REPORTAJE. Entre 2014 y 2023, 4.804 niñas y adolescentes de 16 y 17 años fueron casadas legalmente muchas veces con hombres que les duplicaban o triplicaban la edad; el 38% son de adolescentes de 16 años y el 62% de adolescentes de 17 años.
Imagen ilustrativa. Foto: Depositphotos
Fuente: Brújula Digital
Matías Philco y Gabriela Colque
El viento helado del altiplano arrastra historias que nadie quiere escuchar. En comunidades perdidas entre montañas, donde el tiempo parece haberse detenido, cientos de niñas bolivianas ven cómo sus sueños se apagan cuando son entregadas en matrimonio a hombres que les triplican la edad. Esta es la cruda realidad del matrimonio infantil forzado en Bolivia, una práctica que sigue vigente pese a las leyes que intentan protegerlas.
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Entre 2014 y 2023, 4.804 niñas y adolescentes de 16 y 17 años fueron casadas legalmente muchas veces con hombres que les duplicaban o triplicaban la edad; el 38% son de adolescentes de 16 años y el 62% de adolescentes de 17 años, además del registro de 487 matrimonios de niñas de 12 años y adolescentes de 13, 14 y 15 años, posterior a la promulgación de la Ley N° 603, la cual establece que la edad mínima para contraer matrimonio en Bolivia es a los 16 años.
Pero estas cifras solo muestran parte del problema. Como explica Jimena Tito, experta en protección infantil de Save the Children: “El estudio Análisis de Brechas Normativas y Sociales revela que en 2021 hubo 223 partidas de matrimonio, donde el 91% correspondió a mujeres menores de 18 años. Estas cifras son solo la punta del iceberg, pues muchas uniones no se registran. Es una vulneración total a sus derechos”.
Este estudio reveló que en 2021 hubo 223 partidas de matrimonio de menores, pero sabemos que hay muchos más casos que nunca se registran. Lo más grave es que la sociedad lo ve como algo normal.
Tito añade: “Es un secreto a voces. Las normas sociales lo naturalizan, ven normal que una niña de 14 años ‘se una’ a un adulto. Los jueces incluso atienden estos casos solo cuando reclaman pensión alimenticia”.
Los informes señalan que, en muchas comunidades, estas uniones se justifican como parte de una “costumbre” o “tradición”, normalizando relaciones desiguales con hombres que duplican o triplican la edad de las niñas. Además, se identifican creencias sociales que asocian el desarrollo físico con la madurez para el matrimonio, invisibilizando la violencia sexual y la falta de autonomía.
Una vida interrumpida
María (nombre convencional) tenía 13 años cuando sus padres la entregaron a un hombre de 35. “Me dijeron que así era la costumbre”, recuerda con voz quebrada. A los 14 quedó embarazada. A los 15 ya tenía dos hijos. Su sueño de ser maestra quedó enterrado bajo las obligaciones de esposa y madre.
Esta historia se repite en cientos de comunidades. Las niñas son intercambiadas por animales, tierras o simplemente porque “así se ha hecho siempre”. La pobreza y la falta de educación alimentan este círculo vicioso.
Para la abogada Carerín del Villar revela una cruda realidad que persiste en las sombras del sistema legal boliviano. Con voz firme pero preocupada, explica cómo la mayoría de estos casos nunca llegan a ser denunciados, creando un manto de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia: “El consentimiento es un requisito fundamental para el matrimonio, pero en la práctica vemos cómo las niñas son obligadas a callar y aceptar”, señala la especialista.
Detrás de cada unión forzada se esconde una compleja red de presiones familiares y sociales que anulan la voluntad de las menores, quienes por miedo o sumisión terminan aceptando situaciones que marcarán sus vidas para siempre.
A pesar de que la Constitución Política del Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente reconocen a la niñez como sujeto pleno de derechos, el matrimonio infantil sigue legal bajo ciertas excepciones, perpetuando la violencia estructural, el abandono escolar y la invisibilización de miles de niñas que son forzadas a madurar antes de tiempo.
¿Por qué sigue ocurriendo esto en pleno siglo XXI?
Para Daniel Lucano, sociólogo y docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), arroja a la luz una dolorosa paradoja: “mientras más antigua y aislada es una comunidad, más arraigada está la práctica de los matrimonios infantiles. En lugares como el Tipnis he visto casos de niñas de 11 o 12 años en uniones normalizadas. La gente lo considera algo cultural, natural”.
Esta realidad, que Lucano ha documentado en terreno, revela un patrón preocupante: las comunidades más ancestrales y alejadas de los centros urbanos son donde estas prácticas persisten con mayor fuerza. “Entre los chimanes, por ejemplo, es mucho más extendido que entre los trinitarios mojeños, quienes al tener mayor contacto con las ciudades desarrollan otra visión”, explica el académico.
El análisis de Lucano coincide con los datos más crudos: “En áreas rurales de Beni y Pando, el matrimonio infantil se practica desde los 10,12 años, las Comunidades como los tsimanes mantienen la tradición con menor cuestionamiento. Mientras que en las ciudades, aunque menos frecuente, persisten casos bajo el manto de la unión libre”.
El sociólogo advierte el desafío de implementar la nueva ley en estos contextos: “Donde el Estado no llega, predomina la costumbre”. Sus observaciones en campo muestran que: la pobreza extrema y el aislamiento geográfico son caldo de cultivo. Las jerarquías comunitarias suelen avalar estas prácticas.
Estas prácticas persisten por factores como el patriarcado, que asigna a las niñas roles tradicionales de obediencia, maternidad y dependencia económica, y por el adulto centrismo, que permite que adultos decidan sobre el futuro de las adolescentes sin considerar su consentimiento.
Lucano comparte una anécdota reveladora: “Una niña chimán de 12 años me dijo: ‘Aquí todas nos casamos así’. Lo decía con naturalidad, sin entender que le robaban su infancia”. Este relato ejemplifica la normalización del trauma.
Las consecuencias de estos matrimonios son devastadoras:
Abandono escolar: El 78% de las niñas casadas dejan de estudiar.
Embarazos precoces: El cuerpo de una niña no está preparado para parir.
Violencia doméstica: Muchas sufren abusos físicos y sexuales.
Pobreza perpetua: Sin educación, difícilmente podrán salir adelante.
La abogada profundiza en los dramáticos escenarios que surgen tras estos matrimonios, particularmente cuando derivan en embarazos forzados. Muchas familias, en un intento por ocultar las violaciones, recurren a abortos clandestinos o presionan a las niñas para dar en adopción a los bebés producto de estas uniones: “El daño psicológico es imborrable”, enfatiza la experta, destacando la necesidad de proteger la salud mental de estas jóvenes víctimas que cargan con traumas profundos.
Aunque la ley boliviana establece mecanismos de protección para menores embarazadas y reconoce su derecho a denunciar violaciones incluso dentro del matrimonio, la realidad muestra que menos del 10% de los casos llegan a instancias judiciales.
Una luz de esperanza
El Estado boliviano ha dado un paso para proteger sus derechos. Recientemente, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que prohíbe explícitamente y sin exceciones el matrimonio y la unión libre con menores de 18 años, eliminando las salvedades que antes permitían estas uniones desde los 16 años con autorización familiar.
La senadora Virginia Velasco, del MAS, fue quien propuso este proyecto de ley y enfatizó que esta iniciativa no afecta la patria potestad de los padres, como algunos sectores han malinterpretado. “La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes para garantizar el desarrollo integral de los hijos, no incluye forzar un matrimonio que ponga en riesgo su vida”, declaró. La legisladora aclaró que el proyecto responde a una realidad dolorosa: adolescentes obligadas a uniones, muchas veces con hombres mayores y tras sufrir violencia sexual.
Historias como la de Lucía de 16 años, quien logró escapar de su matrimonio forzado y ahora estudia para ser enfermera, muestran que el cambio es posible. Pero para que más niñas como ella tengan oportunidades, Bolivia debe asumir que el matrimonio infantil no es cultura, es un crimen.
Velasco fue contundente al desmentir que la norma tenga relación con temas de identidad de género, como se ha intentado sugerir. “Su único objetivo es claro: proteger a niñas y adolescentes de uniones forzadas que vulneran sus derechos humanos”, afirmó. La ley, que sigue recomendaciones internacionales, busca prevenir los graves riesgos asociados a estos matrimonios: violencia, embarazos forzados, deserción escolar y perpetuación de la pobreza.
Aunque la nueva ley marca un avance crucial, el desafío persiste en las comunidades más arraigadas a estas prácticas. Organizaciones como Save the Children trabajan en educación y apoyo a víctimas, pero como señala la activista Jimena Tito, “necesitamos que la sociedad entienda que una niña casada es una víctima”.
Mientras el viento sigue soplando en el altiplano, cientos de niñas esperan que alguien las escuche. Su futuro depende de que como sociedad decidamos protegerlas.
Los matrimonios forzados no son “tradición”, son violencia disfrazada. Bolivia debe elegir: ¿Seguir permitiendo que el altiplano se lleve los sueños de sus niñas, o actuar para que el viento lleve, en cambio, esperanza?
Matías Philco y Gabriela Colque son estudiantes de Periodismo de Investigación de la Universidad UNIFRANZ.