El fiscal Alberto Zeballos indicó que esa instancia investiga «un delito de avasallamiento que tiene como bien jurídico la titularidad de un predio» ubicado en Cotoca.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz se pronunció respecto a la denuncia de una supuesta víctima de estafa que terminó aprehendida en un caso de apropiación de terrenos en esa región. Para la autoridad del Ministerio Público, se trata de una «disputa por un predio común con uso de documentos falsos».
«Hay documentación que está cuestionada, por una parte hablan de certificaciones de la OBT (Organización Territorial de Base) que supuestamente serían fraguadas en lo que es la sentencia condenatoria; en el municipio de Cotoca se habla sobre ficha kardex, suplantación de cédulas de identidad que supuestamente también serían fraguadas», informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
El caso corresponde a una denuncia que se hizo pública en un medio televisivo el pasado martes 6 de mayo, cuando una mujer de la tercera edad terminó aprehendida por orden de una fiscal de Cotoca al estar involucrada en una supuesta estafa que ya tiene sentencia. Los hombres que acusaron a la mujer son los mismos que fueron condenados por la Justicia.
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«Si bien el objeto es lo mismo, la causa es distinta porque se hablan de diferentes documentos tachados de aparentemente fraguados que habrían sido utilizados por las partes sindicadas en ambos procesos. Lo que coincide es que ambas partes están cuestionando su titularidad respecto a un predio en común, de los cuales será la justicia ordinaria la que tenga que definir quién tiene igual o mejor derecho propietario», sostuvo el funcionario.
La afectada fue identificada como Eusebia G., una mujer de la tercera edad que denunció hace tiempo que dos personas con documentación falsa trataban de apropiarse de un terreno que supuestamente es suyo. Ambos fueron sentenciados a seis años de cárcel por uso de instrumento falsificado y otros.
Sin embargo, en una audiencia de apelación, la denunciante de este caso fue aprehendida luego de que una fiscal de Cotoca emitió una orden de aprehensión por una denuncia interpuesta por los sentenciados.
«El Ministerio Público no investiga derecho propietario, o en sí no define un igual o mejor derecho propietario, investigamos la afectación de bienes jurídicos protegidos, en este caso se está investigando un delito de avasallamiento que tiene como bien jurídico la titularidad de un predio (…), entonces tenemos que investigar esos extremos para que la justicia ordinaria defina quién tiene igual o mejor derecho propietario», explicó el fiscal.