Sobre el tema, las organizaciones llaman al Ministerio Público a iniciar investigaciones de oficio e identificar a los responsables de las agresiones, y exhortaron al Tribunal Supremo Electoral a garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de todas las candidatas, libres de violencia y acoso.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron este miércoles sobre cinco casos emblemáticos de acoso y violencia política que afectan a candidatas en el marco de las Elecciones Generales 2025, según el primer reporte del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer. Entre los casos identificados destacan los presuntos ataques dirigidos contra Eva Copa Murga y Mariana Prado Noya, candidatas a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. Aunque en el caso de Copa decidió retirarse de la carrera electoral del 17 de agosto de este año.
Según el informe, presentado por la Red Coordinadora de la Mujer junto a la Red Observa Bolivia y la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, reflejan discursos de odio, hostigamiento digital, ataques misóginos y amenazas que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en el proceso electoral.
Casos más relevantes
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
-
Eva Copa Murga, alcaldesa de El Alto y candidata presidencial por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), es víctima de violencia digital sistemática que expone su vida íntima, cosifica su cuerpo e incita incluso a la violencia extrema en su contra. Además, enfrenta insultos discriminatorios relacionados con su género, edad, clase social y origen étnico.
-
Mariana Prado Noya, candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular, enfrenta agresiones constantes que buscan desacreditar su capacidad política mediante expresiones clasistas, misóginas y sexualizadas, además de comentarios sarcásticos y degradantes basados en estereotipos machistas.
- Karla Robledo Guardia, excandidata a senadora suplente por Alianza Unidad, quien también fue blanco de expresiones de violencia política. En su caso, se emplearon frases
que menosprecian su preparación y hacen énfasis en sus vínculos familiares. Debido a este acoso y violencia sistemáticos, ella decidió renunciar a su candidatura, lo que llevó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a activar el Reglamento para renuncias y denuncias por acoso y violencia política. - Toribia Lero Quispe, candidata a diputada plurinominal de Cochabamba por Alianza Unidad, sobre quien se identificó una narrativa sistemática de deslegitimación con una
fuerte carga racista y sexista. Esta situación constituye una violación a sus derechos políticos y humanos, y está tipificada como delitos en el marco de la Ley 243, Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, y la Ley 045, Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Se advirtió, además, el uso de un lenguaje simbólico violento, insultos, estigmatización y lenguaje ofensivo en su contra, sobre todo por su condición de mujer indígena. - Susana Bejarano Auad, candidata a senadora de La Paz por Alianza Popular, en el que se evidenció un patrón de agresión basado en insultos, descalificaciones emocionales y moralistas con estereotipos sexistas orientados a descalificar su vida privada y sus vínculos familiares y de pareja. Se identificaron expresiones que implican intimidación o incitación indirecta a la violencia o a la autolesión con expresiones como “desaparece” o “guillete”, lo que supone violencia psicológica grave.
La directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, advirtió que estas expresiones vulneran gravemente los derechos políticos de las mujeres y están tipificadas como delitos en la legislación boliviana, específicamente en la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres y la Ley 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. “Estos ataques buscan desalentar y excluir a las mujeres de la participación política, configurando actos de violencia que no pueden quedar impunes”, afirmó.
Sobre el tema, las organizaciones llaman al Ministerio Público a iniciar investigaciones de oficio e identificar a los responsables de las agresiones, y exhortaron al Tribunal Supremo Electoral a garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de todas las candidatas, libres de violencia y acoso.