Espinoza afirmó que esta medida no busca afectar a la población, sino liberar recursos públicos que hoy son mal gestionados.
eju.tv /Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- Una de las principales medidas para reestablecer la economía boliviana será aplicar un recorte fiscal enfocado en las empresas públicas, muchas de las cuales operan con déficits que afectan la sostenibilidad financiera del Estado, anunció el economista José Gabriel Espinoza, líder del equipo económico de la Alianza Unidad que acompaña la candidatura presidencial de Samuel Doria Medina.
“Las empresas públicas son el punto central donde se va a hacer el recorte fiscal. Porque el recorte fiscal no tiene que pagarlo la gente, lo tienen que pagar esta élite política que ha capturado el gobierno central”, sostuvo Espinoza en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.
El economista explicó que el 80% de los recursos que administra el Estado están centralizados en el nivel nacional y una parte significativa de estos fondos se destina a empresas públicas deficitarias o entidades que duplican funciones.
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“Tenemos casos como Diremar, cuya razón de existir desapareció después de la derrota en La Haya, pero que sigue recibiendo presupuesto y manteniendo personal. Eso no es sostenible”, afirmó Espinoza.
El experto en economía indicó que la actual Constitución Política del Estado impide la privatización directa de estas empresas, pero planteó una medida administrativa inmediata: suspender su financiamiento desde el primer día de gobierno.
“El presupuesto asignado a estas empresas será cero. No se pondrá un solo peso más en estructuras que dañan la economía. Se cerrarán, se protegerán sus activos y se realizará un inventario completo”, detalló.
A partir de ese punto, agregó, que impulsarán un debate legislativo para definir el destino de estas empresas, ya sea su transferencia a gobiernos subnacionales, su administración por parte de trabajadores bajo nuevos esquemas de eficiencia.
Espinoza subrayó que esta medida no busca afectar a la población, sino liberar recursos públicos que hoy son mal gestionados y destinarlos a sectores estratégicos que generen crecimiento y empleo, permitiendo una calidad de vida para los bolivianos.