El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga ha pasado de proclamarse abanderado de la unidad a convertirse en su principal saboteador. Su carta al Tribunal Supremo Electoral no busca proteger la legalidad ni evitar riesgos jurídicos: busca destruir políticamente a quienes lo superan en respaldo, usando como excusa una interpretación tergiversada de la Ley 026.
Cuando firmó el acuerdo de unidad, Tuto sabía perfectamente que la encuesta se realizaría antes de la inscripción formal de candidaturas, y por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la ley que hoy invoca. Sabía también que la Sentencia constitucional 0015/2021 dejó sin efecto las sanciones de inhabilitación contra partidos o candidatos por encuestas no registradas. ¿Por qué entonces ese repentino fervor por “cumplir la ley”? Porque está perdiendo.
Al verse sin opciones reales de imponerse en la encuesta —la misma que él mismo firmó como método para elegir al candidato único del bloque opositor—, ha decidido dinamitar el proceso. Ya no se trata de una simple objeción técnica: ahora insinúa delitos electorales, invoca el artículo 238 de la Ley 026 e intenta instalar la idea de que su ex aliado, Samuel Doria Medina, debería ser investigado penalmente.
Esta actitud no solo rompe el acuerdo de unidad de facto, sino que pone en bandeja a sus adversarios políticos argumentos para judicializar a los opositores. Tuto se convierte, así, en una caricatura de lo que alguna vez dijo combatir: en lugar de denunciar la persecución política, ahora la sugiere. En lugar de blindar al bloque opositor frente al autoritarismo, pretende entregarlo con moño y todo. Sabe que hay vocales vinculados al oficialismo, y aun así, les proporciona herramientas para reprimir al bloque que no se pliega a sus condiciones. No solo rompe el consenso político; lo pone en riesgo judicial.
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La maniobra es tan burda como peligrosa. Quiroga no solo intenta manchar la imagen de Samuel Doria Medina, sino también la de cualquier otro actor que respalde el mecanismo acordado, como es el caso del propio Luis Fernando Camacho, actualmente preso, que podría “verse alcanzado” por esta figura, reavivando así la persecución judicial contra un líder que él mismo decía defender.
Ahora bien, ¿es jurídicamente viable sostener que esta encuesta interna constituya un delito electoral? La respuesta es categóricamente no. La encuesta en cuestión no busca incidir en el voto ciudadano ni forma parte de una campaña electoral, sino que responde a un acuerdo político previo orientado a definir internamente una candidatura única. Su propósito no es persuadir al electorado, sino ordenar la oferta opositora de manera democrática. Pretender encajar este ejercicio en la figura penal de inducción al voto es forzar el marco normativo hasta el absurdo, vaciando de contenido el principio de legalidad penal y abriendo la puerta a una criminalización arbitraria de los acuerdos políticos. En resumen, si no hay propaganda, ni hay candidatos inscritos: no hay delito.
La pregunta es inevitable: ¿a qué juega Tuto? ¿Alguien que siembra denuncias infundadas contra sus propios compañeros de bloque puede representar la unidad?
La respuesta es evidente. Tuto Quiroga no busca que el mejor posicionado lidere la oposición. Quiere que ese liderazgo se le regale, o que fracase si no lo encabeza él. Y si para ello hay que destruir la credibilidad del proceso, manchar la imagen de sus aliados o sembrar causas penales contra quienes lo superan en respaldo, no duda en hacerlo.
Dice seguir en la unidad, pero la unidad se construye con principios, no con puñales.