Por su parte, el abogado del diputado, Christian Tejada, cuestionó las irregularidades detectadas en el proceso. “Hemos notado diferentes tipos de vulneraciones que afectan al debido proceso y a la democracia. Toda audiencia debe ser pública, pero este derecho fue coartado”, declaró.
eju.tv / Video: DTV
El diputado Richard Ribera, involucrado en el denominado caso Zúñiga, fue beneficiado con medidas sustitutivas que le permiten mantener su libertad y continuar ejerciendo sus funciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La defensa del legislador anunció que presentará una acción de privacidad para evitar la difusión de un video que vulnera derechos fundamentales y que carece de sustento legal, en referencia al video del 26 de junio del 2024 en la plaza Murillo, en la ciudad de La Paz.
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“El objetivo es claro: no comprometer mi libertad para seguir trabajando por el pueblo boliviano”, afirmó Ribera, en conferencia de prensa, al confirmar que podrá asistir con normalidad a las sesiones de la ALP. “Cuando se me convoque a sesionar me presentaré de manera normal, porque es un derecho que tengo: el de trabajar, legislar, fiscalizar y asistir a las sesiones”.
El legislador también informó que su defensa ya presentó la apelación correspondiente y se encuentra a la espera de una respuesta judicial. Ribera considera que su caso forma parte de una estrategia de persecución política por parte del Gobierno. “Seguro esto dejó consternada a la población, porque vivimos momentos en los que se pretende reactivar la persecución política a la que ya nos quiere acostumbrar este Gobierno”, denunció.
Durante su intervención, criticó la falta de transparencia en la audiencia cautelar, ya que no se permitió el ingreso de medios de comunicación ni de algunos abogados.
Por su parte, el abogado del diputado, Christian Tejada, cuestionó las irregularidades detectadas en el proceso. “Hemos notado diferentes tipos de vulneraciones que afectan al debido proceso y a la democracia. Toda audiencia debe ser pública, pero este derecho fue coartado”, declaró.
Tejada también explicó que la imputación contra Ribera, por los presuntos delitos de atentado y terrorismo, se sustenta únicamente en una conversación por chat con el activista Fernando Hadman, quien era defensor de derechos humanos, en la que no se hace referencia directa al caso de la presunta toma militar registrada el 26 de junio de 2024.
“Frente a estos hechos, estamos planteando una acción de privacidad para que se prohíba la difusión de un video, que no sólo daña la imagen del legislador, sino también la de los bolivianos”, afirmó el jurista.
