciclo rentista del gas no impacta por igual a todos los departamentos del país. La región amazónica es la más afectada.
La gente de la Amazonía explica cómo está capeando la crisis. Fotos: CEDLA
Fuente: Sumando Voces
Malkya Tudela, para el CEDLA*
La crisis económica que vive el país por el fin del ciclo rentista del gas no impacta por igual a todos los departamentos y regiones del país. La región amazónica, por su ubicación geográfica y su débil infraestructura vial, se ve más afectada. Sin embargo, la atención mediática se centra en lo que acontece en los departamentos del eje central, dejando de lado la situación que viven varios sectores económicos y, fundamentalmente, los trabajadores asalariados e independientes en la Amazonía boliviana.
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En la actualidad, la región amazónica, que abarca los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz, se caracteriza por un mayor grado de diversificación de su economía. Persiste la actividad ganadera, la extracción y beneficiado de castaña, y en los últimos años se ha expandido la producción agrícola de granos y la explotación aurífera. En los centros poblados, se ha expandido el comercio y algunos servicios.
La situación de los sectores económicos
La escasez de dólares y de abastecimiento de combustibles son los efectos más claros de la crisis económica actual, problemas que no son ajenos a la Amazonía. La falta de dólares comenzó en febrero de 2023, cuando su precio se elevó hasta superar el 100% en el mercado paralelo. El tipo de cambio oficial de 6,96 bolivianos para comprar 1 dólar, vigente hasta ahora, escaló hasta los 15 bolivianos y actualmente oscila entre 10 y 11 bolivianos en el mercado no regulado.
“Nosotros somos en este momento los principales proveedores de los pocos dólares que tenemos en nuestro país”, dice Mario Vargas, gerente general de la beneficiadora de castaña San Agustín y la industria maderera Infobar en Cobija, Pando.
Como explica Vargas, los exportadores de castaña beneficiada tienen la capacidad de captar la moneda extranjera, pero también tienen dificultades para hacerlo en los tres meses que dura la zafra. A esto se añade el hecho de que el fruto que se recolecta en la selva debe viajar hacia los centros de beneficiado en la ciudad para su procesamiento, y el combustible para ese traslado es escaso.
“Bolivia sufre una severa crisis económica como consecuencia de la finalización del denominado modelo económico social productivo comunitario que se basó fundamentalmente en la obtención de renta proveniente de la extracción de gas natural”, explica Enrique Ormachea, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
La reducción de los ingresos fiscales debido a la disminución de las exportaciones de gas, comenta Ormachea, “ha desencadenado una significativa disminución de las reservas internacionales y por tanto de la disponibilidad de dólares en el país con impactos importantes en el abastecimiento de carburantes”.
Todos los rubros necesitan carburantes para mover sus vehículos, máquinas y motores. La minería aluvial está entre ellos. Las balsas, que dragan grandes cantidades de tierra y lodo de los ríos, tienen motores que trabajan a diésel por 24 horas en muchos casos.
En este momento, “estamos trabajando casi al 50%” de la capacidad, dice Miguel Cuéllar Achivare, dedicado a la explotación del oro en el río Beni, al igual que otros propietarios de balsas que operan en los ríos cercanos a Riberalta y Guayaramerín.
“Trabajo en el garimpo, tengo mis balsas auríferas, y consumimos diésel (…). No nos están dotando de los cupos asignados para nuestro trabajo”, comenta Cuéllar. Y su problema se agranda cuando requiere comprar mercurio, insumo que solo se vende en dólares
Los inversores amazónicos tienen que lidiar también con otros factores propios de la zona fronteriza. “Nuestra castaña se está yendo en cáscara a Perú y a Brasil a través del contrabando y eso sí genera una fuga de divisas”, comenta Vargas sobre la almendra amazónica, eso “está evitando que la cadena productiva, formada por los transportistas, los fabriles y todas las personas involucradas en la transformación de la materia prima, pueda generar los recursos que normalmente genera”.
A ese estado de cosas se deben añadir los bloqueos del año pasado protagonizados por grupos afines a Evo Morales y problemas internos propios de la región, como los episodios de violencia entre recolectores, campesinos, zafreros asalariados y barraqueros, quienes en enero de este año se acusaban mutuamente de avasallar tierras fiscales no disponibles para explotar los castañales.
La ganadería es otra actividad promovida por el Gobierno a través del cambio de uso del suelo del bosque amazónico. Pando, por ejemplo, tiene su propia Federación de Ganaderos encabezada por Únzaga Alí, quien describe los mismos padecimientos que tiene su sector al sur de la Amazonía: “Es muy difícil conseguir combustible, hay que hacer largas filas (…); eso deriva en mucha especulación y hace que las actividades económicas en nuestro departamento estén bastante disminuidas”.
El impacto es el encarecimiento y la escasez de la carne de res para consumo diario, que se presenta, inclusive, en las localidades productoras. Los rumores dicen que los ganaderos prefieren mandar la carne a La Paz para abastecer a la sede de gobierno porque así consiguen mejores precios.
En el municipio de Reyes, el panorama es igual. “Los ganaderos grandes prácticamente no entregan, no venden su ganado de descarte a la población, sino que sencillamente sacan en camiones hacia los centros urbanos del interior”, dice el periodista José Antonio Gómez, de Radio Ritmo Digital. Ahí opera también una intrincada red de intermediarios, frialeros y ganaderos que deriva en el envío de la carne a la ciudad de Rurrenabaque.
Mientras en La Paz el kilo de carne de buen corte oscila entre los 40 y 50 bolivianos, precio que tiene incorporado el flete, en Riberalta están vigentes oficialmente los precios de 37 y 39 para un corte común o especial, pero los comerciantes la venden hasta en 44 bolivianos.
Hay otro elemento central para explicar el encarecimiento del costo de la carne de res en la región. Jaime Antelo, vicepresidente de la Asociación de Ganaderos del municipio de Reyes, en Beni, lo pone en mesa: el cambio climático y los incendios forestales del año 2024 que abarcaron más de 10 millones de hectáreas.
Luego de ese siniestro, ahora es tiempo de vacas flacas. “En esta época hay poca lluvia, poca agua, encima (se suman) los incendios forestales y de pastizales, el ganado enflaquece (…); últimamente en nuestra población hay una reducción en la producción de carne para el consumo local, no hay ganado bueno para el faeneo”, dice Jaime Antelo.
En San Ignacio de Mojos, la propietaria de una lechería y granja de cerdos, Ana María Ruiz, comenta: “Nosotros llevamos un control sanitario riguroso con nuestras lecheras y con nuestros chanchos, y los medicamentos han subido (de precio) en un 40%, otros en 50 y 60 (por ciento), pero la leche no ha subido ni un solo boliviano” para la venta al público.
Para Ormachea, estos casos muestran “una economía altamente dependiente de las importaciones tanto para la producción como para el consumo de las personas”. Las actividades productivas y extractivas tienen esa marca de nacimiento, con la que a la vez impulsan el comercio y los servicios que también requieren de insumos y energía para funcionar.
“Nos ha afectado muy grandemente esta crisis, esta falta de combustible, no podemos hacer limpieza de nuestros potreros como quisiéramos porque no hay gasolina; no nos venden, tenemos que hacer cola un día o dos para comprar 20 litros. Tenemos un permiso, un carné de ganaderos, pero no le hacen mucho caso”, comenta la también exalcaldesa Ruiz.
“A raíz de que no hay dólares, los importadores tienen que darse modos y formas para traer los productos; todo eso viene encareciendo tremendamente la producción ganadera”, dice Jaime Antelo, vicepresidente de la Asociación de Ganaderos del municipio de Reyes.
Esto lo confirma Ángel Aguilar, dedicado a la importación de mercadería en Cobija, cuando afirma que ese contexto “hace que se eleven los precios de nuestros productos y el que los paga es el consumidor final”.
Desde la Confederación Amazónica de Productores Agropecuarios (CONAPA), su presidente Gerardo Guardia prevé que la situación no solo seguirá, sino que se profundizará en ese sentido. “La precariedad económica en que nos encontramos, como institucionalidad productiva y empresarial de Bolivia, es muy grande y tiene repercusiones muy graves (…). En los meses venideros vamos a tener problemas de abastecimiento y en la seguridad alimenticia”, predice Guardia.
La situación no es alentadora como para esperar que la actividad productiva en esta región genere empleo. Enrique Ormachea señala que tanto la zafra de la castaña como la ganadería o la extracción de oro, “generan fundamentalmente empleo temporal con bajos salarios y sin beneficios sociales, es decir empleos precarizados”.
El comercio y los servicios como espacios para generar ingresos
La población de la región amazónica encuentra ocupación temporal o definitiva en los servicios y el comercio, más precisamente en el transporte y la compraventa de mercadería, ante la falta de un trabajo con remuneración fija.
El paisaje de las carreteras y las calles abrasadoras está plagado de minibuses y mototaxis que prestan servicio a la población, en una gran mayoría sin necesidad de una placa de control.
El transporte público está a cargo de los mototaxis en las ciudades amazónicas, por un pasaje de entre 4 y 5 bolivianos, precio que puede variar en una misma urbe. La tarifa es alta, si se compara con los 2 bolivianos del transporte público, en promedio, en las tres capitales más grandes del país.
Con todo, no se puede ignorar que los costos de funcionamiento de los motorizados también han subido. Ronald Enovore es fundador de varios sindicatos de transporte de mediana y larga distancia en Guayaramerín, y siente la crisis económica en la compra de repuestos. “Anteriormente comprábamos un par de pastillas (para frenos) en 90 bolivianos, ahora estamos comprando al doble”, dice.
“Una llanta que nosotros comprábamos en 350 bolivianos, hoy la estamos comprando en 500 o 550; automáticamente ya vienen las cosas con la inflación, nos afecta bastante”, justifica Steven Apaza, de la Asociación de Transporte Libre, del municipio de Reyes. Los repuestos para vehículos son productos importados, por tanto, se compran en dólares.
Apaza afirma que su sector ha tomado las rutas más importantes, como Trinidad-Reyes y Reyes-Riberalta. Los transportistas, dice, se disputan el combustible con los mototaxistas, los conductores de toritos, el agricultor, el ganadero y los dueños de vehículos particulares. También se disputan las rutas y las tienen loteadas.
“Aproximadamente somos 170 afiliados, 30 movilidades que trabajan diariamente aquí en la institución y ocho camiones haciendo transporte de ganado; o sea estamos moviendo unas 38 familias que llevan el pan de cada día a su hogar”, detalla Apaza para mostrar la dimensión social de este rubro cuestionado por sus tarifas.
El presidente del Sindicato de Transporte Mixto Isireri en San Ignacio de Mojos, Pedro Nina, describe el funcionamiento de otro mercado negro, el de la gasolina. “Cuando no podemos [conseguir gasolina a precio oficial: 3,74 bolivianos por litro], tenemos que comprarla a 7,50 el litro necesariamente porque queremos movernos de un punto a otro”.
“Todos tenemos que llevar algo a la casa y lo poco que llevamos no alcanza para la familia. La comodidad, si es que alguna vez la hemos tenido, esta vez tenemos que ahorrar mucho, mucho, mucho (para lograrla) y comer pues a lo que alcance”, explica Nina.
El transporte y el comercio minorista forman parte de esa “presencia masiva de pequeñas unidades económicas articuladas a sectores no productivos”, señala Ormachea, y describe que son de muy pequeña escala y se sustentan con trabajo familiar.
En el rubro del comercio, los dueños de negocios afirman que ni siquiera la proximidad con Brasil les es beneficiosa porque también la moneda de ese país, el real, está cara. Florencio Cochi, secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales de Pando, añade otro elemento que tuvo un impacto negativo el año pasado: los bloqueos de caminos.
“Para traer los productos del interior utilizamos el transporte, el flete, pero (con los bloqueos) las pérdidas son cuantiosas… El producto muchas veces llega ya en mal estado y obviamente el compañero gremial tiene que incrementar el precio para por lo menos recuperar la inversión”, expone con franqueza.
Todos tienen historias acerca de cómo reciben el golpe económico de la crisis. En San Ignacio de Mojos, Willy Ramallo, presidente de la Asociación de Comerciantes 27 de Julio, explica: “Nosotros trabajamos con un capital, con un préstamo del banco”. Su testimonio quiere denotar que las entidades financieras son implacables con los plazos de pago.
Fidel Noé tiene una panadería en Guayaramerín. “Todos los insumos están elevados (de precio): la harina, el queso, la manteca. No se puede también incrementar el costo (del pan) porque el consumidor no tiene para comprar el producto”, comenta.
La batalla diaria de los trabajadores
El panorama es aún más sombrío para las personas que no tienen un empleo formal o una herramienta, como un vehículo. Las estrategias de las personas que subsisten con lo mínimo se multiplican en las calles de las ciudades amazónicas.
“En la mañana trabajo en un kiosco, en la tarde me voy a limpiar canchón y, a veces, si hay [hago] lavado de ropa…”, dice Zeneide Durán Cuellar, madre de una familia de cinco personas en Guayaramerín.
Las personas sin otra herramienta que su fuerza de trabajo tienen dos o tres oficios mal remunerados y temporales. Durán además se emplea en la zafra de castaña cada año, lo que le permite comprar bienes de primera necesidad (arroz, aceite, azúcar, jabón, etc.) al por mayor, también una vez por año.
“Tenemos que medirnos, comer un poquito para comer hartos, como se dice”, comenta Durán en referencia a cómo enfrenta la disminución de alimentos en su hogar. “Tenemos que ahorrar para poder comprar la ropa más barata, bueno, hasta la ropa americana está cara”, asegura en alusión a la adquisición de ropa usada.
Ormachea explica que la crisis económica que vive el país “está afectando fundamentalmente a los trabajadores asalariados e independientes con bajos ingresos que sufren los rigores de un proceso inflacionario que va minando progresivamente su poder adquisitivo”.
En Guayaramerín, Alejandro Rodríguez, de oficio zapatero, cuenta entre 25 y 35 bolivianos como ingreso diario, monto que se suma a la Renta Dignidad que percibe de 350 bolivianos cada mes. “La renta la ocupamos para pagar la luz y el agua, no da para más”, dice.
Como los comerciantes que transfieren sus costos al consumidor final, las mujeres cuentapropistas también intentan hacerlo, pero con muchas dificultades. En San Ignacio de Mojos, Veracruz Vela, vendedora en el Mercado Campesino, explica: “Quedamos aquí que vamos a subir (el precio a) 1 boliviano por plato (…), pero también es peleando porque la situación no es solamente para nosotras, es para todo el pueblo; alguna gente se incomoda porque ya es más caro; unos entienden, otros se van renegando”.
A pesar de ello, el mercado informal crece con microiniciativas que generalmente tienen a una mujer enfrente. “Guayaramerín se ha convertido en un comedor popular”, dice Dorian Arias, de Radio Bambú, porque la preparación de almuerzos, cenas o comidas rápidas son el refugio de las familias para obtener un ingreso rápido.
En San Ignacio de Mojos ocurre algo similar. Ya se ve que “el vecino ha abierto su tienda para hacer comida; están unos meses, algunos se quedan un poco más, otros lo cierran pronto”, explica Nahir Casanovas, directora de Radio Mátire, quien dice que con el inicio de la gestión escolar retornan las ventas en el rubro.
Los asalariados, por su parte, si bien tienen el respaldo del ingreso fijo, también están sujetos al incremento del costo de vida y a obligaciones adquiridas. Nayara Pereira, trabajadora asalariada de San Ignacio de Mojos, por ejemplo, comenta que “los productos de la canasta familiar han subido en 5 y 10 bolivianos, así que el sueldo no alcanza porque cada mes hay deudas que cancelar al banco y el banco tiene una fecha límite” de pago. Entonces, aparte del sueldo mensual, prepara productos para vender el fin de semana con la dificultad de que los insumos también están encarecidos.
En Cobija, Pedro Tabares, dirigente del Sindicato Municipal, afirma que ha reducido su ingesta de alimentos para paliar la crisis. “He comprado dos platos de sopa para nuestro almuerzo, somos cuatro en la familia, y nos tuvimos que repartir los dos platos de sopa de maní”, comenta. Y permanentemente busca oficios extra de su fuente laboral.
“Hay bastante gente de San Ignacio trabajando en Chile. Se van a la cosecha, le dicen. Hay varios avisos de ‘se alquila casa’, ‘se vende casa’. Así uno se da cuenta de que la gente se ha ido, que la gente no está, hay muchas casas vacías también”, explica Nahir Casanovas.
Ella misma conoce personas que migran temporalmente por trabajo a Chile, aunque las casas vacías o en venta pueden ser un signo de una migración definitiva.
Dorian Arias afirma que Guayaramerín tiene 39 mil habitantes como resultado del censo de 2024, lo que resulta en 1.000 menos respecto del conteo de 2012. El destino de la migración es igualmente “Chile, seguido de Santa Cruz y Cochabamba, o el lugar que reporte fuentes de trabajo”, señala.
En la ciudad de Guayaramerín “solamente hay dos empresas y el resto son empleados públicos, en (instituciones de) impuestos nacionales, aduana, migración, policía, magisterio”, describe Arias.
Trabajar en la administración pública tampoco es una garantía de tener ingresos fijos. En San Ignacio de Mojos, el sector salud no recibe su sueldo desde el mes de noviembre. “Noviembre, diciembre y enero, hablamos de tres meses de sueldo. Al no haber un salario, no va a haber movimiento económico, no va a haber la compra de comida, ni compra de productos”, dice Nahir Casanovas, remarcando la importancia de los ingresos de los asalariados para la economía local.
La protesta social, el conflicto, la falta de servicios de educación o salud para la población son las consecuencias de este panorama. La seguridad del empleo público no existe y eso repercute en el servicio al ciudadano.
“Salimos del trabajo, hay veces que nos vamos a pintar una casa, a limpiar, y con eso nos ganamos los 100 pesitos a veces al día”, dice Roselia Mosqueira Montero, asalariada municipal en Cobija. Al momento de la entrevista llevaba tres semanas en paro en su trabajo como protesta por cuatro meses impagos.
*Este contenido contó con el trabajo de reportería de los periodistas Dorian Arias, Nahir Casanovas, José Antonio Gómez e Ingard Miahuchi
*Este reportaje ha sido producido por el CEDLA con el apoyo de la Embajada de Suecia, en el marco del proyecto “2022-2024 Knowledge and Debate in a Changing World”.