El origen de los males de la justicia radica en las elecciones judiciales, porque eliminaron la meritocracia como requisito indispensable, para pasar a criterios eminentemente políticos, ya que el ciudadano vota, pero es la ALP la que elige quiénes serán los candidatos.
El expresidente Evo Morales denunció este miércoles que, detrás del intento de destitución de la magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por La Paz, Fanny Coaquira, existe la intención del gobierno de Luis Arce de prolongar el control del Órgano Ejecutivo sobre el sistema de justicia del país, más allá de los límites permitidos en la Constitución Política del Estado (CPE), a propósito del audio que aparentemente involucra al exministro de Justicia, César Siles, en el intento de defenestrar a esa autoridad.
La denuncia se basa en la grabación en la que supuestamente se escucha a Siles en la cual se refiere a acciones coordinadas con jueces, supuestamente no para impartir justicia, sino para alinearse con las directrices emanadas desde el Ejecutivo, según el exmandatario, quien señala también que el hecho en cuestión no fue una iniciativa aislada del exministro, sino una práctica avalada desde los más altos niveles del poder.
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“Existen razones fundadas para creer que detrás del intento de destitución de la Magistrada del TSJ de La Paz, se esconde la intención de perpetuar el control político sobre la justicia más allá del mandato constitucional del actual gobierno. Esto se refuerza con la reveladora declaración del exministro de Justicia, César Siles, cuando habla de una ‘coordinación de alto nivel’ con jueces, no para aplicar la ley, sino para someterse a decisiones del Poder Ejecutivo”, afirma.
El caso Consorcio confirmó la permeabilidad de la justicia frente al poder político. Foto: APG.
Morales reitera que la intención es que la justicia sea instrumentalizada desde el poder político y no cumpla con su misión de ser garante de los derechos; asimismo, se refiere a que la acción de Siles respondió a un mandato superior, en clara alusión a Arce Catacora. “Tras esas palabras atribuidas al propio ministro de Justicia —que el presidente del TSJ considera indicios de delito—, ¿alguien cree sinceramente que el exministro Siles actuaba por iniciativa propia, sin conocimiento ni consentimiento de las más altas autoridades?”, cuestiona.
“No podemos permitir que la justicia sea secuestrada por intereses políticos. Bolivia merece instituciones libres, transparentes y al servicio de su soberanía democrática, concluye así su publicación en su cuenta personal de la red social X; sin embargo, la posición del exmandatario es cuestionada por representantes de diferentes sectores políticos y sociales, los cuales consideran que el bullado caso Consorcio es una réplica de lo que sucedió durante los 14 años de mandato de Morales, tal cual se explica a continuación.
Entre 2006, año de su primer mandato, hasta la nueva aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE), en 2009, Morales tuvo prácticamente las manos atadas, porque no pudo ni siquiera nombrar mediante un Decreto Supremo, a cuatro magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), porque estos fueron destituidos por el Tribunal Constitucional de aquel entonces. Evo Morales y su entorno vieron la salida en la nueva Carta Magna, en la que introdujeron el voto como un inédito camino para seleccionar a los magistrados; sin embargo, así se daba paso al criterio político de la Asamblea Legislativa, para la elección de los postulantes.
La exjueza Claudia Castro es identificada como afín al MAS. Foto: ANF
“El experimento de las elecciones judiciales, implementado a partir de 2011 bajo la narrativa de una ‘democratización’ de la justicia, paradójicamente, se ha erigido como el principal vector de control político sobre el sistema judicial. Contraviniendo la lógica de la separación de poderes y la necesidad de autonomía judicial, el proceso estipulado en el Artículo 182 de la CPE, que exige una preselección legislativa con una mayoría calificada de dos tercios, ha sido repetidamente instrumentalizado por el partido gobernante para asegurar la postulación y elección de magistrados afines”, afirma el analista Hugo Sánchez.
Según una publicación del portal ‘La Guardiana’, entre 2010 y 2019, cerca del 80 % de los jueces fueron designados en calidad de ‘provisionales’, cuyos cargos quedaron a merced del Ejecutivo con la consecuente afectación de su independencia. El Consejo de la Magistratura, controlado por el MAS, ejerció facultades para destituir jueces en 2017 eliminó a ochenta de ellos, además de 26 vocales. “Se les estaba despojando de ese modo de su seguridad y, con ello, de su independencia para dejarlos a merced de los hilos políticos mediante los que empezaron a manejarlos”, afirma.
La cuestión de la ‘provisionalidad’ de muchos jueces fue observada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que afirma que, cuando las designaciones son provisionales y por períodos indefinidos de tiempo, sin ninguna garantía de estabilidad, los jueces podrían tomar ‘sus decisiones solo con el objeto de complacer a la autoridad de la cual depende la renovación de su nombramiento o permanencia en el cargo’. La CIDH identificó en 2013 los nombramientos en provisionalidad de las y los operadores de justicia como uno de los problemas que, menoscaban la independencia judicial.
Las elecciones judiciales de 2024 fueron parciales. Foto: ABI
Un informe de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Federación Latinoamericana de Magistrados señala que en las elecciones judiciales de 2011 y 2017, hubo una ‘discrecionalidad en la calificación de los méritos de las y los postulantes, el constante cambio de reglas del juego, la injerencia política en el proceso, la gran influencia del partido de gobierno cuando tenía mayoría calificada (2/3) en la Asamblea Legislativa, y la escasa legitimación ciudadana de la elección, pues la sumatoria del voto nulo y blanco fue abrumadora en ambas elecciones’. En 2024, la intromisión política provocó que esos comicios se desarrollen de manera parcial.
Estas consideraciones muestran que, desde 2005, Bolivia ha transitado un camino donde lo institucional fue permeado por lo político. El expresidente Morales olvida en sus críticas que fue el promotor del sistema judicial electorero, la causa de la permanente intromisión del poder en el Órgano Judicial; empero, en lugar de hacer un mea culpa por el estado deplorable de la justicia, critica que ‘la justicia sea secuestrada por intereses políticos’, cuando de acuerdo con lo expuesto, el estado actual de la justicia es una consecuencia de las acciones iniciadas por el exmandatario.