El destino de los carburantes desviados es la especulación, la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico. Cochabamba es el departamento que más casos de acopio ilegal reporta.
Fuente: Visión 360
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Entre el 1 de enero y el 30 de abril, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se incautó de 150 mil litros de combustible que eran desviados en diferentes puntos del país. Las formas de acopio son diversas, pero se logró identificar la participación de clanes familiares, vehículos con cargas repetidas, camiones cisterna e incluso surtidores.
“A la fecha (4 de mayo) ya hemos incautado más de 150 mil litros en lo que va del año y eso tranquilamente puede afectar a 15 mil o 20 mil vehículos que no han logrado cargar combustible. Con los controles que realizamos, se reduce el tema de incautación porque hay mayor presencia del Estado en las estaciones de servicio y en los lugares donde se hace el acopio ilegal”, señaló el director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez.
El destino del combustible va desde la reventa y el contrabando hasta la minería ilegal y el narcotráfico. En todos los casos, es el mercado negro el que genera una gran ganancia a costa de la subvención.
En contacto con los medios de comunicación, el gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Álvaro Tumiri, explicó que entre el 1 y el 18 de mayo, YPFB despachó más de 109 millones de litros de diésel y 110 millones de litros de gasolina, cifras muy por encima de lo registrado en el mismo periodo de 2024.
“Existe un mercado negro que está acopiando este volumen, y que está siendo desviado y que no llega al destino final que es el beneficio de toda la población”, manifestó.
De clanes a surtidores
En una revisión realizada por Visión 360 sobre cerca de medio centenar de reportes de los operativos de la ANH, se identificaron al menos cuatro tipos de actores en el acopio y desvío de combustible. Desde vehículos que realizan cargas repetitivas en los surtidores hasta clanes, camiones cisterna y surtidores que han desarrollado un sistema más complejo.
De estos, sin duda, los primeros son los más simples, pero no por ello generan menos daño. Se trata de motorizados que cargan combustible, ya sea gasolina o diésel, para luego vaciar su tanque y revender el carburante.
Suelen incurrir en cargas más frecuentes, pero cuando el acopio y la reventa se hace mayor se puede llegar incluso a reconocer múltiples cargas diarias. El acopio puede ser de miles de litros.
“Tenemos un sistema de control de compra y venta, que hace que cualquier vehículo que realiza dos o tres carguíos sea identificado. Ya no es un tema de que se haga luego. Nuestro sistema se ha actualizado y mediante Inteligencia Artificial corta la venta a ese vehículo para que sea investigado de forma inmediata”, indicó Jiménez.
El 16 de mayo, en Sucre, Chuquisaca, un minibús fue interceptado luego de que el sistema de control de comercialización alertara que el motorizado había realizado hasta cuatro cargas diarias de gasolina. Realizó esta operación ya por dos semanas, llegando a acumular 1.780 litros de gasolina.
En la misma ciudad, entre el 14 y el 18 de mayo, cinco vagonetas realizaron la misma operación. En este caso se acopiaron 10 mil litros.
“Hemos visto vehículos que hacían cargas de entre 50 y 150 litros para realizar principalmente el encendido y de manera posterior usar GNV como combustible. Actualmente están haciendo un carguío de 1.500 y 2.000 litros, que operativamente no es factible”, señaló el presidente de YPFB, Armin Dorgathen.
Pero también están quienes ya no actúan solos y que han conformado una red, un clan en el que -incluso- trabaja toda la familia.
En la primera semana de enero de este año, la regional de la ANH en Cochabamba identificó dos clanes familiares que operaban en Sacaba y en la zona sur. La forma de acopio en ambos casos era la misma; los diferentes miembros de la familia iban a los surtidores para comprar combustible en bidones.
“Son dos clanes, venían en familia y compraban en bidones dando datos de un mismo vehículo. Lo que en realidad hacían era acopiar para luego revender el producto a precios más elevados”, explicó la directora distrital de la ANH en Cochabamba, Wendy Villarroel.
Semanas después otros tres clanes fueron identificados en el mismo departamento. Se dio con tres inmuebles que servían para el acopio en el municipio de Villa Rivero en el Valle Alto. Se secuestraron tres vehículos pequeños y un camión que eran utilizados para la compra reiterada de combustible. Para evitar ser identificados, entre ellos iban rotando una serie de placas de diferentes motorizados.
Pero este sistema de acopio no solo involucra a quienes compran el combustible, sino a quienes lo venden y distribuyen, las estaciones de servicio.
Solo durante el primer mes del año se fiscalizó al menos 11 surtidores de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Todas denunciadas por desvío ilegal.
“Hemos ido denunciando en enero que hay estaciones de servicio que estaban desviando combustible. En Cochabamba, seis estaciones fueron precintadas, y otras dos en Santa Cruz, además de una en Oruro; aparte de estas precintadas hay otras dos en el norte de La Paz, que fueron sometidas a otra figura, pasaron a manos de YPFB”, informó Jiménez entonces.
Las formas en las que operan los surtidores son diferentes del acopio antes mencionado. Algunos hacen desaparecer volúmenes importantes, declaran que ya se quedan sin reservas cuando aún tienen combustible.
Otros, como ocurrió el pasado 12 de mayo, hacen la venta irregular de grandes cantidades, aun sabiendo el destino. Esto se evidenció en un operativo realizado en Cochabamba, cuando la ANH llegó al surtidor observado y encontró cuatro vehículos cargados con turriles y bidones preparados para el acopio ilegal de combustible. Solo uno fue incautado y su conductor aprehendido, el resto logró huir. La estación de servicio fue precintada.
“No descartamos que esta estación operara como centro de acopio para redes de contrabando”, señaló el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina.
En los últimos meses, la ANH ha señalado que las estaciones de servicio deben realizar sus reportes de combustible en tiempo real y que estos tienen validez como una declaración jurada. Pero ante los controles se generan nuevas formas de burlarlos.
“En mis reportes de carga de gasolina, de la aplicación de la ANH, me han empezado a salir cargas que yo no hice y en otros puntos de la ciudad o del país”, hizo conocer un ciudadano.
Esto es producto de una práctica ya común para esconder los carguíos irregulares o repetitivos. La rotación de placas no solo la usan los acopiadores, sino que ya ha sido identificada en algunos surtidores.
Lo que hacen al momento de vender el combustible y registrar la operación en el sistema de facturación es alterar la placa y el número del carnet de identidad de quien lo compra. Suelen usar datos de otros vehículos y propietarios sin su consentimiento ni conocimiento.
En abril, en Cochabamba se emitieron sanciones de 70 mil bolivianos para cuatro surtidores de Sacaba, Quillacollo y la zona sur.
Muy ligados a los surtidores se encuentran los camiones cisterna, otro de los actores en el desvío de combustible. Aunque se detectaron menos casos que en años pasados, no significa que no operan, sino que no han sido identificados públicamente.
El 21 de marzo, efectivos policiales aprehendieron a dos choferes de camiones cisterna. Ambos trasladaban combustible en el municipio de Caranavi, en los Yungas de La Paz. Fueron denunciados por los pobladores, quienes evitaron que huyeran.
“Los conductores no portaban licencia de conducir, la hoja de ruta ni ninguna documentación que acredite el traslado del combustible, por lo que se los aprehendió con fines investigativos y fueron remitidos al Ministerio Público”, confirmó el fiscal del caso, Juan Carlos Choque.
En el norte de La Paz, ya entre julio y agosto del año pasado se denunció la desaparición de ocho camiones cisterna de combustible.
A dónde va lo desviado
Los destinos son varios, pero todos ilegales. En algunos se revende a quienes no quieren realizar filas. La venta se hace a un precio más alto, generando ganancias a partir de un producto subvencionado por el Estado.
La venta se realiza de boca a boca, incluso en las mismas filas que se forman en los surtidores. Algunos más experimentados usan anuncios en las redes sociales, incluso en Marketplace. Sin embargo, allí el ilícito se duplica, porque no solo se vende combustible ilegal, sino que la mayoría de los anuncios son falsos e incurren en estafas.
“Vendo gasolina, entregas a domicilio. Bs. 10 el litro”, “Vendo gasolina, entrega a coordinar, también hago fila”, “Gasolina Bs.12 litro, tengo solo 50 litros”, son algunos de los anuncios. Difícil saber si se trata de estafa o si el combustible es de buena calidad.
La ganancia es llamativa, pues aunque la venta no sea en grandes cantidades, el costo que se pide puede hasta triplicar el precio original.
Otro de los destinos es el contrabando. Atraídos por los altos costos de los combustibles en los países vecinos, litros de diésel oil, gasolina especial y garrafas son trasladados por caminos alternos hasta las fronteras del país.
El pasado 9 de mayo, las fuerzas de lucha contra el contrabando interceptaron un motorizado que trasladaba 16 mil litros de diésel. El combustible se encontraba en bolsas y camuflado entre material de construcción.
El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, informó hace un mes que, en el primer trimestre del año, las Fuerzas Armadas decomisaron un total de 66.600 litros de diésel y 451 garrafas de gas que estaban siendo desviados hacia el contrabando en varias regiones fronterizas del país.
Con mayores réditos, el combustible desviado también es destinado a la minería, sea esta legal o ilegal.
En Oruro, el 9 de abril, el Ministerio Público comenzó una investigación por el delito de Almacenaje y Distribución Ilícita de Combustible, tras un operativo conjunto entre la Policía Boliviana y la ANH. Dentro de una vivienda se encontraron y secuestraron 7.540 litros de diésel, acopiado en bidones y turriles.
“También se secuestró un camión Volvo con el que cargaban el combustible en los surtidores, para luego traspasarlo a los turriles. Al día hacían dos y hasta cuatro cargas, para reunir el combustible y luego venderlo a las empresas mineras”, aseguró el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.
De acuerdo con las investigaciones, dos personas fueron aprehendidas en flagrancia. Estas vendían el combustible a las empresas mineras a un precio que era hasta cinco veces el costo original
Es decir que cada litro que ellos compraban en un surtidor a 3,72 bolivianos, ellos lo comercializaban hasta en 18,60 bolivianos. En total, lo secuestrado iba a venderse en 140.244 bolivianos, cuando el costo original fue de 28.048 bolivianos. La ganancia, a costa de la subvención, iba a ser de 112.196 bolivianos.
Este caso continúa en investigación, pues se presume que haya otros puntos de acopio y comercialización ilegal.
Al hablar de la minería y el uso ilegal del combustible, una de las regiones más afectadas es el norte del país, lo que incluye a los departamentos de La Paz, Beni y Pando. Ixiamas, Guanay, San Buenaventura son algunos de los municipios en los que la minería ilegal está en su auge y donde el desvío de combustible es alarmante.
“Según el informe de la ANH, entre julio y agosto de 2024, se han desviado ocho cisternas de combustible, eso no es poco. Esas cisternas salieron de El Alto (Senkata), pero no llegaron al surtidor, sino que se fueron directo a otros lugares de los Yungas”, dijo el presidente del Comité Cívico de Ixiamas, Harold Flower.
En esta zona el carburante desviado va a dar a la “bolsa negra”, el mercado ilegal de combustible que abastece a la minería. El litro que antes de la escasez podía costar por lo bajo 13 bolivianos, tras la intensificación de la escasez pasó hasta 25 bolivianos, dependiendo de la región.
“Este desvío hace que se eleve todo. El que está pagando el precio de los platos rotos es la gente más humilde”, dijo el presidente de las juntas vecinales de Ixiamas, José Luis Katty.
En el resto de los municipios, la situación es similar. El 28 de marzo, dos vehículos fueron interceptados en la carretera Caranavi-Guanay. Los motorizados transportaban, de forma ilegal, 1.800 litros de diésel oil, distribuidos en nueve turriles.
“En La Paz, específicamente, lo que se incauta es el diésel, que se destina a la minería ilegal. Los operativos son recurrentes. Contamos con una central de compra y venta en la que identificamos los carguíos irregulares y de forma inmediata se deriva a las instancias correspondientes para proseguir acorde a la normativa”, dijo Jiménez, desde la ANH.
Otro de los destinos del combustible desviado es el narcotráfico. La gasolina y el diésel no solo sirven para el transporte de la droga, son precursores para la fabricación de cocaína.
En reiterados operativos se han decomisado camiones cisterna y vehículos que transportan de manera ilegal ambos combustibles. Además, se ha identificado el desvío en barcazas de hasta 300 mil litros de gasolina que serían destinados a factorías de cocaína.
Excedentes serán pagados a precio internacional
Con el fin de enfrentar la crisis por el combustible, YPFB anunció que se intensificarán los controles para evitar la especulación y desvío. Se indicó que se detectará a las personas que usen sus vehículos o bidones para el acopio y que quienes no puedan comprobar el uso de determinados volúmenes deberán pagar el combustible a precio internacional.
Para ello, se tomarán medidas de control previstas en el Decreto Supremo 5400, promulgado el pasado 23 de mayo. Se explicó que por medio del B-Sisa se logró identificar vehículos que fueron convertidos a GNV, con kids subvencionados por el Estado, que realizan carguíos fuera de lo común.
Para evitar esto, la ANH realizará una parametrización técnica del volumen adecuado para el correcto funcionamiento de estos motorizados. También se hará una zonificación, para tener en cuenta la gasolina necesaria para operar en las diferentes regiones geográficas del país. El combustible cargado por encima del volumen parametrizado deberá ser pagado a precio internacional. Es decir que los propietarios ya no se beneficiarán con la subvención.
Un segundo aspecto que fue detectado es el crecimiento exponencial en la compra de combustible por medio de bidones. Por lo visto en los reportes no se trata de personas que necesitan hacer este tipo de compra. Utilizan los bidones como medio de acopio para realizar la reventa o usarlos en actividades ilícitas como el narcotráfico, los coches sin placas y otros.
En este caso se realizará un registro de las personas que necesiten hacer la compra en bidones. Para ello se debe demostrar que el combustible es utilizado para algún sector productivo.
El resto de personas que no puedan realizar este registro y demostrar que se dedican a alguna de estas actividades lícitas podrán adquirir el combustible en bidones, pero a precio internacional.
¿Qué pasa con lo incautado?
Una de las preguntas recurrentes es ¿qué sucede con el combustible incautado? Ya sea porque el operativo fue realizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) o por el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, todo el combustible decomisado vuelve a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Cuando se realiza un operativo, conforme a ley se procede a la incautación tanto del combustible desviado como de los bienes implicados, ya sean vehículos, camiones cisterna o camiones o inmuebles.
El combustible, sea garrafas, diésel o gasolina, tiene que ser entregado a YPFB. Allí se corrobora el volumen y se realiza una prueba de calidad, para ver el estado en el que se encuentra, pues durante el acopio pudo haber sido alterado, ya sea por mala manipulación o porque fue mezclado para aumentar el volumen.
Si cumpliera con todas las condiciones es distribuido nuevamente para que retorne a la comercialización.
Pero, si no cumple con la calidad establecida, el combustible debe ser tratado en las plantas procesadoras hasta que llegue a la calidad necesaria y pueda volver al sistema de comercialización.