Religiosos y defensores de derechos humanos denuncian que el régimen de Nicaragua exige un canon mensual a las organizaciones religiosas para continuar trabajando en el país
El régimen exigía un pago de 5.000 dólares para que las monjas Clarisas siguieran usando su monasterio de Chiquilistagua.
Fuente: infobae.com
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O pagan un canon mensual o las cancelan, confiscan y echan del país a sus miembros. La dictadura de Daniel Ortega ha impuesto un sistema extorsivo para aquellas congregaciones religiosas que quieren sobrevivir a la ola de cancelaciones que ejecuta el régimen, denunció la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina.
“Sabemos que esto está pasando con las congregaciones religiosas, pero es bastante probable que sea una práctica común con otras organizaciones civiles que aún siguen en Nicaragua”, añade Molina, quien se ha especializado en investigar la represión que sufre la Iglesia católica en Nicaragua.
Desde 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado más de 5,600 organizaciones no gubernamentales (ONG) en Nicaragua, según datos actualizados del organismo medioambiental Fundación del Río.
Aunque las razones oficiales para las cancelaciones varían desde supuestas irregularidades administrativas hasta vínculos con “actividades desestabilizadoras”, el patrón revela una estrategia sistemática de represión y control total del espacio cívico, donde las organizaciones religiosas tampoco han escapado.
Las Hermanas de la Caridad, Madre Teresa de Calcuta, fueron expulsadas y sus bienes confiscados en julio de 2022.
Un informe publicado en diciembre de 2024 titulado “Nicaragua: una Iglesia perseguida”, elaborado por la abogada y defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina, documenta 971 ataques contra la Iglesia católica entre abril de 2018 y diciembre de 2024. Estos incluyen desde cancelaciones legales y expulsiones, hasta amenazas, confiscación de bienes y prohibiciones de actos religiosos.
Aunque no lo menciona en el informe, Molina considera que la extorsión económica es una práctica extendida, de la que poco se habla en Nicaragua. La abogada ha recopilado decenas de testimonios de religiosos en el exilio.
Según denuncias que ha recibido en su labor con Texas Nicaraguan Community, varias congregaciones deben pagar al Estado nicaragüense cuotas mensuales para no ser disueltas o para continuar usando sus propios inmuebles, ahora confiscados.
Infobae corroboró con al menos dos religiosos católicos en Nicaragua que este sistema extorsivo está en práctica. Uno de ellos, sacerdote de la Arquidiócesis de Managua que pidió no revelar su nombre, relató el caso de las Hermanas Clarisas Franciscanas, cuya personería jurídica fue cancelada por el régimen el 19 de mayo de 2023.
Aunque inicialmente les permitieron permanecer en sus monasterios, al poco tiempo funcionarios del gobierno les exigieron un pago de mil dólares mensuales por cada manzana de tierra ocupada.
“Como el monasterio de Chiquilistagua, que es el caso que yo conozco, tiene cinco manzanas, les pidieron cinco mil dólares mensuales. Las hermanas no pudieron pagar y tuvieron que irse. Ahora están en Granada”, dijo el sacerdote.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado al menos 15 propiedades de la Iglesia católica en Nicaragua en los últimos dos años. Muchas de estas han sido reutilizadas por el Estado para fines propagandísticos o institucionales.
El Monasterio de las Monjas Trapenses, en San Pedro de Lóvago, Chontales, fue entregado al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En el monasterio que las Hermanas Clarisas tenían en Chiquilistagua, la dictadura de Nicaragua inauguró recientemente un centro de salud mental, mientras un convento de las Hermanas Pobres de Jesucristo, en León, es usado ahora como oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería.
El Hogar de Ancianos de las Misioneras de la Caridad, en Granada, fue transformado en un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) estatal y el Monasterio de las Monjas Trapenses, en San Pedro de Lóvago, Chontales, fue entregado al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
El Centro Diocesano de Pastoral “La Cartuja”, de Matagalpa fue anunciado como la sede del “Centro Universitario Regional de Tecnología Agropecuaria para la Exportación Padre Comandante Camilo Torres Restrepo”.
En otros casos, las extorsiones están asociadas a permisos informales para seguir ofreciendo educación religiosa o servicios sociales. Una religiosa, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad, relató que emisarios del régimen solicitaron un pago para permitir que su congregación siguiera operando colegios católicos en Nicaragua.
Aunque dice no saber los montos exigidos, considera que su congregación accedió al pago “porque es una orden que todavía está activa en Nicaragua y está ejerciendo su apostolado y su ministerio”.
La naturaleza de estas extorsiones dificulta su documentación. No existen decretos oficiales ni recibos, y las víctimas temen hablar. “Normalmente los padres no hablan mucho sobre ese tipo de temas, porque el problema está que, si uno dice algo, inmediatamente ya vienen sobre uno”, explica el sacerdote de Managua.
El régimen ha expulsado a más de 250 religiosos, incluyendo sacerdotes, monjas y misioneros de distintas órdenes, además de confiscar colegios, centros de salud, comedores y casas de retiro vinculadas a la Iglesia.
Uno de los casos más conocidos fue la expulsión de las Misioneras de la Caridad, congregación fundada por la Madre Teresa de Calcuta, quienes fueron desalojadas y escoltadas hasta la frontera con Costa Rica en 2022, tras la cancelación de su personería jurídica y la confiscación de sus bienes.
En la mayoría de estos casos, los inmuebles son ocupados por el Estado o entregados a organizaciones oficialistas, y no existe ningún proceso legal transparente que respalde la transferencia de propiedad. Según Molina, estas confiscaciones violan el derecho a la propiedad privada y libertad religiosa, protegidos por la Constitución nicaragüense y convenios internacionales.
Desde 2018, la Policía mantiene asedio y vigilancia sobre las iglesias. En la gráfica, la iglesia San Miguel de Arcángel, en Masaya, sitiada policialmente cuando un grupo de madres inició una huelga de hambre ahí, en 2018.
“Cuando estaba en Nicaragua yo no podía hablar, yo no podía decir nada porque inmediatamente iba preso”, expone otro sacerdote consultado, que permanece en el exilio desde hace un mes, cuando le fue negado su ingreso a Nicaragua.
“Todos los domingos tenía a alguien que me estaba grabando las homilías. No podía expresar nada porque si yo expresaba algo, eso inmediatamente se sabía y en una hora tendría la Policía ahí, pateándome las puertas de la casa”, añade.
Dice que la obra social de la iglesia ha sido pulverizada por el régimen. “Solo quedan los colegios”, explica el sacerdote que se desempeñaba como párroco en una comunidad de Managua.
“Teníamos varias fundaciones que nos echaban la mano y nos apoyaban en la labor social de la iglesia. Teníamos comedores infantiles, dispensarios donde buscábamos cómo conseguir medicamentos para brindar atención a la comunidad. ¿Qué ha sucedido con todo esto? Ya no existe. Al gobierno lo que le interesa es controlar, dominar y tener completo poder, sobre todo el quehacer de Nicaragua. Lamentablemente quien ha sufrido ha sido la gente más pobre”, dice.
“La mayoría de las organizaciones canceladas ofrecían una ayuda, un beneficio para la sociedad en general. Ha sido más por una intención política de dominio y control y también para apropiarse de sus bienes. Han hecho mucho daño”, concluye.