La exmandataria fue aprehendida en marzo del 2021 en un operativo que se llevó a cabo en la madrugada e inmediatamente trasladada a la sede de Gobierno sin respetar sus derechos fundamentales, según señalan los reportes de ese entonces.
Jeanine Áñez escoltada por Jhonny Aguilera y Eduardo del Castillo. Foto: Abi
La expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, volvió a pronunciarse públicamente sobre las condiciones de su detención en 2021, reiteró que hubo violaciones a sus derechos fundamentales y cuestionó lo que considera una justicia parcializada al servicio de los ‘amiguis’ del gobierno. A través de una publicación en su cuenta de la red social X difundida este lunes, Áñez recordó lo que calificó como su “secuestro político” y acusó a exautoridades judiciales y del Ejecutivo de haber vulnerado las garantías mínimas del debido proceso.
El gobierno de Luis Arce, a la cabeza del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y del entonces comandante general de la Policía Boliviana y actual viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, aprehendieron el 13 de marzo de 2021 a la exmandataria en la ciudad de Trinidad, en un sorpresivo operativo que se desarrolló en la madrugada.
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A esa hora fue trasladada a la sede de Gobierno sin que se le permita ni alistar efectos personales, tal cual reportaban los medios desde la capital beniana. La expresidenta fue acusada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por los hechos de noviembre de 2019 que terminaron con la salida anticipada de Evo Morales de la presidencia del país.
Áñez fue trasladada a La Paz en la madrugada del 13 de marzo de 2021. Foto: Abi
“¿Recuerdan cuando fui secuestrada de mi lugar de residencia, de la ciudad de Trinidad, Beni, Bolivia, a 130 m. de altura y a 1000 km. de la ciudad de La Paz, sacada a la madrugada, sin notificación ni aviso judicial, contra toda garantía constitucional y del derecho internacional, trasladada a El Alto a 3.800 m. de altura y encerrada en una celda helada para afrontar una patraña de audiencia cautelar por hechos que no sucedieron y, por tanto, no cometí?”, planteó la exmandataria, refiriéndose a su aprehensión en ese entonces.
Posteriormente, Áñez fue detenida en el marco del caso denominado Golpe de Estado I, iniciado por la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, como parte de la narrativa oficial de un supuesto complot para derrocar a Evo Morales en 2019. La expresidenta, sin embargo, ha sostenido que su llegada al poder fue constitucional, tras la renuncia en cadena de las autoridades que precedían en la línea de sucesión.
Durante su traslado y detención, Áñez denunció haber sido víctima de tratos crueles, negligencia médica y vulneraciones constantes a sus derechos, pese a su delicado estado de salud. “Sufro de hipertensión desde hace años y caí en una depresión severa debido al encierro, al aislamiento y a la tensión constante”, señaló.
La información sobre la internación de César Siles. Foto: RRSS Áñez
“Les importó nada la hipertensión de base que sufro hace años, las condiciones crueles de detención, traslado e inseguridad personal, aun cuando los médicos pedían la atención mínima en un hospital. Cuando por la acumulación de estrés entré en una depresión severa, nada les importó, ni a Eduardo del Castillo que recibió la orden judicial de trasladarme a un hospital, como presa política eligieron jugar con mi salud”, reclamó.
Uno de los momentos más críticos en su proceso fue la audiencia cautelar llevada a cabo en marzo de 2021, que culminó con la detención preventiva de la exjefa de Estado. La audiencia fue dirigida por la jueza Claudia Castro, quien posteriormente fue observada por organismos de derechos humanos y por la oposición por su supuesta cercanía con el oficialismo. Castro está identificada ahora como parte del consorcio que supuestamente lideraba el exministro de Justicia, César Siles y fue enviada con detención preventiva a un reclusorio de La Paz.
También participaron en el proceso el entonces fiscal Yván Córdova, quien hace unos días renunció como presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz por su implicación en el caso Consorcio, y la entonces funcionaria del Ministerio de Justicia, Carla Lorena Siles, exesposa de César Siles. En esa oportunidad, Áñez apuntó a ambos y a otros operadores del sistema judicial, a quienes calificó como parte de un ‘sicariato judicial’ encargado de ejecutar represalias políticas.
Claudia Castro participó activamente en el proceso contra Jeanine Áñez. Foto composición: Opinión
La exmandataria comparó la situación que vivió con la de las exautoridades de justicia que enfrentan procesos judiciales. “Ahora les tocó probar de su propio veneno, pero como son ‘amiguis’ del régimen, sí gozan de garantías procesales, de respeto a la salud y de privilegios que a mí se me negaron”, declaró, en alusión al trato recibido por la exjueza Claudia Castro y el magistrado suplente Iván Campero, quienes estuvieron internados; así como el exministro César Siles, quien se encuentra en un nosocomio privado de la sede de Gobierno.
Áñez pidió que las investigaciones continúen y alcancen a quienes considera los verdaderos responsables de su persecución. “Dios quiera que mejore su salud y cumplan los años de prisión que les corresponde por la acción delictiva de su sicariato judicial, que las investigaciones continúen hasta dar con los demás cómplices, Iván Lima Magne y Evo Morales Ayma, entre otros, por todos quienes somos víctimas de sus crímenes”, sentenció.