Wilfredo Chávez afirma que la decisión de la jueza Lilian Moreno confirma que el proceso contra el expresidente fue político; además, que esa decisión judicial debe cumplirse hasta esta jornada.
eju.tv / Video: Wara TV
El equipo jurídico de Evo Morales a la cabeza del exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, justificó el fallo de la magistrada Lilian Moreno Cuéllar, del Juzgado 14° de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz, quien el pasado martes determinó anular la orden de aprehensión y la declaración de rebeldía dictadas contra el expresidente en el marco del proceso por trata y tráfico de personas que se le sigue en el distrito judicial de Tarija.
Chávez afirmó que la determinación de la jueza Moreno Cuéllar es respaldada por la Constitución Política del Estado (CPE)y restituye el Estado de Derecho al dejar sin efecto una orden de aprehensión supuestamente carente de los requisitos legales mínimos exigidos por el ordenamiento jurídico vigente en el país, ya que no contaba con fundamentos jurídicos sólidos y fue emitida en vulneración flagrante del debido proceso al que tiene derecho el exmandatario.
“la decisión que ha asumido la jueza tiene carácter constitucional, por anteponer la jurisdicción constitucional y no la justicia ordinaria, en ese sentido, se ha presentado las pruebas respectivas, se ha corrido el traslado de los informes respectivos en su momento a las autoridades jurisdiccionales de Tarija a objeto de que informen si se ha cumplido o no la remisión de los cuadernos de investigación a Cochabamba, ante esa situación de incumplimiento, la juez ha verificado este extremo y ha determinado dejar sin efecto y anular todas las actuaciones posteriores al 4 de octubre del año 2023”, afirmó.
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El equipo jurídico de Morales afirman que este es libre de circular por todo el país. Foto: captura pantalla
El abogado recordó que la justicia determinó que el caso que se le sigue a Morales por el delito de trata y tráfico se debe investigar, sin embargo, estableció que el juez natural radica en Cochabamba y no así en Tarija, medidas que no fueron cumplidas por la autoridad jurisdiccional, por ello, la defensa del líder cocalero presentó un procedimiento de queja por el incumplimiento a una resolución constitucional.
“la tutela debiera darse en Cochabamba, no en Tarija, cualquier actuación por más pequeña que fuere debiera darse en Cochabamba, cae por tanto toda actuación judicial por la teoría del árbol encadenado, esta teoría en materia jurídica especifica que cuando existe un vicio de origen, que constituye el tronco y este es anulado, en consecuencia, las ramas y las hojas también son anuladas, en este caso las ramas y las hojas son la imputación, la orden de aprehensión, el mandamiento de aprehensión y todas las actuaciones que se dieron en este caso”, puntualizó.
Del mismo modo, el también exprocurador general del Estado advirtió que las amenazas de procesos judiciales en contra de la Jueza Moreno por cumplir su deber son contrarios a los estándares internacionales sobre independencia judicial y exponen a sus autores, incluido el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a procesos de carácter nacional e internacional por su vulneración, a la vez pone en evidencia su falta de imparcialidad, porque el actuar político enloda a las actuales autoridades de la Justicia.
La jueza Lilian Moreno Cuéllar. Foto: El Deber
Chávez reiteró que el proceso iniciado contra el exjefe de Estado en Tarija tenía una clara persecución política, basada en acusaciones sin sustento probatorio; por tal motivo, un elemento fundamental que la jueza consideró es la ausencia de una denuncia formal por parte de la supuesta víctima, requisito esencial en toda causa penal de esta naturaleza, al constatar que el proceso contra Morales no contaba con una imputación formal válida y careció de los requisitos procesales indispensables para su continuidad.
“Queda claro que no existe ni una orden de aprehensión, ni un mandamiento de aprehensión, por eso, los actuados deberían haber sido remitidos hoy a Cochabamba, se tiene que cumplir la decisión de la jueza si somos consecuentes y estamos en un Estado de Derecho; así como queda claro que era un proceso político y, tercero, no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito; además, repudiamos el hostigamiento que se hace a la jueza por cumplir con su trabajo”, resaltó.