La posición de Hurtado surge tras la vigilia que sectores afines a Morales instalaron frente a las instalaciones del TCP. Los movilizados advierten con intensificar sus medidas de presión e incluso iniciar bloqueo indefinido de caminos a nivel nacional a partir del miércoles 4 de junio, si no se habilita la candidatura del exmandatario.
eju.tv / Video: Radio Fides
En un contexto de presión social y las crecientes movilizaciones de parte de los evistas que exigen la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial para las elecciones generales del 17 de agosto de este año, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, fue enfático este lunes al declarar que “nadie puede perpetuarse en el poder”. En ese sentido, ratificó la vigencia plena de las sentencias constitucionales 1010 y 007.
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“Ya el TCP, a través de la Sentencia 1010 y su complementación, fue muy claro, y mediante la normativa 007 se estableció también en forma precisa lo que se dispuso en la 1010: nadie puede perpetuarse en el poder”, afirmó Hurtado en un breve contacto con la prensa en Sucre, ante la consulta sobre la movilización de los seguidores de Morales.
La posición de Hurtado surge tras la vigilia que sectores afines a Morales instalaron frente a las instalaciones del TCP. Los movilizados advierten con intensificar sus medidas de presión e incluso iniciar bloqueo indefinido de caminos a nivel nacional a partir del miércoles 4 de junio, si no se habilita la candidatura del exmandatario.
Actualmente, al menos nueve sectores sociales se encuentran movilizados en el país por diversas demandas. En el caso del sector evista, además de exigir la habilitación de Morales, demandan la renuncia del presidente Luis Arce, a quien acusan de incapacidad para resolver el desabastecimiento de combustible y controlar el alza de precios en la canasta familiar.
En ese contexto de creciente tensión política y social, el pronunciamiento del presidente del TCP reafirma la vigencia de los fallos que prohíben la reelección indefinida en Bolivia y marca una posición institucional clara frente a los intentos de sectores políticos por revertir esa disposición.